En defensa de la certificación médica

Abogado. Colimense. Entusiasta de la teoría del derecho y el derecho administrativo. Consultor privado en gestión de riesgos normativos. Autor de un libro sobre Pemex y su naturaleza jurídica. Aprendiendo cada día más del derecho a la salud. Escribo de este tema y algunos otros. Twitter: @Chemoncossio

En defensa de la certificación médica

Abogado del ITAM y maestro en derecho de la salud por la Universidad de Loyola en Chicago. Trabajó en la Suprema Corte donde se especializó en casos sobre salud. Profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM. Conferencista y consultor. Orgullosamente Puma. Twitter: @davosmejia

En defensa de la certificación médica
Foto: José Pazos/EFE.

A lo largo de los tres primeros años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que los servicios de salud sean prestados en condiciones que favorezcan a que las personas más pobres del país tengan mejor y mayor acceso a estos. Dicho en otras palabras, que las diferencias entre la atención médica que reciben las personas con más ingresos y aquella que corresponde a las más desfavorecidas se reduzcan. Este compromiso fue reafirmado por el presidente durante su tercer informe de gobierno cuando señaló que no se desprotegerá a las personas más pobres y que no se retrocederá en garantizar más y mejor sus derechos, entre los que mencionó el derecho a la salud.

Entre los distintos retos que enfrenta nuestro sistema de salud, uno que ha sido identificado por el presidente es la falta de personal o su mala distribución. Este desafío ha sido heredado y es multifactorial. Algunas de las causas por las cuales México se encuentra por debajo de la media de médicos por cada mil habitantes de la OCDE son: proliferación escuelas de medicina de baja calidad, falta de presupuesto en universidades públicas, escasez de infraestructura para formar especialistas, falta de plazas dentro de instituciones públicas o la inseguridad en lugares donde se prestan servicios, por mencionar algunos. A pesar de lo anterior, existen visiones simplistas que identifican como única causa de esta problemática a la certificación médica obligatoria. 

Por ello resulta importante tener presente que la formación de personas que practican medicina general y medicina de especialidad es el resultado de un proceso amplio y debidamente normado. La práctica médica requiere de la obtención de un título profesional, para lo cual además de cumplir satisfactoriamente con un sistema escolarizado, las personas interesadas deben acreditar un periodo de formación teórico-práctico dentro de un hospital (internado) y realizar un servicio social. 

En el caso de la medicina de especialidad, en primer lugar se requiere de la obtención de un puntaje determinado en el Examen Nacional de Residencias Médicas (Enarm). El número personas que podrán ingresar a una especialidad depende del número de hospitales (sedes formadoras) y de los recursos destinados a las becas que recibirán. No todo hospital puede formar especialistas, para ello requiere pertenecer al Sistema Nacional de Residencias y contar con el aval académico de una universidad del Sistema Educativo Nacional. En segundo lugar, las personas deberán cursar y aprobar satisfactoriamente el programa de la especialidad que hayan elegido y por último, deberán obtener un certificado con el cual se garantiza que, sin importar dónde se haya estudiado, se tienen las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para proteger la salud de las personas.

Como puede observarse, las distintas causas de la falta o mala distribución de médicos especialistas pueden identificarse a lo largo del proceso de formación, mas no en su parte final como lo es la certificación. Sin embargo, en los últimos meses y en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país, han surgido algunas voces que, desde el legislativo o en asociaciones que se dicen afines al gobierno, pretenden que se elimine la certificación médica contrariando las intenciones del presidente de la República de no retroceder en la protección equitativa del derecho a la salud.  

De manera deliberada estas voces han construido falsos argumentos a través de los que pretenden atribuir a la certificación algunas de las deficiencias sistémicas heredadas –como la falta de sedes formadoras o la mala distribución de especialistas– para justificar la supresión de un sistema eficiente de control de la calidad de la formación profesional para imponer un modelo en que el Estado deje de cerciorarse de que las personas cuenten con la habilidades, destrezas y conocimientos mínimos necesarios para proteger la salud de las personas.

Uno de los mecanismos existentes para minimizar la inequidad en la calidad de los servicios de salud es la certificación de las personas que practican medicina de especialidad, pues a través de este se garantiza que, con independencia de las condiciones socioeconómicas de los pacientes, los servicios de salud que recibirán tendrán una calidad uniforme. 

Por ello resulta extraño que estas voces, en contradicción con el mensaje presidencial, impulsen una falsa solución a los problemas existentes con una medida que pareciera más bien favorecer los intereses de ciertos particulares en vez de promover que los pacientes reciban atención médica de calidad sin importar el lugar o el tipo de institución donde la reciban.