La elección violenta que no queremos ver

Durante las elecciones de 2018, la consultora Etellekt registró 48 asesinatos de personas que aspiraban a cargos electivos. El 5 de mayo de este 2021, la misma empresa ha publicado un informe sobre el proceso en curso. La cifra de lo ocurrido entre septiembre y abril es ya de 31 asesinatos de aspirantes (seis eran mujeres). Sin importar que sus precandidaturas o candidaturas les dieran mayor visibilidad, fueron víctimas del poder impune con el que opera el crimen en muchas regiones.

El reporte muestra que la violencia en el contexto comicial tiene rostros distintos contra políticas y políticos, que incluye violencia sexual, secuestros, extorsión, atentados contra sus familiares, amenazas y acoso, entre otras. Una realidad que lejos de disminuir se habrían incrementado. Suman 476 agresiones hasta el corte de caja realizado.

No solo se mata a quienes formalmente buscan o han obtenido ya una candidatura. En ese periodo de siete meses, 91 servidores públicos sin militancia habrían sido asesinados y 79 militantes de casi todos los partidos fueron víctimas de homicidio doloso en el contexto de esta elección. Veracruz está a la cabeza, aunque prácticamente todas las entidades han tenido casos.

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Once estados concentran más del 70% de los asesinatos políticos. Veracruz se ubica en el primer lugar con 45 víctimas, luego Guerrero con 23, Oaxaca y Michoacán 20, Puebla 18, San Luís Potosí 15, Estado de México y Tabasco 14, Quintana Roo 12, Ciudad de México 11 y Guanajuato 10.

Mayo no está considerado en ese corte, pero es cuando el foco de la agenda pública nacional ha mostrado indignación. Se han dedicado primeras planas a la violencia contra candidatas y candidatos que hoy se expresa con toda crudeza y tenaz nos recuerda su vigencia, aunque no la queramos ver.

En Sonora, el 13 de mayo el candidato Abel Murrieta, postulado por Movimiento Ciudadano (MC) para gobernar el municipio de Cajeme, fue baleado en pleno acto de campaña. Perdió la vida en el lugar sin que haya responsables en la cárcel todavía. El 25 de mayo en Guanajuato, Alma Barragán, candidata también de MC para gobernar el municipio de Moroleón, murió asesinada con disparos a quemarropa en pleno evento proselitista. Sus agresores siguen impunes.

Las agresiones, secuestros y asesinatos son un síntoma de algo mayor, la idea de que se trata de un asunto focalizado o solo del ámbito municipal es equivocada. En 2018, la realidad nos demostró que también los candidatos federales pueden asesinarse a la vista de todas y todos. En junio de ese año el priísta Fernando Purón, candidato a diputado federal por Coahuila, salía de un debate realizado en el auditorio de la Universidad Autónoma del Estado. Su asesino le disparó a la cabeza a escasos centímetros, sin importar la seguridad que supone un evento de esa naturaleza. El hecho dejó testimonio en un dramático video que circuló en redes sociales.

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En 2010, a pocos días de la elección por la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien era el candidato puntero del PRI, también fue asesinado.

Las causas de la imparable violencia en la política son complejas y datan de muchos años atrás. Hoy los partidos de oposición y el que gobierna condenan al unísono los crímenes recientes contra sus candidatas y candidatos, pero, fuera del discurso hueco, reina la impunidad en la mayoría de los casos y también la simulación partidista que se dice indignada, aunque sabe que en mayor o menor medida es cómplice y parte del problema.

Con una mano, esa clase política condena enérgica la violencia en el país, el control criminal de plazas o la inacción de autoridades; con otra, toma cafecito comedida, pacta y postula a personajes como Jorge Hank en Baja California o Ricardo Gallardo en San Luis Potosí. La política es hoy víctima de la violencia implacable, pero cómplice también de sus motores profundos. Vemos sin ver.

@lmcarriedo