Ciencia criminal
Economía Aspiracionista

Economista el 95% del tiempo. Egresado del ITAM. Trabajó en IMCO desde hace 15 años. Hizo una maestría en economía agrícola en Inglaterra, pero no recibió un título nobiliario. Ha sido consejero: HR Ratings, CFE, Laureate International Universities, México Unido contra la Delincuencia, Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y México Cómo Vamos. Antes de la pandemia hablaba en eventos y conferencias; hoy lo hace por Zoom.

Ciencia criminal
Alejandro Gertz Manera, Fiscalía General de la República. Foto: www.gob.mx/fgr

La Fiscalía General de la República ha insistido en girar órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos e investigadores, miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), una de las instituciones definidas en la ley general de ciencia, tecnología e innovación como pilares del sistema nacional de esas materias. 

Por muchos años, he sido crítico del sistema nacional de investigadores y el sistema de investigación científica y tecnológica nacional. Creo que hay demasiado énfasis en las actividades científicas que no tienen una aplicación práctica. Los incentivos están puestos para que grupos de académicos construyan investigaciones donde unos se citan a otros, y la simple publicación de estos trabajos en revistas acreditadas resulta en ingresos extra para los investigadores. 

Sin embargo, esto es resultado de un sistema de propiedad intelectual deficiente. En México, los activos de propiedad intelectual son deducibles, hasta cierto monto (50 millones de pesos), del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de 2017. Esto limita los montos que el sector privado dedica a la ciencia, investigación e innovación. Un esquema en donde los montos de I+D se reembolsen si son exitosos, deberían ser el tipo de aliciente para construir una economía de conocimiento en México. Dentro de los países de la OCDE, la tasa marginal de subsidio para la innovación y desarrollo es 0.05%, para pequeñas y medianas empresas tecnológicas. El promedio de la OCDE es 0.20%. 

Por otra parte, tenemos una ley federal del trabajo que aún hoy considera que las innovaciones en el trabajo son propiedad del patrón. Esto inhibe que empresas y universidades sean semilleros de empresas tecnológicas donde los patentadores puedan dejar de ser empleados y sean socios de sus patrones, a partir de patentes que generen valor económico. 

Derivado de todo esto, el sistema de investigación científica en México depende de manera muy importante del sector público. Los embates contra la ciencia, pura y aplicada, empezaron desde que la directora del Conacyt, la doctora María Elena Álvarez Buylla, empezó a hacer pronunciamientos ideológicos al respecto del tipo de investigación científica que tendría que hacerse en México, condenando a la ciencia “neoliberal” y llamando a construir una ciencia “nacional”, que rescate el conocimiento ancestral de México. 

Lo que hacíamos antes con la comunidad científica, era ponerla a trabajar en el vacío. Después, la cuarta transformación nos trajo la idea, disparatada, que los científicos estaban siendo antinacionalistas. Hoy, estamos en un absurdo kafkiano: la cúpula científica de México, que son los que se agrupaban en FCCyT, son criminales. 

Investigar cuesta dinero. En unas disciplinas más que en otras; no me puedo imaginar a un nanotecnólogo haciendo investigación con materiales de la miscelánea. Por otra parte, presentar los resultados y estar presente en los congresos de investigación científica también cuesta dinero. Lo que México invierte en ciencia y tecnología es ridículo, como porcentaje del PIB. De acuerdo con la OCDE, en 2018 el monto fue equivalente al 0.01% del PIB.

En lugar de perseguir penalmente a los científicos (absurdo total), el gobierno actual debería abrir la discusión de cómo convertimos a México en una economía construida alrededor del conocimiento. Para ello, necesitamos libertad de investigación científica, no científicos en la cárcel. No me imagino que los gastos en los que incurrió FCCyT hayan sido excesivos, o inadecuados. Si hay algún mal manejo, es importante que haya sanciones proporcionales, legales y justas contra los directamente involucrados. Librar órdenes de aprehensión contra académicos, es un despropósito monumental, en un país donde los delitos de corrupción, en cuantías mucho mayores, terminan en la impunidad.