La embestida contra la UDLAP y el patrimonio privado

El 29 de junio pasado, el país fue testigo de un atropello indignante contra la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en su campus de Cholula. La incursión en la que participaron elementos armados de la policía estatal, que recibe órdenes desde el escritorio del gobernador Miguel Barbosa, tiene su origen en una perversa intencionalidad para apropiarse indebidamente del patrimonio privado de empresas, fundaciones e instituciones educativas.

Rafael Moreno Valle persiguió a la Fundación Mary Street Jenkins, amenazó con desaparecer a sus abogados e intentó controlar a la UDLAP en medio del contexto de una disputa familiar de los Jenkins de Landa, nietos de la estirpe de don William Oscar Jenkins Bidle, hombre visionario que transmitió a su hijo Guillermo una cultura empresarial exitosa que rindió frutos con negocios prósperos.

Guillermo Jenkins Anstead recibió la estafeta de un gran emporio, cuyo patrimonio fue encaminado a crear la fundación de asistencia más importante de América Latina. Los Jenkins, abuelo y padre, fueron grandes personajes del siglo XX en México, su obra filantrópica cambió el rostro a Puebla, entregaron recursos para la creación de cientos de proyectos enfocados al bienestar social, la educación, el deporte, la cultura y el arte.

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Caminar por el Centro Histórico de esa ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hace inevitable reconocer las aportaciones de la familia Jenkins, quienes respaldaron decididamente el desarrollo y modernización de Puebla. Su ánimo de cooperación también es notable en la escena nacional con donaciones al Instituto Nacional de Cardiología, el Museo del Palacio de Bellas Artes, la construcción de la Basílica de Guadalupe, la Cruz Roja Mexicana y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre muchas otras.

La extraordinaria obra de la Fundación Mary Street Jenkins guardó bajo perfil. A don William Oscar y don Guillermo no les gustaba ufanarse de esa labor, la discreción era una factor relevante en sus convicciones personales. Al paso del tiempo, el patrimonio de la fundación se convirtió en una insana tentación para diversos políticos que veían con oportunismo la posibilidad de apropiarse de esos recursos, cuyo destino se encaminó sin desviaciones hacia el bien común.

Inexplicables ironías del destino se hacen presentes en 2021 con una nueva embestida desde el gobierno poblano que encabeza Barbosa Huerta, para mostrar una versión recargada de los abusos realizados por su acérrimo rival en la entidad, fallecido en un polémico accidente de helicóptero en diciembre de 2018 junto a su esposa, entonces gobernadora. Ahora Barbosa reproduce con creces y flagrancia lo que prometió a los poblanos combatir para convencerlos de su voto.

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La ambición, excesos y brusquedades de Moreno Valle están siendo ampliamente superadas por un mandatario que desprecia la legalidad y arrebata con enfermizo sentido de pertenencia lo que no es de él, ni de su gobierno.

La embestida sobre la UDLAP es explicable desde el contexto de una infame ambición hacia la que, hasta el 29 de junio, era considerada una de las universidades de mayor excelencia en México.

La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, cuyo rimbombante nombre también resulta irónico y es controlada por el gobernador, violó dos suspensiones definitivas de amparo otorgadas desde el Poder Judicial de la Federación, dentro de ese organismo que impuso a un patronato espurio en la UDLAP y a su vez designó a un aparente nuevo rector, violentando los protocolos académicos para enquistar a Armando Ríos Piter en una condición de usurpador. Político cercano a Barbosa, con un pasado compartido en el PRD y el Senado de la República, el autonombrado “Jaguar” emprende una aventura salpicada de irregularidades en busca de legitimidad y arraigo que no tiene, tras su derrota como candidato en la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México, bajo el sello del partido creado por el impresentable Pedro Haces.

El ataque a la UDLAP compromete su calidad académica e indigna a sus estudiantes que han tenido que salir a las calles para rechazar el asalto.

Margarita Jenkins de Landa goza de una suspensión definitiva vigente, para no ser removida de la presidencia del patronato de la Universidad de las Américas Puebla, sin embargo atropellaron esa decisión y, por esa causa, se seguirá proceso contra quienes resulten responsables de un delito federal tipificado en la Ley de Amparo.

Se intenta también minimizar y dejar en el olvido la intervención con policías estatales armados dentro del campus de Cholula, para comenzar un rectorado que está viciado de origen.

La controversia familiar de los Jenkins de Landa comenzó cuando don Guillermo Jenkins Anstead separó a su primogénito de la fundación, lo que dicen sus cercanos, le provocó un colapso que derivó en su fallecimiento. Acompañados por su madre en la causa y los motivos de la confrontación fueron denunciados penalmente por su propio hermano, señalamientos de los cuales fueron exonerados en mayo de 2018 a través del no ejercicio de la acción penal resuelto por la entonces PGR, en poder de esta columna, que –al no ser controvertido en su oportunidad ante un juez de control– adquirió la categoría de cosa juzgada, es decir una condición inatacable desde el punto de vista jurídico.

Esa resolución fue ilícitamente autorevocada por la misma institución que ahora es la Fiscalía General de la República. Al reabrirse indebidamente la causa penal, la FGR omitió informar al juez que libró nuevas órdenes de aprehensión, que existía un no ejercicio de la acción penal. Así se consumó una vulneración escandalosa contra los derechos humanos y el principio de lealtad en las actuaciones de la fiscalía para no atropellar los derechos de los ciudadanos a los que constitucionalmente representa.

De esa monstruosidad se desprenden una serie de litigios irregulares que Barbosa conoce y sobre los que Ríos Piter debiera documentarse ante quienes lo han puesto en una posición vulnerable.

El ataque a la propiedad privada en Puebla además tiene otro ingrediente, ya que el domicilio de la Fundación Mary Street Jenkins fue trasladado a Jalisco para protegerse de la persecución que enfrentó con Moreno Valle. Esto significa que la intromisión de la Junta de Asistencia carece de jurisdicción.

La familia que tanto bien ha hecho a Puebla y que diariamente a través de sus instituciones de asistencia toca a más de 30 mil mexicanos para favorecerlos en sus necesidades, es brutalmente atacada en la ciudad que vio prosperar a sus ancestros.

Edictos

Focos de alerta se han encendido al rojo vivo entre los empresarios poblanos por las tensiones en la UDLAP. La embestida de Barbosa provoca enorme incertidumbre entre los presidentes de otras fundaciones que operan a nivel nacional. Las acciones ilícitas de apropiación patrocinadas desde el gobierno de Puebla generan también zozobra en otras instituciones educativas.

Patrimonio privado que está siendo atacado con flagrancia e impunidad en una época oscura que pretende realizar expropiaciones de facto bajo una falaz etiqueta de interés público, característica de una dictadura donde se pisotean derechos humanos y se usa la fuerza para imponer la voluntad del tirano.