La Corte declara constitucional la figura de ‘superdelegados’
La SCJN declaró constitucional la figura de los superdelegados, quienes se encargar de manejar los recursos federales de los programas sociales en las entidades.
La SCJN declaró constitucional la figura de los superdelegados, quienes se encargar de manejar los recursos federales de los programas sociales en las entidades.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 17 Ter y 32, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contempla la figura de los representantes del gobierno federal en los estados de la República Mexicana y que dependen de la Secretaría de Bienestar, llamados popularmente como “superdelegados”, por la cantidad de programas y funciones que concentran.
Desde la semana pasada los ministros de la SCJN comenzaron la discusión de las acciones de inconstitucionalidad promovida por senadores, el partido Movimiento Ciudadano y diputados de la legislatura pasada, en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual entró en vigor con la llegada de la actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018.
Dentro de esta ley está contemplada la figura de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población.
La reforma fue impugnada dentro de estas acciones de inconstitucionalidad por supuestamente invadir facultades de autoridades federales.
Además, el Pleno discutió la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo de Michoacán contra la misma norma y la posibilidad de que ésta también invada competencias de dependencias federales al manejar recursos para programas sociales a nivel nacional, lo cual declaró infundado.
El proyecto del ministro Luis María Aguilar proponía la invalidez de las normas impugnadas, sin embargo, con seis votos a favor y cinco en contra, el Pleno declaró su constitucionalidad, así como la de las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La ministra Loretta Ortiz definió la votación de seis contra cinco al considerar que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo pertenecen a una secretaría de orden federal, por lo que no había invasión de facultades.
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