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Políticas públicas

Servicio social en Medicina: la urgencia de terminar con un esquema obsoleto

Cada año, miles de pasantes de Medicina realizan, de manera obligatoria durante 12 meses, el servicio social en áreas rurales y urbanas del país. Muchos son víctimas de violencia y comparten las mismas condiciones laborales precarias.

Foto: Mulyadi/Unsplash.com

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Aquella tarde de julio de 2020, Mariana Sánchez y su madre se sentaron frente a la computadora con emoción en el rostro. Había llegado el momento de que la estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas eligiera, por las calificaciones que tenía, el lugar donde realizaría su servicio social. La joven, de apenas 24 años, tecleó, dio algunos clics y abrió el sitio web donde estaban listadas las opciones. Inmediatamente todas aparecieron ocupadas, incluso la que ella quería: la plaza del municipio chiapaneco de Teopisca, a una hora de su casa en Tuxtla Gutiérrez. 

“Le gustaba ese lugar, soñaba con estar ahí”, recuerda su madre, María de Lourdes Dávalos. “Pero empezamos a ver que pum, pum, pum, todos los puntos ya estaban ocupados inmediatamente. Dije: ‘qué raro’. No le dio tiempo ni siquiera de escoger”. Quedaban tres opciones, ninguna cerca de su casa: eran comunidades rurales en los límites de la frontera con Guatemala. Sin más alternativa, Mariana inició a los pocos días su servicio social en el centro de salud de la población indígena Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo. “Se fue a donde la mandaron, en condiciones muy deplorables. En un principio sí le advirtieron que estaba en una zona peligrosa, pero ella nunca se quejó de que iba a atender a la gente de allá que lo necesitaba”.

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Durante seis meses dio atención médica en aquella clínica. Y en ese tiempo también lidió con el acoso sexual de uno de sus compañeros, con la indiferencia de los funcionarios ante quienes se quejó de la violencia que enfrentaba, con las condiciones precarias en las que vivía y con la falta del pago que debía recibir como pasante. “Se sentía muy insegura. Tampoco había mucho que comer, no tenía dónde preparar sus alimentos porque no tenía ni estufa, ni refrigerador. Para ir al baño tenía que atravesar un terreno. Fue demasiado incómodo, (vivió) muchas carencias”, dice su madre. El 28 de enero fue hallada muerta en su cuarto.

Cada año, miles de pasantes de Medicina realizan, de manera obligatoria durante 12 meses, el servicio social en áreas rurales y urbanas del país. El último dato actualizado de la Secretaría de Salud (SSA) indica que, tan sólo en 2018, 13,121 pasantes ofrecieron sus servicios en clínicas, hospitales e institutos nacionales de salud de la SSA federal y estatales, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Y muchos comparten las condiciones laborales precarias. 

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Sabemos que los profesionales de salud en formación padecen de acoso, abuso, vejación, son un poco dejados a la buena de dios”, dice Andrés Castañeda, médico cirujano y coordinador de la causa de salud y bienestar en el colectivo Nosotrxs. “Esto ya es como una especie de tradición que va desde lo muy leve –cosas como ‘te toca el desayuno’ o hacer los trabajos que nadie quiere– hasta temas mucho más complicados como es el acoso, el abuso sexual y la violencia física”.

¿Qué porcentaje de los pasantes son víctimas de violencia o delitos mientras realizan su servicio social? La cifra exacta se desconoce. No todas las denuncias llegan a un concentrador federal, algunas se quedan sólo en quejas en las universidades, otras en las instituciones de salud donde los estudiantes prestan los servicios, unas cuantas llegan a las fiscalías y otras ni siquiera se denuncian, coinciden especialistas consultados por La-Lista.  

“Hay varios papers publicados al respecto y las cifras varían muchísimo: desde 20 o 30% de los pasantes hasta 50 o 60%, depende de cómo se catalogue. Pero estos datos no los vamos a poder tener mientras no exista un sistema que garantice la seguridad de quien denuncie, porque hay mucho miedo”, detalla Castañeda. “Si de por sí no se denuncian este tipo de cosas en el mundo, mucho menos en estos espacios porque las personas están muy vulnerables, hay una convivencia muy estrecha con un sistema jerárquico fuerte y con una vulnerabilidad tremenda porque de eso depende el futuro del médico en formación”.

A inicios de febrero, La-Lista lanzó una encuesta dirigida a estudiantes de Medicina y médicos titulados a fin de conocer su experiencia en el servicio social. De 37 respuestas recibidas, el 54% respondió que durante ese año fue víctima de algún tipo de violencia o delito. Las agresiones varían. El 30% fueron agresiones o intimidaciones por parte de miembros de la delincuencia organizada; 25%, hostigamiento y amenazas de los responsables del centro de salud, clínica, hospital o instituto, y 30%, agresiones verbales y físicas por parte de pobladores, pacientes o familiares de estos. El 15% restante está asociados a largas jornadas laborales y falta de un sueldo digno. 

El servicio social ha experimentado problemas con la seguridad y también con la calidad desde hace muchísimo tiempo”, reconoce Manuel Avendaño, director de la Facultad de Medicina Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente, el debate gira en torno a abolir o reenfocar el servicio social. 

Condiciones detrás del servicio social

El servicio social en la carrera de Medicina es para todos. No importa si el alumno estudia en una universidad pública o privada, mucho menos si cursa la carrera en Baja California o en Chiapas. Es una obligación que nació el 19 de junio de 1936 con el objetivo de llevar atención sanitaria en poblaciones marginadas del país.

El marco legal que permite el servicio social es suficientemente robusto. Está regido por los artículos 3, 4 y 5 de la Constitución. También hay una ley reglamentaria del artículo 5to constitucional y está incluido en la Ley General de Salud y la Ley General de Educación. Y hay otras normas de menor jerarquía, como los documentos que emite la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013. 

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“El marco normativo ahí está y está muy bien hecho”, afirma el médico y abogado Mauricio Chavero. “El problema es que no se cumple: hay autoritarismo y explotación porque no les dan un sueldo digno ni prestaciones laborales a pesar de que la NOM lo diga. Y, a pesar de que también lo establece la Constitución, en el servicio social no hay derechos humanos para los pasantes, no hay rendición de cuentas para las autoridades, no hay transparencia. Y el servicio social ha sido autoritario con el PAN, con el PRI y con Morena, es un problema más de fondo”. 

Durante un año, los pasantes se convierten en trabajadores de la salud, aunque no cuenten con los mismos derechos laborales. La beca mensual que reciben los estudiantes de Medicina va de 2,100 a 3,600 pesos, cambia según lo urbanizada y alejada que esté la comunidad donde se presta el servicio, pues los estudiantes eventualmente tendrán que quedarse a dormir ahí. Cifras de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud indican que en 2019 se otorgaron 1,046 becas de 2,100 pesos, 1,847 de 2,420 pesos y 5,225 de 3,673 pesos. Ninguna de 3,576 pesos. 



“El artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo 5to constitucional dice que es un trabajador que tiene que tener una retribución suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades, pero los pasantes no tienen suficientes ingresos para vivir dignamente”.

Arturo Larios* estudió en la Universidad de Guadalajara e hizo su servicio social en 2005. La beca que recibía era de aproximadamente 500 pesos mensuales. “Me comía las sobras de refrigerador o no comía en las noches. Mis papás me ayudaban, pero no ajustaba para comer tres veces al día. Ya al final del año, me hice amigo de una paciente, me invitaba o me llevaba de comer”, cuenta a La-Lista. “También me iba los viernes en la tarde, eso reducía más los gastos. No sé si todos pasaban por lo mismo, pero mi familia era de bajos recursos”.

En 2012, Omar Fernando Ramírez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM, publicó la investigación Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social en la revista Perfiles educativos. Una de las conclusiones fue que el pago que recibían los pasantes “no les permitió sufragar los gastos para vivir de manera digna e implicó que siete de cada 10 recibieran ayuda económica de alguien más para mantenerse. La ayuda provino de familiares consanguíneos, principalmente de los padres y los hermanos”.

La beca que debía recibir Mariana, por ejemplo, era de unos 3,000 pesos. “Se los iban a pagar cada tres meses”, detalla su madre. “Ella se fue a principios de agosto, se lo pagaron a finales de octubre. En diciembre de nuevo le anunciaron que le iban a pagar hasta febrero. Los primeros tres meses fueron sin absolutamente un centavo, suponíamos que se iban a regularizar cada mes, pero ya en diciembre les dijeron que les iban a pagar hasta febrero”. Ante la situación, la familia financiaba su estadía. 

“El servicio social de trabajar un año en una clínica es totalmente explotación y es injusto tanto para los médicos como para los pacientes”, asegura Chavero. “Hay una doble injusticia: para los médicos y para el personal de enfermería que hace servicio social igual y también es injusto para los pacientes”.

Los defensores del servicio social tienen un argumento para mantenerlo: los pasantes de medicina ayudan a subsanar un ‘hueco’ de atención médica principalmente en comunidades rurales. Los detractores consideran que es fundamental que se corrija esa brecha, pero no con estudiantes. “Es hora de desaparecer el servicio social, es mano de obra barata para el gobierno”, considera Xavier Tello, analista y asesor de políticas sanitarias. “Si el gobierno quiere cubrir las plazas de los consultorios rurales, que les ponga médicos y que pague por ellos”.

La-Lista solicitó a la Secretaría de Salud una entrevista, a fin de conocer el impacto que tiene el rol de los pasantes en las comunidades rurales y las consecuencias si, en algún momento, dejan de prestar su servicio. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no respondió a la solicitud.

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Apuesta por el silencio

Hace cinco años, la Universidad Autónoma de Baja California enviaba a pasantes de servicio social a Sonora. Brindaban atención en pueblos alejados de los centros urbanos y en la sierra.  “Ahí fue donde tuvimos algunos problemas serios, hubo participación de la delincuencia organizada”, admite Avendaño. “Tomamos cartas en el asunto inmediatamente y retiramos al pasante de su unidad de servicio social y lo trasladamos a la escuela. Le reasignamos otra plaza que tuviera mayor seguridad”. 

Decidieron no volver a enviar a ningún estudiante a aquel estado. La consecuencia: le quitaron esas plazas a la universidad. “Pero como no nos interesaba conservar plazas que son inseguras, pues para nosotros no hubo problema. Ahora todavía algunos pasantes van a Sonora, pero son generalmente muchachos que estudian en Mexicali pero son originarios de allá. Y ellos, de manera deliberada, solicitan hacer el servicio social allá puesto que están cerca de su familia y lo hacen bajo su riesgo, porque con base en esos problemas que tuvimos hace algunos años, decidimos ya no ofertar plazas allá en Sonora”.

Carlos Nájera* estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace unos 10 años se fue al municipio de Galeana a cumplir con el servicio social. Su experiencia, revela, fue mala. “Se estaba en el peor momento de la guerra contra el narco, a un compañero lo levantaron, a una compañera la amenazaron, estaban dejando encajuelados afuera de dos centros de salud”, recuerda. “Decidimos hacer una junta con el jefe de la jurisdicción para ver por la seguridad. Dijo que nos arregláramos como mejor fuera conveniente con la población. Al enterarse el resto de las jurisdicciones, decidieron hacer lo mismo”. 

Pedir mayor seguridad para él y sus compañeros trajo consecuencias. La jefa del servicio social de Nuevo León se enteró y le pidió que firmara su renuncia al servicio social. “(Estuvo) dos horas gritándome, insultándome y amenazándome con que no iba a recibir mi título. No le firmé. Al final, el jefe de la jurisdicción tardó dos meses en firmarme la liberación, me hizo dar múltiples vueltas”. 

Castañeda reconoce que es un problema generalizado. Las autoridades no cumplen su rol de salvaguardar la integridad de los pasantes y, en ocasiones, las escuelas sí apoyan a sus alumnos pero esto impacta en su historial académico. “Hay universidades que te respaldan por completo, pero esto implica perder toda la práctica, porque te quedas como pasante en la universidad pues no hay otras plazas, entonces toda esta experiencia que ibas a tomar en el servicio se pierde”, dice el activista.

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Mariana Sánchez también consideró renunciar, pero no quería perder tiempo. “En octubre me dijo: ‘voy a renunciar’. Pero lo pensaba mucho, no quería renunciar porque iba a ser lo mismo, iba a perder más tiempo y en lo que estaba muy enfocada era en terminar y titularse porque quería hacer una especialidad”. Su meta era estudiar pediatría. 

La-Lista solicitó a 47 universidades del país –entre ellas la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Panamericana y La Salle– información sobre si, en alguna ocasión, sus pasantes de Medicina habían sido víctimas de algún tipo de violencia o delito y el proceso que se sigue en el caso del servicio social. Únicamente respondieron la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Guadalajara y la Escuela Superior de Homeopatía. Las dos primeras aseguraron tener protocolos de atención que ya han puesto en marcha, la última dijo que nunca ha tenido un caso de este tipo. 

Un servicio social obsoleto

El servicio social como lo conocemos hoy es obsoleto y peligroso, no sólo para los médicos en formación sino también para los pacientes”, dice Castañeda. “Además se presta a corrupción porque muchas de las plazas se reasignaban, en muchas otras había aviadores y nadie se da cuenta de esto porque sí se da la atención a las comunidades, pero por un pasante”. 

El servicio social para atender a pacientes en comunidades marginadas debe evolucionar, para brindar seguridad a los pasantes, consideran los entrevistados. “No debe abolirse de un año para otro, pero sí en 10 años. Debe de cambiarse por unos programas que se llamen programas de primer trabajo para recién egresados de medicina. Les dirán: no te vamos a pagar tanto pero te vamos a dar prestaciones, seguro de vida, todas las prestaciones de ley y además te vamos a dar cursos para que vayas especializándote”.

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Obviamente se pueden mejorar las condiciones. Definitivamente la labor que realiza un prestador de servicio social es de entrega total”, considera Patricia Yokogawa, coordinadora de Extensión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.

Avendaño, por su parte, propone que las plazas de este tipo migren a las otras dos opciones de servicio social con la que cuentan muchos estudiantes de Medicina. La primera, las plazas de vinculación: enfocadas en realizar investigación a favor de la salud. Las segundas, las institucionales: que consisten en brindar atención y programas de salud en escuelas o instituciones. 

En cualquier caso, las acciones deben ser inmediatas, según Chavero. “Mariana no es la primera y si no actuamos, no va a ser la última”. 

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