La pandemia ya terminó y la justicia en CDMX aún se aplica a puerta cerrada
Van 3 años sin acceso a audiencias públicas del PJCDMX, lo que fomenta la opacidad en procesos judiciales, señalan expertos.
Escudado en la pandemia de Covid-19, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha restringido el acceso a los medios de comunicación y sociedad en general a las audiencias públicas celebradas en los Tribunales penales de la capital del país desde hace tres años. Mientras el Poder Judicial Federal y la mayoría de los poderes judiciales de los estados en el país ya operan a puertas abiertas desde hace meses, en la capital del país se aplica la justicia a puerta cerrada.
En octubre de 2022, el Instituto Mexicano de Seguro Social estableció que la sana distancia en espacios cerrados es recomendable, pero no obligatoria. Ante la disminución de contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19, el Consejo de Salud de la Ciudad de México anunció ese mismo mes que el uso de cubrebocas en lugares cerrados es voluntario y la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia el pasado 5 de mayo.
Desde el 17 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aprobó la implementación del Plan de Contingencia como medida de protección ante la pandemia de la Covid-19 en el acuerdo 39-14/2020 y no baja la guardia.
En estados como Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí se mantienen medidas sanitarias como el acceso con cubrebocas, el uso de gel antibacterial y medidores de temperatura al entrar, así como salas virtuales exclusivas para la prensa.
El mismo Poder Judicial Federal ha mantenido abiertas a los medios de comunicación las audiencias, incluyendo las de asuntos relevantes como han sido los procesos del exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, las vinculaciones a proceso del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam y las de la extitular de Sedatu Rosario Robles.
Procesos penales ‘a puerta cerrada‘
En estos tres años han permanecido a puerta cerrada casos relevantes como el proceso penal de la Línea 12 del Metro, el llamado “cártel inmobiliario” de la Alcaldía Benito Juárez, casos de corrupción por parte de funcionarios públicos y procesos penales por feminicidios, donde sólo han tenido acceso los abogados de la defensa y representantes del Ministerio Público.
El acceso a la información de lo que ocurre en las audiencias depende de lo que estén dispuestos a informar los representantes de las partes. Hay audiencias que llegan a durar más de 10 horas, pero que se reducen a unos minutos de comparecencia ante medios o a los comunicados oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que sesga la información e impide ver el desempeño de las autoridades.
José Antonio Caballero, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó a La-Lista que las audiencias del PJCDMX ya deberían de dar acceso a medios de comunicación ya que la presencia de la prensa favorece a que las partes involucradas se apeguen a la ley.
“Se trata de un proceso de rendición de cuentas tanto para la sociedad en general, como para la persona imputada o las víctimas, con lo que se garantiza que los jueces, fiscales y defensores se apeguen al derecho y no haya irregularidades en todo el proceso penal judicial”, explicó.
Además, el académico y litigante calificó de absurdo que no se dé acceso a la prensa a casos como el del llamado “Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez”, cuando la misma Fiscalía de la Ciudad de México ha hecho público el caso e incluso ha dado detalles de la investigación a la opinión pública.
“Claramente es un exceso, están extendiendo -el Poder Judicial de la ciudad- los alcances de una medida de emergencia como lo fue la pandemia, causando la obstrucción de la prensa para informar a la ciudadanía sobre los detalles, sobre el proceso judicial de algún tema que les afecte”, comentó.
Por separado, Gabriel Regino García, abogado penalista señaló en entrevista con La-Lista que esta restricción del PJCDMX se debe al temor de las autoridades del órgano jurisdiccional a que se expongan las malas prácticas de los funcionarios, tanto de jueces como de fiscales y asesores jurídicos.
“Deben tener miedo de que se conozca la realidad de la actuación de algunos operadores del sistema. Yo estoy a favor de que la prensa esté en las salas de audiencia, porque la sociedad requiere tener información, la prensa no puede informar correctamente si no está teniendo acceso a la fuente”, apuntó.
El abogado aseguró que se usa como pretexto la pandemia para evitar que se expongan los procesos de casos como el de la Línea 12 del Metro, que lleva dos años en los tribunales y no hay aún justicia para las víctimas por la tragedia en la que 26 personas murieron y al menos 106 resultaron heridas.
“En el caso del acceso a la Línea 12 no tiene justificación que el PJCDMX no dé acceso a medios de comunicación. La gente tiene que saber, sobre todo las demás víctimas, todas las personas deben saber lo que pasó, es lamentable que haya criterios inentendibles y no razonados para que no se permita el acceso a la prensa” señaló.
Tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el gobierno capitalino han pretendido ocultar información de los acuerdos reparatorios, entre otras “irregularidades que se cometieron en el proceso”, acusó Regino.
El PJCDMX se ha mantenido bajo el acuerdo firmado por el Consejo de la Judicatura local de marzo de 2020 aún después de la emergencia sanitaria, mientras que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
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B. De los derechos de toda persona imputada:
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo (…)”.artículo 20 de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es el responsable de vigilar, administrar y, en su caso, sancionar a integrantes del Tribunal Superior de Justicia local, de los juzgados y demás órganos judiciales de su competencia.
Lo integran siete consejeros y es encabezado por el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.
Los otros seis consejeros son los magistrados Andrés Linares Carranza, María Esperanza Hernández Valero, Susana Bátiz Zavala, Ricardo Amezcua Galán, Emma Aurora Campos Burgos e Irma Guadalupe García Mendoza. El último acuerdo firmado por los consejeros fue el 17-13/2023, el pasado 4 de mayo.
La transparencia en procesos penales es un derecho de las víctimas y de las personas imputadas
Leslie Idalia Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de la organización civil Impunidad Cero, explicó que la presencia de medios de comunicación o público en general es un derecho de los imputados o las víctimas, por lo que no solo el Poder Judicial tiene la facultad de negar el acceso.
“Las partes tienen derecho a solicitar el acceso a medios de comunicación a las audiencias públicas y deben tener acceso a este derecho, no tanto es potestad de la autoridad. La autoridad está obligada a ser transparente en las actividades que realizan”, comentó.
La maestra en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que, en su experiencia, ha sido muy complicado que en los tribunales locales permitan el acceso al público a cualquier audiencia, lo que calificó de una “negligencia” de la autoridad.
“(Desde que comenzó la pandemia) No te dejan entrar a ninguna audiencia, por ningún tipo de delito y ni siquiera es por los operadores de la sala, es incluso por parte de la policía que custodia la sala. ¿Por qué no puedo entrar y escuchar la audiencia? Eso te da una cara de lo que entienden las autoridades sobre esto. No permitir el acceso a la prensa es una negligencia por parte de la autoridad”, señaló la abogada.
La-Lista solicitó una entrevista con el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura, Rafael Guerra Álvarez, sobre el tema de las restricciones para el acceso a las audiencias públicas que se celebran en los juzgados en materia penal de la capital del país; sin embargo, la respuesta fue que la restricción se debe al acuerdo del Consejo de la Judicatura local y que la medida permanecerá hasta que haya un nuevo acuerdo por parte del órgano jurisdiccional.