No hay manera de defender legalmente las conversiones LGBT+

Casi tres años desde que la entonces primera ministra Theresa May se comprometiera a poner fin a las prácticas de conversión LGBT+ en el Reino Unido, los llamados a la acción están creciendo. Durante el fin de semana, Nicola Sturgeon dijo que Escocia presentaría su propia prohibición si el gobierno británico no legislaba. El martes, Stormont (el parlamento de Irlanda del Norte) aprobó una moción no vinculante que pedía la prohibición de las prácticas de conversión “en todas sus formas” antes del final del período de verano. Los miembros de la asamblea legislativa rechazaron abrumadoramente una enmienda del DUP (Partido Unionista Democrático) que intentaba excluir las actividades religiosas, como la predicación, la oración y el apoyo pastoral, de la prohibición.

Los testimonios de sobrevivientes de prácticas de conversión LGBT+ son escalofriantes. Al combinar la identidad LGBT+ con un vicio o enfermedad, aquellos que intentan cambiar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género de las personas cis no heterosexuales se dirigen a las personas LGBT+ con abuso físico y/o emocional. En sus formas más extremas, las personas LGBT+ son sometidas a terapias de choque, inanición, aislamiento y la denominada “violación correctiva”. Con mayor frecuencia, las víctimas se ven obligadas a rechazar su identidad innata por ser pecadora o incorrecta mediante formas desacreditadas y dañinas de psicoterapia o asesoramiento religioso.

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El término “terapia de conversión” es en sí mismo un nombre inapropiado. No hay evidencia de que la homosexualidad pueda “convertirse” en heterosexualidad o que la identidad de género de una persona pueda ser alterada coercitivamente. Por otro lado, existe una fuerte evidencia de que las prácticas de conversión LGBT+ causan un daño extenso. La depresión y la ansiedad, los malos resultados educativos, la ruptura de relaciones y la falta de vivienda se encuentran entre los impactos a largo plazo. Un número cada vez mayor de estudios destaca el costo para la vida humana en sí: la probabilidad de ideas suicidas entre las personas LGBT+ casi se duplica después de su exposición a las prácticas de conversión.

Mientras el Reino Unido considera si unirse a las crecientes filas de varios otros estados y regiones al prohibir las prácticas de conversión LGBT+ dañinas, algunos afirman que esta medida contraviene la libertad de religión o creencias. Es apropiado y, de hecho, responsable estar preocupado siempre que las regulaciones estatales propuestas parezcan invadir nuestros derechos humanos fundamentales. Pero las medidas legislativas que prohíben a las personas e instituciones intentar cambiar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género de una persona promoverán los derechos humanos y no violarán el derecho a la libertad de religión o creencias.

Protegido por el derecho internacional por el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Declaración de 1981 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Creencias, el derecho a la libertad de religión o creencias tiene como objetivo promover la agencia de individuos para formar y perseguir sus propias creencias religiosas o no religiosas, solos o con otros. El derecho es bipartito. El fuero interno de un individuo, el espacio mental privado donde se forman las creencias y los pensamientos, tiene protección legal absoluta. Por el contrario, la dimensión externa del derecho (la libertad de manifestar la propia religión o creencias) puede ser restringida por los estados, pero solo cuando sea necesario para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Como tal, la capacidad de un individuo para creer lo que desee sobre la sexualidad o la diversidad de género, incluso si requiere tratamiento, está protegida por el derecho a la libertad de religión o creencias. Sin embargo, manifestar esa creencia apuntando a las personas LGBT+ con intentos de cambiar o reprimir su orientación sexual o identidad de género que infligen daño no es una práctica protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los países ya restringen las manifestaciones religiosas para proteger de daños a quienes se encuentran dentro de su jurisdicción. Las prácticas religiosas o culturales como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado y los asesinatos por “honor” se condenan con razón como abusos contra los derechos humanos, y muchos países penalizan su comisión. Sin embargo, algunos prestan menos atención cuando se trata de poner fin a las prácticas dañinas de género que se caracterizan con menos facilidad como “contrarias a los valores occidentales”. El hecho de que las prácticas de conversión se lleven a cabo dentro de casi todas las principales comunidades religiosas en el Reino Unido no puede ser una excusa para que el estado lo trate de manera diferente a otras prácticas de género que constituyen y causan un daño grave.

Las afirmaciones de que una propuesta de prohibición de las prácticas de conversión daría lugar a que los sacerdotes y otros líderes religiosos fueran procesados​​si predican contra la homosexualidad o expresan su desaprobación de la diversidad de género son infundadas. Algunos han propuesto salvaguardias tanto para la libertad de religión o de creencias, como libertad de expresión, al incluir una definición de prácticas de conversión que requiera que (i) sea el objetivo una persona o clase de personas específica; (ii) por su orientación sexual o identidad de género; y (iii) con el propósito de cambiar o reprimir su orientación sexual o identidad de género. No se prohibiría a las personas discutir o explorar su sexualidad o identidad de género con sus líderes religiosos (o un terapeuta) sin juzgarlos, cuando haya una exclusión explícita bajo la prohibición. Además, este umbral excluiría la enseñanza religiosa ordinaria y la atención pastoral adecuada.

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Los estados no pueden obligar a los líderes religiosos a cambiar sus creencias sobre la sexualidad o la diversidad de género. Pero los estados tienen el poder de proteger a su gente de cualquier daño. Poner fin a las prácticas de conversión LGBT+ es necesario para defender y proteger los derechos fundamentales de la vida, la salud, la igualdad y la libertad del trato cruel, inhumano y degradante de las personas LGBT+. Numerosos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (incluido el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el experto independiente sobre violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) han reiterado esto y exigen la prohibición de las prácticas de conversión.

Una parte innata de la propia identidad, la orientación sexual o la identidad de género de una persona no debe buscarse para ser “tratada” mediante prácticas nocivas porque difiere de la mayoría o porque no se ajusta a determinadas enseñanzas religiosas.

 *Ahmed Shaheed es relator especial de la ONU sobre libertad de religión o creencias.