La migración puede cambiar de dirección

En México cuando hablamos de migración solemos pensar en la migración sur-norte, evocamos la mexicana o centroamericana a los Estados Unidos, o bien la de países del Medio Oriente o África Subsahariana rumbo a Europa. Poco reflexionamos sobre la migración sur-sur, cada vez más presente en el mundo. Ejemplos de ella son los flujos migratorios de Siria a Jordania y el Líbano, los de África Subsahariana a Marruecos, o bien la creciente proporción de la migración centroamericana que tiene como destino final México, y notoriamente la diáspora venezolana a otros países de América Latina y el Caribe.

La crisis económica, política y social que vive Venezuela se ha desbordado a otros países en la forma de un creciente éxodo de venezolanos. En términos de desplazamiento de población, Venezuela se sitúa en segundo lugar a nivel global, solamente por detrás de Siria. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas más de cinco millones de migrantes y refugiados han salido de Venezuela en los últimos años, siendo Colombia el mayor receptor de la diáspora. Se estima que al rededor de 1.8 millones de venezolanos han migrado a dicho país vecino.

La migración cambió de dirección. Cuando el conflicto armado en Colombia atravesaba sus peores momentos, una gran cantidad de colombianos emigraron a Venezuela. Ahora, años después, estos mismos colombianos están regresando a su país con sus familias, desplazados por la situación económica y política que vive la antigua potencia petrolera, y acompañados de una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que buscan refugio en territorio colombiano.

La situación se ha convertido en la mayor crisis humanitaria que enfrenta América Latina y el Caribe. Colombia, que no había sido históricamente un país de destino de migrantes, no cuenta con la infraestructura para recibirlos ni con el andamiaje institucional para gestionar los crecientes flujos migratorios salvaguardando la seguridad de quienes dejan sus hogares en busca de mejores horizontes de vida. Traficantes de personas, grupos del crimen organizado y funcionarios corruptos han despojado a muchos de los migrantes y solicitantes de asilo de sus precarios ahorros, los grupos armados ven en la ola migratoria una fuente de mano de obra barata y necesitada de ingresos, las amenazas de la explotación sexual los asechan y ahora la pandemia por Covid-19 incrementa las dificultades.

Ejemplo de los terribles riesgos que enfrenta la diáspora venezolana es el reciente desmantelamiento en Colombia de una compleja red de tráfico de personas. El 27 de marzo, las autoridades colombianas arrestaron a siete integrantes de un grupo delictivo organizado conocido como “Los PEP”, acusados ​​de trata de personas y migrantes. De acuerdo a un comunicado de la fiscalía colombiana, “la red, aparentemente con el apoyo de servidores públicos, tramitaba de forma ilegal el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para extranjeros que ingresaban al país por la frontera colombo-venezolana.” La fiscalía señala que la red también se dedicaba a la explotación sexual, “cuando las víctimas llegaban a Colombia, les ofrecían posada, alimentos y vestuario, pero luego, al parecer las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la supuesta deuda adquirida, de lo contrario las amenazaban con llevarlas ante las autoridades para su deportación o con publicar sus fotos desnudas.”

El gobierno colombiano ha hecho esfuerzos importantes para abordar la crisis. En una de las operaciones de regularización de migrantes más ambiciosas que se hayan realizado en el mundo, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció el pasado 8 de febrero la creación de un mecanismo jurídico de protección temporal dirigido a la población migrante venezolana, que tendrá una vigencia de 10 años y permitirá a los migrantes, entre otras cosas, acceder al mercado laboral, recibir servicios de salud y educación pública, abrir cuentas bancarias y solicitar la residencia. La medida, apoyada de forma unánime entre la clase política colombiana, busca incentivar que la migración se realice por cauces legales por lo cual beneficiará a toda la población venezolana que se encontraba en territorio colombiano hasta el 31 de enero de 2021 y a quienes ingresen de forma regular en los próximos 2 años.  

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De las 1.8 millones de personas que han migrado de Venezuela a Colombia, el 56% se encuentran en situación irregular por no contar con un pasaporte venezolano, difícil de obtener dadas las condiciones de su país de origen e indispensable para obtener un permiso de residencia en Colombia. Por lo cual, quienes en un futuro no encuentren forma de migrar de manera regular seguirán estando a merced de los riesgos antes mencionados.  

Colombia está asumiendo un costo importante de la crisis de su país vecino pero los esfuerzos son insuficientes. Sin comunicación diplomática entre ambos países no puede haber un necesario enfoque regional. Y desgraciadamente, sin soluciones políticas inmediatas a la vista para el entuerto venezolano, seguirá habiendo un importante número de personas dispuestas a pagar para cruzar la frontera y la desfavorecida población migrante seguirá siendo víctima de los grupos criminales.

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