El factor Zaldívar en las crisis del Poder Judicial de la Federación

Una conferencia de prensa inusual en la pandemia logró amainar una crisis inédita que ya tenía rasgos incontrolables dentro del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió bien el poder de la comunicación para enfrentar la tormenta que avizora menos nubarrones a los detectados hace una semana. Aunque tarde, el ministro Arturo Zaldívar despresurizó una bomba que pudo ser desactivada desde que entró en vigor la reforma judicial, eclipsada por un artículo transitorio injustificable a la luz de la Constitución como ha quedado plasmado en el impecable proyecto de resolución presentado por el ministro Fernando Franco González Salas.

Zaldívar coincidió con la apreciación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los posibles riesgos de regresión que perciben al finalizar el periodo para el que originalmente fue electo el togado, que indefectiblemente concluirá en diciembre de 2022.

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El jueves 5 de agosto, el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal ya conocía el sentido del proyecto sobre la Consulta Extraordinaria que él mismo solicitó al pleno, para dirimir un asunto que era de obvia resolución desde la perspectiva del decano del pleno que termina su periodo en menos de cuatro meses. El ministro Fernando Franco, intachable en su criterio jurídico e institucionalidad, propone en el único resolutivo de su proyecto:

“El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal así como las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal actualmente en funciones, deberán estar a lo dispuesto, respectivamente, en el artículo 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la duración de sus actuales cargos, por lo que, en ningún caso, se podrá aplicar el artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto, por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Contundente, claro y objetivo razonamiento para resolver un intento de ampliación que afectó profundamente la imagen del máximo tribunal y en particular de su presidente, quien dejó correr las semanas propiciando un desgaste innecesario, que terminó siendo insostenible.  

Zaldívar justificó su decisión, reconociendo que era plausible su permanencia por dos años adicionales para evitar que los alcances de la reforma, que atacan nepotismo y corrupción, fueran revertidos por quien le suceda en la representatividad del Poder judicial.

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“No obstante me parece plausible la intención de quienes han sostenido que sería una buena idea que continuáramos en la consolidación de esta trascendente reforma judicial y por lo cual agradezco al Congreso de la Unión la aprobación de ese transitorio en cuanto a su intencionalidad”. Así lo expresó ante los reporteros que cubren la fuente de la Corte, momentos antes de informar que concluirá su mandato en 2022, cuando termina el periodo para el que fue electo por sus pares. 

Indudablemente, el presidente del Tribunal Constitucional tomó una buena decisión que habilitó una válvula de escape ante las presiones, no sin antes dejar la percepción sobre la existencia de una corriente crítica dentro del pleno que no es afín a la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tratará de impulsar un perfil ajeno a la complacencia de la 4T para sucederlo el año próximo. A pesar del reemplazo del ministro Franco, que surgirá de una terna construida por López Obrador, en el pleno se mantendrán seis integrantes que podrían consolidar un bloque adverso a la hegemonía presidencial. Jorge Mario Pardo, Norma Piña Hernández, Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Javier Laynez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán podrían impulsar una candidatura de unidad para el relevo de Zaldívar. La ampliación del mandato, le quitaba a la Corte ese escenario.

La inédita crisis en el Tribunal electoral generó una tormenta perfecta que requirió de la intervención directa del timonel para dar una salida negociada a la confrontación pública entre los magistrados de la Sala superior, que pretendía ser controlada por los excesos de José Luis Vargas, el mejor aliado de Morena en esa institución. La insurrección de cinco magistrados logró bajar a Vargas, sobre quien pesa una ola de sospechas e investigaciones por presuntos abusos de poder y aparentes indicios de operaciones irregulares que son materia de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Zaldívar propició una conciliación que dio como resultado una tercera vía, que anticipé a ustedes la semana pasada en esta columna. Ni José Luis Vargas con su estilo prepotente y discrecional, ni Reyes Rodríguez, hombre cercano a Roberto Gil Zuarth, ex presidente del Senado y ahora dedicado de lleno al litigio en su despacho jurídico en el que persiste la imagen de cierto influyentismo para resolver los casos que lleva.

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Me parece que dentro de un mes, cuando concluya el interinato del magistrado Fuentes, Felipe De la Mata podría encabezar la presidencia del Tribunal. Se trata de un juzgador que goza de las consideraciones del presidente de la Corte y además encabezó el movimiento contra Vargas para acotarlo, exhibirlo y hacerlo a un lado finalmente.

A la Sala Superior le urge terminar con los escándalos, hacer un control de daños, remontar su percepción negativa ante la opinión pública y recuperar prestigio a base de resoluciones objetivas e independientes que den certidumbre a una democracia amenazada por el autoritarismo mesiánico que predomina en el Ejecutivo y Legislativo.

En los temas críticos, el ministro Arturo Zaldívar decidió sofocar el golpeteo, lo hizo en 48 horas. Desayunó con López Obrador, ofreció conferencia de prensa y se reunió por separado con los integrantes de la Sala superior para liberar energías con sismos controlados que evitaron un daño mayor. Al final del día se optó por no agotar los canales institucionales, se realizó un anuncio mediático sabiendo que el proyecto de Franco y los votos mayoritarios no estarían de su lado.  

Solo a un régimen sin visión de Estado le conviene el desgaste del Poder Judicial de la Federación, que se erige –todavía y a pesar de todo– como la última frontera para la arbitrariedad del poder político.

El asunto de la ampliación de mandato de los consejeros de la Judicatura no se agota con las declaraciones del presidente de la Corte, tendrán que resolverse las acciones de inconstitucionalidad que llevan la intención de expulsar del orden jurídico el tristemente célebre artículo XIII transitorio, para erradicar en definitiva la posibilidad de su aplicación en el futuro.

La sucesión de Zaldívar se ha acelerado, la cuenta regresiva de los 16 meses que le restan a su presidencia ha comenzado.

EDICTOS

Me uno a las muestras de solidaridad en torno a la periodista Azucena Uresti, amenazada cobardemente por un criminal que goza de salvoconductos inconfesables para delinquir a placer sin ser molestado. En un país con 98% de impunidad y un gobierno que minimiza 21 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio, lo único que nos queda es ejercer la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias.