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México

2 mdd por espiar: Pegasus se ofreció al gobierno de Guerrero pero no hubo para pagarlo

El exfiscal de Guerrero comenta que el programa se ofreció a la entidad pero en 2016 no hubo recursos para pagarlo, mientras años después sirvió para espiar.

NSO group
AI pidió un informe de Transparencia a NSO Group. Foto: Sascha Steinbach/EFE.

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Arturo Rodríguez recibió un mensaje que parecía familiar, pero no lo era, a mediados de 2016, durante una cobertura en Oaxaca.

“Fue en Nochixtlán, Oaxaca, en el contexto de aquella cobertura de aquella matanza de civiles en junio de 2016 cuando recibí un mensaje de SMS que me escribieron con una jerga de la redacción de Proceso, que decía ‘Artur, no se te vaya a ir esta nota'”, cuenta el periodista.

El mensaje incluía una liga que no llevaba a ninguna parte, y que quizás habría sido el comienzo de un proceso de espionaje en aquel entonces, que años después se sabría provino del gobierno de México.

El exfiscal de Guerrero Xavier Olea asegura haber probado el software de Pegasus para localizar el teléfono de su esposa en la Ciudad de México, pero no permitió, según sus palabras, que se investigaran las conversaciones que había en ese equipo.

“Les di el teléfono de mi esposa para que me la localizaran, salió dónde estaba mi esposa, estaba en mi casa en la Ciudad de México, si hubiera estado en Acapulco no hubiera yo pedido eso”, afirma.

Un mes antes de su salida de la Fiscalía de Guerrero, en abril de 2018, comenta, el gobierno de la entidad, encabezado por el priista Héctor Astudillo, habría adquirido el software para realizar prácticas no solo de investigación contra el crimen, sino también de espionaje.

También lee: 50 personas cercanas a AMLO, entre los blancos potenciales de Pegasus

Su costo era originalmente de 2.5 millones de dólares y se ofreció para que la fiscalía lo utilizara en el combate al secuestro y otros delitos, pero con la negociación se redujo el precio a 2 millones, refiere Olea.

“Después de regatear, 2 mdd, lo vendían en 2 y medio pero yo conseguí que lo dejaran en 2 mdd. La Fiscalía no tenía el dinero para pagarlo”, justifica.

El domingo, en su publicación al respecto del uso del programa Pegasus para el espionaje de personas como periodistas, defensores de derechos humanos y abogados, un grupo de medios nacionales e internacionales encabezados por The Guardian dio a conocer que el software se utilizó en México y entre sus objetivos se encontraron personajes como el propio exfiscal de Guerrero, así como el gobernador de esa entidad, Héctor Astudillo, y el periodista Cecilio Pineda Birtos, quien fue asesinado en 2017. Sin embargo, apenas se comprobó su uso en unos 50 teléfonos.

Sin embargo, refiere Olea, en esa primera oferta, a finales de 2016, el producto no se adquirió para la entidad aunque después sí.

La-Lista buscó al gobierno de Guerrero para conocer su postura al respecto de este asunto pero este respondió que por ahora no se tiene información oficial al respecto.

Desde el primer reporte del software en México, se informó de su presencia gracias a tres dependencias del gobierno federal: la entonces Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que por cierto, no tenía facultades de vigilancia.

Espionaje a periodistas

El escándalo de Pegasus en México se conoció por primera vez en junio de 2017, cuando Citizen Lab dio a conocer una investigación en que demostró el uso en el país del malware comercializado a gobiernos, Pegasus, entre cuyos clientes estaba el propio aparato gubernamental mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.

“El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group”, refirió entonces el IMCO. Algo así como lo que le pasó a Arturo.

La indagatoria recién revelada mostró que tuvo entre sus potenciales blancos a 15 mil números de teléfono de distintos personajes del país, principalmente defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, políticos y personas cercanas a estos grupos.
Incluso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano estuvo implicado en este caso, como potenciales objetivos.

La directora de Amnistía Internacional (AI) en México, Edith Olivares, explicó a La-Lista que apenas en poco más de 50 números se constató realmente la presencia e infección del virus. Sin embargo, en otros equipos no hubo oportunidad, como el de Arturo, quien apenas esta semana se enteró del objetivo de la indagatoria.

“Ese equipo lo dejé de usar aproximadamente en febrero de 2018”, dice Arturo a La-Lista.

Para Marcela Turati, otro de los objetivos involucrados en el espionaje, el hecho de saberse parte de la vigilancia de las autoridades federales le lleva a sentirse indignada y triste por ver amenazada su práctica profesional: el periodismo.

“Para un periodista es lo más importante la privacidad, principalmente tener un libre ejercicio, poder entrevistar sin tener riesgo a nadie, poder dar el anonimato a la fuente, poder guardar quién te dio la información y también información sensible y pues esto es de alguna manera un golpe directo al corazón del periodismos, ¿no? Afecta de muchas maneras el desempeño profesional”, lamenta.

En busca de una regulación

Pero ya es muy tarde, el daño está hecho, versa una canción mexicana. Y en este caso aplica a la perfección en el entendido de que el espionaje se realizó en momentos en que incluso los afectados ya no están en condiciones de saber si fueron víctimas reales o solo se trató de una amenaza,

Arturo cuenta que dejó de utilizar su equipo de 2016 en 2018, por lo que apenas este sábado recibió una llamada para confirmar algunas cosas relacionadas con el espionaje del gobierno.

“Me estuvieron solicitando el equipo telefónico que usaba en ese momento, desafortunadamente yo no lo tenía a la mano y tampoco sabía para qué era, porque ellos mantuvieron una investigación muy discreta durante los meses que estuvieron trabajando este proyecto”, dice.

Para la directora de Amnistía Internacional, una de las necesidades en este caso es adecuar la regulación nacional para ofrecer opciones para atender estos casos y que los afectados puedan denunciar a la par de que los gobiernos dejen de espiar a la ciudadanía.

“Nosotros hacemos un llamado al Estado mexicano para que implante los instrumentos legislativos que permitan limitar la vigilancia digital y que se rija por leyes precisas y que sean de acceso público”, señala.

En el mismo sentido, Turati refiere que apenas revisó las publicaciones tras recibir una llamada el sábado y saber de lo que se dio a conocer el domingo.

“Hoy es mi primer día de asimilar, de leer a nivel global las publicaciones y leeré cada día lo que vaya saliendo. Lo que vemos es que los periodistas Quinto Elemento Lab fuimos objeto de este espionaje”, señala la periodista.

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