50 personas cercanas a AMLO, entre los blancos potenciales de Pegasus

Al menos 50 personas cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluidos su esposa, hijos, asistentes y médico, estaban en la lista filtrada de números seleccionados por clientes gubernamentales de la empresa israelí de software espía NSO Group antes de la elección.

Políticos de todos los partidos, así como periodistas, abogados, activistas, fiscales, diplomáticos, profesores, jueces, doctores y académicos, también se encontraban entre las más de 15 mil personas elegidas como posibles blancos de vigilancia entre 2016 y 2017, según una investigación de medios de comunicación internacionales, entre ellos The Guardian.

La extraordinaria cantidad de números telefónicos mexicanos en la información filtrada, incluyendo celulares pertenecientes a sacerdotes, víctimas de crímenes promovidos por el gobierno e hijos de figuras de alto perfil, socava seriamente las declaraciones de NSO de que sus clientes solo utilizan su programa de piratería cibernética para luchar contra delitos graves y terrorismo.

Probablemente los contratos con NSO habrían tenido un costo de cientos de millones de dólares en un país donde aproximadamente la mitad de la población vive en pobreza.

“La capacidad de México para espiar a sus ciudadanos es inmensa. (Y) es extremadamente sencillo que la tecnología y la información obtenida a través del programa de espionaje caiga en manos privadas, ya sean del crimen organizado o con fines comerciales”, dijo Jorge Rebolledo, asesor de seguridad en la Ciudad de México. “Lo que sabemos hasta ahora es solo la punta del iceberg”.

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La información filtrada es una lista de más de 50 mil números telefónicos que, desde 2016, se cree que han sido elegidos como pertenecientes a personas de interés por parte de clientes gubernamentales del NSO Group.

Si bien la información filtrada revela los números telefónicos que fueron blancos potenciales de una posible vigilancia por parte de clientes de Pegasus de NSO, no es posible asegurar si se infiltraron en los celulares con éxito a través del programa de espionaje sin un análisis forense de cada dispositivo. Pero el análisis técnico de más de 40 celulares de todo el mundo cuyos números estuvieron incluidos en la información encontró evidencia de que fueron vulnerados con el software de espionaje Pegasus.

Los registros cubren un periodo de tiempo hacia el final de una de las administraciones mexicanas más escandalosas en la historia reciente. En ese tiempo, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaban perdiendo en las encuestas, lo cual podría explicar la acción extrema a la que llegó el gobierno de espiar a su rival.

Los hallazgos reflejan las advertencias de los expertos en seguridad de que la cibervigilancia no está regulada y está fuera de control en México, un país donde los gobiernos federales y estatales han usado durante mucho tiempo informantes, infiltrados y dispositivos de audio para monitorear y reprimir a la oposición.

México fue el primer país en el mundo en comprar Pegasus a NSO y se convirtió en una especie de laboratorio para la tecnología de espionaje, la cual en ese entonces apenas iniciaba.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue la primera en adquirir el software de espionaje en 2011, cinco años después de que se desplegaran las fuerzas armadas en la “guerra contra las drogas”. Cuando se hizo el contrato, la policía mexicana, el ejército y la marina ya habían estado implicados en abusos sistemáticos de derechos humanos incluyendo torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Otras agencias mexicanas que adquirieron y/o operaron Pegasus incluyen a la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (Cisen). También se cree que varias fuerzas de seguridad estatales tienen acceso al programa de espionaje, y la corrupción generalizada ha generado preocupaciones acerca de que podría terminar en las manos equivocadas.

En 2012, Peña Nieto, un político joven y promocionado como un reformador, venció a López Obrador, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, para devolver al PRI al poder después de una pausa de 12 años.

Peña Nieto prometió llevar a México al lugar que le corresponde en el escenario mundial. Pero una serie de escándalos de corrupción, abusos derechos humanos y encubrimientos pronto empañaron su reputación. Mientras que López Obrador ya estaba planeando competir nuevamente por la presidencia, y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ganaba terreno en las elecciones locales.

Mientras López Obrador recorría el país haciendo campaña, clientes mexicanos de NSO seleccionaron a casi todos en su círculo cercano como personas de interés, incluida su esposa, tres hijos, tres hermanos y dos antiguos choferes, de acuerdo con un análisis sobre la información filtrada. López Obrador rara vez utilizaba su celular, confiando en cambio en los de su asistente y jefe de comunicaciones, los cuales fueron seleccionados. Su jefe de gabinete, Alfonso Romo; su asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra; y su coordinador de comunicación, Jesús Ramírez Cuevas, también fueron elegidos.

Incluso se seleccionó al gerente del equipo de béisbol amateur en el que juega López Obrador, así como a su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz Fernández.

López Obrador se sometió a una cirugía en 2013 después de sufrir un ataque al corazón a la edad de 60 años, tras la cual su salud se volvió tema de especulación de la prensa que arrojó dudas sobre su capacidad para gobernar. “El único objetivo era el candidato; yo era una herramienta”, dijo Ortiz, quien añadió que nunca abordó el tema de la salud de López Obrador por teléfono. “Creo que es muy grave, pero así estaban pasando las cosas en el país. Desafortunadamente, no me sorprende”.

Docenas de figuras nacionales y locales de Morena también fueron elegidas por clientes mexicanos de NSO, incluida Claudia Sheinbaum, quien después se convirtió en la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No está claro cuántos teléfonos fueron realmente atacados o infectados con éxito, pero las conversaciones privadas, incluida una entre el hijo de López Obrador y un alto funcionario del partido, se filtraron con frecuencia a los medios de comunicación.

“Siempre pensé que el antiguo régimen nos espiaba con fines políticos”, dijo Sheinbaum cuando le informaron sobre el ataque. “Usaron el espionaje político como una forma de persecución, (la cual) es ilegal. Hoy, la inteligencia se utiliza para reducir la violencia y el crimen de una manera legal”.

Las agencias mexicanas buscaron atacar con Pegasus a políticos de todos los partidos, entre ellos al partido gobernante PRI. Sorprendentemente, la información filtrada señala que al menos 45 gobernadores actuales y antiguos de los 32 estados fueron candidatos a vigilancia durante el período de dos años.

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“En raras ocasiones el objetivo de recopilar inteligencia es para aplicar la ley en México. Se trata de obtener información sobre la cual se pueda actuar siempre y cuando sea políticamente beneficioso”, explicó Erubiel Tirado, un analista de seguridad.

También fueron elegidos el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, así como su esposa, Margarita Zavala.

Zavala recuerda haber recibido mensajes de texto sospechosos después de anunciar su propia candidatura a la presidencia, pero ya no tiene acceso a ese celular para poder realizar un análisis forense que determinaría si la atacaron exitosamente. La información muestra que ella y los integrantes de su equipo de campaña fueron elegidos en 2017 por más de uno de los clientes de NSO.

“Bajo el mandato de Peña, el uso de Pegasus fue extendido”, afirmó Guillermo Valdés Castellanos, el director de Cisen de 2006 a 2011. “La tecnología como Pegasus es muy útil para luchar contra el crimen organizado, pero la falta total de controles y contrapesos significa que esta puede terminar fácilmente en manos privadas y ser utilizada para beneficios políticos y personales sin responsabilidades”.

Para este entonces, la oficina del fiscal general y el Cisen también estaban operando Pegasus. De acuerdo con funcionarios de inteligencia, la popularidad del software espía también estaba aumentando a nivel estatal, en parte gracias a un creciente mercado negro.

La información filtrada muestra que los sospechosos criminales y funcionarios presuntamente corruptos, incluyendo a abogados de alto perfil de narcotraficantes y gobernadores estatales deshonrados, también fueron elegidos como blancos. Pero también lo fueron víctimas de algunos de los escándalos más grandes que envolvieron al gobierno de Peña Nieto.

El más perjudicial fue el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el cual implicaba a instituciones poderosas y figuras políticas, entre ellas el aliado cercano de Peña, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General y signatario de los contratos de Pegasus.

Ayotzinapa

El 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero fueron secuestrados por agentes de la policía confabulados con un grupo delictivo. Después de ello, el gobierno mintió repetidamente sobre los eventos de esa noche, incluyendo la posible participación del batallón del ejército local. Finalmente se encontraron los restos de tres estudiantes, pero el resto sigue desaparecido.

En medio de una creciente indignación, el gobierno estuvo forzado a aceptar una investigación internacional por parte de un equipo de expertos con estatus diplomático, conocido como GIEI. Citizen Lab, una unidad de investigación de la Universidad de Toronto, reveló con anterioridad que el celular perteneciente al grupo fue atacado por Pegasus en marzo de 2016, después de que el GIEI denunciara la interferencia del gobierno.

La información filtrada considerada por el proyecto Pegasus muestra que al menos uno que otro de los celulares del GIEI fueron seleccionados como blancos de vigilancia, así como aquellos que pertenecían a los familiares de al menos tres de las víctimas.

Entre ellos se encuentra Melitón Ortega, el tío de Mauricio Ortega, de 19 años, quien se convirtió en un vocero de las familias e hizo campañas por la justicia. “El gobierno utilizó esta tecnología para intimidar, controlar y reprimir a las personas que exigían justicia. Solo es la herramienta represiva más actual que el Estado utiliza para violentar nuestros derechos humanos”, dijo.

A medida que surgieron detalles sobre el papel del Estado en el ataque y el encubrimiento, el director y abogado del grupo sin fines de lucro de derechos humanos que representa a las familias de las víctimas también fue elegido por las fuerzas armadas y el Cisen, señala el análisis de la información filtrada.

El abogado Vidulfo Rosales mencionó: “(El gobierno) se sintió presionado y comenzó una campaña difamatoria contra los expertos, padres y representantes del GIEI… Intentaron utilizar mis celulares y tergiversaron varias conversaciones, haciéndolas públicas para desacreditar el trabajo que estábamos haciendo”.

No se ha procesado con éxito a nadie por la desaparición de los estudiantes.

Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal, fue forzado a renunciar después de que surgiera un video en el que aparece torturando a sospechosos y de que el GIEI lo acusara de manipular evidencia, pero pronto consiguió un nuevo trabajo como asesor de seguridad de Peña Nieto.

Presionado por Ayotzinapa, Peña Nieto trató de cambiar la narrativa al impulsar lo que se suponía sería su política emblemática: las reformas educativas.

Maestros

Poco después de asumir el cargo, Peña Nieto presentó un programa ambicioso para mejorar los estándares escolares y acabar con la corrupción en el Sindicato de Maestros.

Las reformas se necesitaban con desesperación: México ocupaba el último lugar en educación entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero los profesores se oponían ampliamente a las propuestas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una rama del sindicato principal, estaba al frente de la organización de huelgas en todo el país. A diferencia de los líderes poderosos el sindicato principal, la CNTE tenía una reputación de integridad, sin embargo, el gobierno mexicano seleccionó a decenas de sus organizadores con Pegasus entre 2016 y 2017.

No está claro cuántos de sus celulares fueron atacados o se infiltraron con éxito, pero Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes del sindicato del estado de Chiapas, fueron arrestados poco después de ser elegidos como blancos en junio de 2016. Los profesores y estudiantes organizaron retenes en varios estados, exigiendo su liberación.

En respuesta el gobierno desplegó cientos de policías armados para retirar a los manifestantes desarmados, lo que dejó ocho personas muertas y más de 100 heridos, incluyendo 35 niños.

Se seleccionaron decenas de activistas sindicales más hasta mediados de 2017, algunos de los cuales también fueron arrestados. El análisis señala que fue el Cisen que buscó atacar a los activistas del sindicato. Núñez y Villalobos fueron liberados, y después atacados nuevamente algunos meses después.

“En ese momento, la Secretaría de Gobernación dijo que nos podían ubicar cuando ellos quisieran… varios de mis colegas cambiaron sus números telefónicos. Temíamos por nuestras familias”, dijo Villalobos.

El secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo sobre el proyecto Pegasus que durante su mandato en la secretaría “nunca autorizó ni tuvo conocimiento o información de que el Cisen poseyó o adquirió el paquete de piratería cibernética Pegasus, y nunca autorizó nada relacionado con piratería informática”.

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Se cree que Peña Nieto vive en España. The Guardian intentó contactarlo a través del PRI, sus antiguos secretarios y personal, su exabogado, la embajada de México en Madrid, sus hijos adultos y su novia, pero no recibió respuesta. En 2017, dijo que Pegasus estaba siendo utilizado solo para luchar contra el crimen organizado y mantener a la sociedad a salvo, y negó que los periodistas o activistas fueran identificados como blancos.

López Obrador se negó a comentar, pero previamente ha dicho que su gobierno no utiliza Pegasus.

NSO Group rechazó las “afirmaciones falsas” sobre la empresa y sus clientes, y dijo que no tenía visibilidad sobre el uso de software espía de Pegasus por parte de sus clientes. Agregó que solo vendió el programa a clientes gubernamentales examinados y que su tecnología había ayudado a prevenir el terrorismo y los delitos graves.

Después del lanzamiento del proyecto Pegasus, Shalev Hulio, el fundador y director ejecutivo de NSO, dijo que seguía cuestionando que los datos filtrados “tienen alguna relevancia para NSO”, pero añadió que él estaba “muy preocupado” por los reportes y prometió que los investigaría todos. “Entendemos que en algunas circunstancias nuestros clientes pueden hacer mal uso del sistema”.

El auge del programa de espionaje

La tecnología de NSO no es la única en México. La guerra contra las drogas de 15 años en el país ha coincidido con un auge de vigilancia cibernética, se cree que hasta dos docenas de empresas han vendido programas de espionaje a agencias federales y estatales.

“Nadie sabe cuántos equipos de espionaje hay en el país ni quién los opera”, dijo un exfuncionario de seguridad de alto rango.

NSO aseguró su posición al frente del mercado gracias al apoyo de Zerón en la Procuraduría General de la República.

Después de que Peña Nieto salió del poder, se le acusó a Zerón de delitos incluyendo la malversación de 50 millones en fondos estatales, desapariciones forzadas y tortura vinculada a la investigación de Ayotzinapa. El año pasado, huyó a Israel, a pesar de la estricta prohibición de viajar por el Covid-19 y pidió asilo. México no tiene un tratado de extradición con Israel, pero las autoridades dicen que la Interpol ha emitido una orden de detención. Zerón niega haber actuado mal y dice que los cargos en su contra tienen una motivación política.

Se han gastado miles de millones de dólares en armamento y equipo de vigilancia, supuestamente para combatir a los cárteles de drogas.

Pero la oferta y demanda de drogas ilegales continúa, así como la violencia y la miseria. Desde que comenzó la guerra contra las drogas en 2006, más de 300 mil mexicanos han  muerto y más de 80 mil están desaparecidos. Las morgues y los panteones están llenos con decenas de miles de cuerpos sin identificar. Casi 100 personas son asesinadas cada día.

Mathieu Tourliere y Juan Omar Fierro (Proceso); Mary Beth Sheridan (Washington Post); Paloma Dupont de Dinechin (Forbidden Stories); Lilia Saúl (OCCRP); Sebastián Barragán and Carmen Aristegui (Aristegui Noticias) contribuyeron a esta historia.