En defensa de la autonomía universitaria: el caso de la UdeG

Recientemente, la Universidad de Guadalajara (UdeG) se ha visto envuelta en una disputa con el titular del Poder ejecutivo del estado de Jalisco debido a los ajustes a la baja que se realizaron al presupuesto aprobado a finales del año pasado para aquella (debiendo recordar que esta, como otras universidades, ya había sufrido una disminución en términos reales y por ello se habían generado recortes en diversos programas internos), ello con la finalidad de que con esos recursos se concluya el Hospital Civil de Oriente ubicado en el municipio de Tonalá, ascendiendo dicho monto a 140 millones de pesos.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, esta se trata de una institución que cuenta “con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios” y el artículo 6º de las misma ley le da la atribución en su fracción XI de administrar su patrimonio, señalando el artículo 3º que el estado debe dicha atribución. 

Cabe recordar que esa autonomía otorgada por la ley orgánica se encuentra reconocida por el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, una de las características de las universidades que cuentan con autonomía es la facultad que tienen para administrar libremente su patrimonio, debiendo apuntar que su presupuesto es año con año asignado por la legislatura local (en el caso de las universidades estatales) y aprobado por el órgano máximo de gobierno de las mismas, en este caso el Congreso General Universitario.

De esta manera, la UdeG está siendo afectada por una reasignación de presupuesto justificada por los órganos políticos de la entidad como de mayor utilidad, específicamente afirmando que es más importante concluir el Hospital Civil de Oriente que el Museo de Ciencias Ambientales.

Antes que todo se debe subrayar que el Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG es un proyecto esperado desde hace mucho tiempo y que, sin duda, además cumplir con una de las funciones primordiales de cualquier universidad, que es la difusión de la cultura, se espera que su aportación en las otras funciones principales que son la docencia y la investigación sea de mucha importancia. Además, con este tipo de proyectos se puede comenzar a generar en toda la sociedad la convicción de la necesidad de ser más amigables con el medio ambiente y de esta manera garantizar la propia supervivencia.

El plantear que prácticamente la terminación de una obra es excluyente de la terminación de la otra es un falso dilema, pues seguramente se pueden analizar más alternativas para que ambas obras de gran relevancia sean concluidas. Se está ante la presencia de dos obras que contribuyen al correcto ejercicio de derechos fundamentales tan indispensables como son la protección de la salud y la educación y, por ello, se debe esperar una mayor voluntad y creatividad para que se realicen los ajustes necesarios buscando realizar ambas obras y respetando en todo momento la autonomía universitaria de la UdeG.

Una decisión unilateral como es la reasignación presupuestaria planteada es un claro atentado a la autonomía universitaria de una institución que presta el servicio de educación media superior y superior a más de 300 mil alumnas y alumnos y que ha realizado a lo largo de su historia aportaciones indispensables para el desarrollo regional y, como consecuencia, para el desarrollo nacional.

Hoy, a casi 30 años de otorgada jurídicamente la autonomía a la UdeG, es buen momento para reflexionar sobre la importancia que las universidades públicas autónomas han tenido en el desarrollo de la sociedad mexicana y, desde luego, para defender una conquista histórica que lo único que debe admitir es ser progresiva en diversos aspectos. En el caso concreto, el aumento paulatino del presupuesto asignado a estas instituciones es primordial para responder satisfactoriamente a las exigencias de una sociedad cada vez mayor en número y a las complejidades que plantean estos tiempos.