Giovana: sobreviviente de violencia sexual, víctima del Poder Judicial del Edomex

Giovana sobrevivió a 15 años de violencia doméstica y otros tres de violencia sexual y vicaria presuntamente ejercida por su exesposo. Hoy, enfrenta revictimización por parte del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), que, mediante el Tribunal de Apelaciones, ordenó reponer la etapa de juicio oral para el presunto agresor, Carlos “N”, imputado por el delito de violación. 

Es decir, el PJEM somete por segunda ocasión a una víctima de violación a testimonios que reviven el trauma, a preguntas que revictimizan, a violencia institucional por parte de las autoridades judiciales ─como ha constatado La-Lista en las audiencias─ y a una serie de temores que tienen implicaciones mayores, como pensamiento suicida.

En su calidad de víctima, y a sugerencia de su terapeuta, Giovana ha llevado los dos juicios en una sala de testigos protegidos. Incluso sin compartir el mismo espacio que su presunto agresor, se siente incapaz de verlo a través del monitor.

“A veces, cuando me lo ponen en la pantalla y que estoy segura que él sabe que lo estoy viendo, hace las mismas expresiones que cuando discutía conmigo, y él sabe que eso me aterraba (…) He optado por poner una libreta o un folder en su lado de la pantalla, no lo puedo ver, ni escuchar su voz, eso me altera”, dice Giovana en entrevista. 

Bianca Pérez, directora de Sorece, Asociación de Psicólogas Feministas ─especializada en atención a víctimas de violencia sexual o feminicidio─ señala que, además de las afectaciones que puede tener un segundo juicio de este tipo, se da una “autorización simbólica” a la persona agresora.

“Cuando se repite un proceso suele ser con la misma nula sensibilidad, un juicio en el que es probable que la víctima tenga dificultades para ejercer su testimonio porque va a sentirse más intimidada que en la primera ocasión, va a estar más afectada emocionalmente, sobre todo si no recibe acompañamiento psicológico, mientras que el agresor se sentirá más cómodo, porque el Poder Judicial ya lo está respaldado”, expone la psicóloga. 

Segundo juicio, más revictimización

En 2022, Giovana ganó el juicio en contra de su exesposo, Carlos “N”, por el delito de violación. El juez de primera instancia determinó la culpabilidad del acusado y dictó una sentencia de 11 años de prisión, pero el Tribunal de Apelaciones del Estado de México ordenó reponer la etapa de juicio oral.

Lo anterior porque, a mitad del proceso, el Poder Judicial cambió de juez, por lo que al apelar la sentencia la defensa acusó que se violaron los derechos humanos y el debido proceso para Carlos “N”.

Esto sin importar que el primer juicio duró un año, en el que Giovana perdió su empleo, su estabilidad física y emocional y, a decir de su mamá, “todo lo que había en su vida”. 

En abril de 2023, en los juzgados de Cuautitlán, inició el segundo juicio a cargo de la jueza Laura Rivera Elizalde, quien en repetidas ocasiones ─como pudo constatar La-Lista y el colectivo SIWA─ ha revictimizado a Giovana y denostado a su defensa legal, pruebas y testigos.  

“Voy a mandar a receso porque ya me cansaron”, dijo la juzgadora en la audiencia del 21 de agosto mientras la mamá de Giovana era interrogada. 

En una audiencia previa, la jueza Laura Rivera insinuó que Giovana era responsable del estado psicológico y emocional en el que pudieran encontrarse sus tres hijas, producto de su matrimonio con Carlos y de quienes fue separada en 2016. “No sé qué van a hacer con su víctima”, recriminó la juzgadora a la defensa legal de Giovana. 

“¿Cuál es la relación que guardan estos jueces con el abogado de él (Carlos ‘N’)? ¿Por qué a él sí le hablan con respeto y acomodan las audiencias a su modo, pero a nosotros nos maltratan?”, cuestiona Giovana.

La revictimización y violencia institucional que ha sufrido Giovana por parte del Poder Judicial del Estado de México inició tiempo atrás. En el primer juicio, personal de los juzgados de Cuautitlán la dejó encerrada en la sala de testigos protegidos sin acceso a lo que pasaba en la audiencia; ni siquiera supo cuando esta ya había concluido. 

Por otro lado, desde el momento de su divorcio, los juzgados familiares han fallado en su contra, una y otra vez, respecto a la custodia de sus hijas (actualmente dos son menores de edad). 

Esta situación derivó en una denuncia contra Giovana y su vinculación a proceso como deudora alimentaria, una decisión en la que se priorizó el interés superior de la niñez, pero se dejó de lado la perspectiva de género, según reconoció el propio juez

En marzo de 2023, antes de iniciar el segundo juicio, Giovana fue arbitrariamente detenida y enviada al penal de Barrientos por no pagar la pensión alimenticia de sus hijas, un delito cometido por casi el 70% de los hombres divorciados o separados en México y que, en la mayoría de los casos, no son sujetos a este tipo de procesos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recabados por el Senado de la República. 

La violencia institucional en este caso ha alcanzado también al círculo más cercano de Giovana: a su hijo, de solo tres años de edad, y a su mamá, quien en la última audiencia rompió en llanto ante las preguntas revictimizantes por parte del abogado defensor, un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM). 

“Ya le quitaron todo a mi hija, la han humillado, le quitaron a sus hijas, toma hasta cinco medicamentos (psiquiátricos), no tiene trabajo, las instituciones me la han maltratado mucho”, dijo la mamá de Giovana ante la jueza. 

Ximena Ugarte, asesora jurídica de Giovana, resalta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) establecen que en casos de violencia sexual ─por su propia naturaleza al tratarse de delitos de comisión oculta─ el dicho de la víctima resulta prueba fundamental.

“Pero siguen existiendo valoraciones basadas en estereotipos de género que cosifican y culpabilizan a las víctimas. Por ejemplo, si seguían manteniendo comunicación con su agresor, si iban vestidas de cierta forma, si se encontraban en un lugar en donde ‘no debían estar’. Esto se agrava cuando entre la víctima y el agresor existía una relación previa o actual”, señala. 

En este sentido, la abogada le recuerda al Poder Judicial su deber: juzgar con perspectiva de género y apegada a los estándares internacionales. 

“Jamás pensé que mi expareja me fuera a violar”

En palabras del dramaturgo estadounidense Sam Shepard ─quien ha investigado y dedicado algunas de sus obras para denunciar la violencia de género sistemática─ “el hombre violento no deja de ejercer la violencia tras la separación, detectándose que hasta el 60% de los padres separados mantiene un alto nivel de conflicto y de abuso hacia la mujer durante el contacto que suponen las visitas con los hijos”.

Esta situación fue la que vivió Giovana tras su separación. Según su denuncia, Carlos “N” ejerció violencia sexual a través de la manipulación: le daría información de sus hijas, incluso existió la promesa de permitirle verlas de nuevo, a cambio de tener relaciones sexuales con él y enviarle fotos y videos íntimos. 

La promesa nunca se cumplió, mientras tanto, los abusos se perpetraron hasta 2020, cuando Giovana denunció y Carlos “N” fue detenido. 

“Yo jamás pensé que mi expareja me fuera a violar. Yo pensé que mi vida iba a tomar un curso diferente después de separarme, pero no fue así, mis hijas fueron su moneda de cambio”, lamenta. 

En México, el 39.9% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia en pareja, las más recurrentes son la violencia psicológica (35.4%), económica o patrimonial (19.1 %), física (16.8 %) y sexual (6.9 %), según datos del Inegi (ENDIREH 2021).

Los efectos de la violencia sexual 

Desde hace varios años, Giovana tiene diagnóstico de ansiedad y depresión a causa de la violencia que vivió durante su matrimonio. Esto le valió, una vez más, la revictimización de las autoridades, pues fue la principal justificación para quitarle la custodia de sus hijas sin brindarle atención psicológica y emocional. 

Hoy, su salud mental ha sido el centro de la defensa de Carlos “N” para deslegitimar su testimonio. Y aunque el Ministerio Público debe hacerse cargo de las terapias y medicamentos que Giovana necesita, actúa con negligencia. 

Las autoridades le programan terapia, en promedio, una vez al mes. Mientras que la última ocasión que la atendió el psiquiatra este le dijo que le cambiaría el medicamento porque “ya no sabe qué hacer, va en retroceso”. 

La psicóloga feminista Bianca Pérez explica que si bien las afectaciones de la violencia sexual son diversas ─cada caso es distinto─, la más frecuente es estrés postraumático, que se ve reflejado, por ejemplo, por flashbacks, en los que la víctima tiene recuerdos constantes y vívidos que alteran cualquier actividad que esté realizando. 

“La persona prácticamente está reexperimentando la agresión cada que aparecen estos flashbacks (…) También pude experimentar algo que se llama disociación somatomorfa, que es un efecto de la violencia a nivel corporal, es decir, a lo mejor la persona no recuerda al 100% lo que vivió, pero experimenta corporalmente esa violencia con cualquier contacto físico. Esa sensación le recuerda el trauma, lo vuelve a vivir”, detalla la especialista. 

La violencia sexual también deriva en daños en el área del cerebro que alberga la memoria, pues la víctima, por mecanismo de defensa, tratará de bloquear la escena traumática, pero también otros aspectos de su vida.

Las emociones juegan un papel crucial en las personas sobrevivientes de violencia sexual, pues pueden llegar a sentir agresividad, pánico, sensación de abandono, dificultad para expresar sus emociones y, sobre todo, autocastigo.

 “Como no puede dirigir su ira hacia la persona agresora, entonces la dirige hacia sí misma, así que pueden aparecer autolesiones y conductas que ponen en peligro su vida (…) La violencia sexual tiene efectos a largo plazo, no solamente al momento (de la agresión)”, destaca Pérez. 

Por su experiencia, Bianca Pérez estima que una persona sobreviviente de violencia sexual debe tener, por lo menos de 50 a 100 sesiones de terapia, es decir, entre uno o dos años, “solo para atender lo básico del trauma”. 

Lo recomendable, agrega, es que las sesiones sean semanales, sobre todo cuando se trata de consecuencias severas en la víctima, que en la mayoría de los casos deriva de agresiones cometidas por una persona cercana a su entorno.

Por estos efectos, además de la revictimización por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia, es que el 97.3% de las víctimas de violencia sexual prefiere no denunciar a sus agresores, según consta en un estudio de la organización civil México Evalúa. 

El 21 de septiembre es el día decisivo: la jueza deberá determinar si reitera una sentencia condenatoria contra Carlos “N”. 

La abogada Ximena Ugarte afirma que, de nueva cuenta, han logrado acreditar la existencia del delito de violación y la responsabilidad del acusado, por lo que la decisión de la jueza no tendría que ser distinta al primer fallo. 

“El hecho de que ya se había dictado una sentencia condenatoria (en el primer juicio), y al no haber variado los elementos probatorios en esta reposición, no tendría sentido que se dictara una sentencia distinta”, expone.

En tanto, Giovana teme por su seguridad, pues considera que la resolución podría favorecer a su presunto agresor. 

“¿Qué es lo que más temo? Temo por mi vida. Cuando él me quita a mis hijas me dice que ya no voy a volver a ver lo que más quiero en esta vida, y lo cumplió. Él siempre me dijo: ‘denúnciame, nunca me van a hacer nada’. Hoy creo que si este tipo sale no le va a importar matarme”, expresa Giovana. 

La atención temprana puede prevenir suicidios. Si conoces a alguien que requiere apoyo emocional, orientación o recibir un tratamiento adecuado, llama a la línea nacional de la Secretaría de Salud 800 911 2000.