¿Tenemos demasiadas comisiones legislativas?
Tácticas Parlamentarias

Analista y consultor político. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Twitter: @FernandoDworak

¿Tenemos demasiadas comisiones legislativas?
El pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó crear nuevas comisiones ordinarias, subiendo su número de 46 en la LXIV Legislatura (2018-2021) a 48 en la actual. Por desgracia, volvió a imperar la necesidad de acomodar a personas en cargos, en lugar de la urgencia por fortalecer institucionalmente al órgano legislativo. ¿A qué me refiero?

Las comisiones son instancias especializadas de análisis y dictaminación de las iniciativas que se presentan al pleno. Eso implica que quienes las integran deben tener alguna motivación para profesionalizarse en un tema, ya sean los intereses de sus distritos en el caso de los diputados de mayoría, o el mandato de sus partidos para los casos de representación proporcional.

¿Cuántas comisiones debería haber? La recomendación: tantas como secretarías o ministerios del ejecutivo. Un número menor amplía demasiado el rango temático e inhibe la especialización. Uno mayor incrementa los costos de oportunidad de la persona legisladora para atenderlas debidamente, además de generar problemas de traslape de atribuciones entre comisiones al tratar un dictamen.

De hecho, a nivel mundial existe un promedio de 17.1 comisiones por órgano legislativo, según estudios de la Unión Interparlamentaria. Incluso países como Estados Unidos o Alemania no tienen más de 22 en cada una de sus cámaras. Naturalmente en el primer caso hay incentivos para la profesionalización como la división en subcomisiones o el sistema de antigüedad, donde las personas legisladoras hacen carrera dentro de cada una de estas instancias conforme se van reeligiendo.

Por lo general, las presidencias de comisión son asignadas al partido mayoritario, o a los partidos en coalición, pues se considera que tienen el mandato para impulsar su agenda. En algunos casos, se deja a la oposición las presidencias de comisión en temas que involucran la vigilancia al gobierno. 

¿Importa mucho que un partido de oposición presida una comisión? En realidad, no: las decisiones se toman por mayoría de sus integrantes, designados para reflejar la composición del pleno. Más bien las presidencias tienen un leve poder dilatorio, si pueden no convocar a sesiones, o cuentan con la capacidad de boicotear el quórum. Pero en todo caso, la decisión final sobre qué se aprueba o no recae en los órganos de gobierno de la respectiva asamblea.

Al contrario de cuanto se observa en la experiencia comparada, las cámaras del Congreso de la Unión tienen demasiadas comisiones, y su número ha tendido a aumentar desde los años 90 del siglo pasado, como se observa en la siguiente tabla:

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¿A qué se debe esto? A partir de los años 90 del siglo pasado, se pactó que las presidencias se dividirían entre los grupos parlamentarios, dándosele a presidencias y secretarías prebendas como staff, celulares, choferes, oficinas y hasta hace algunas legislaturas, sobresueldo. Como se observa en la tabla, entre 1994 y 2018 el número de comisiones en la Cámara de Diputados creció de 36 a 56, aunque en la LXIV Legislatura (2018-2021) se redujo a 45, por políticas de austeridad, subiendo ligeramente en la actual.

Hay otro elemento a considerar: durante muchos años no hubo reelección inmediata, por lo que se carecían de incentivos para la profesionalización. La razón: salvo que haya personas interesadas en una carrera local, o entren con el mandato del partido para atender un tema, de poco servía la especialización. Nadie que deja una cámara sabrá si volverá algún día. Además, las agendas cambian sustancialmente si pasan del nivel federal al local o viceversa. Cierto, hay personas cuyo valor reside en saber sobre un tema o rol de tal forma que los partidos los colocan en lugares seguros de sus listas, pero esos son las menos.

Al problema del incremento en los costos de negociación al haber más iniciativas que secretarías de Estado, las negociaciones se pueden complicar si la presidencia de la Mesa Directiva actuase según criterios partidistas si tuviese poder de turno, como en el Senado. Esto es: la capacidad de decidir a qué comisiones se enviaría una iniciativa para su dictamen. ¿Qué implicaría? Si una iniciativa es enviada a dos comisiones presididas por un partido, es señal que hay interés en impulsarla. De lo contrario, se busca dilatar su discusión.

Al haber algunas legislaturas más relevantes que otras, veremos a lo largo de la legislatura cómo éstas concentrarán casi toda la carga dictaminadora, mientras otras apenas sesionarán. Es una lástima que se haya pensado más en el acomodo político que en fortalecer al órgano legislativo y fomentar la especialización de sus integrantes.

Sobre el Grupo Parlamentario Plural

Ayer, cinco senadoras y senadores se separaron de sus respectivos grupos parlamentarios, con la intención de formar una nueva bancada. Según han declarado, buscan que la Suprema Corte de Justicia atraiga y resuelva el caso. Sin embargo, el planteamiento está destinado a fracasar.

Para empezar, la Constitución es clara al definir que los grupos parlamentarios deben corresponder con los partidos políticos. Además, el órgano legislativo es autónomo para definir sus reglas: ningún órgano jurisdiccional se atrevería a intervenir en este tipo de decisiones.

Aunque ya se ha intentado crear grupos parlamentarios durante una legislatura, como hicieron algunas diputadas y diputados del PRD, PT y MC para formar la bancada de Morena a menos de un año de terminar la LXII Legislatura (2012-2015), se les consideró como agrupación de legisladores independientes: sus prebendas se asignaron a discrecionalidad de la Junta de Coordinación Política.

¿Por qué solo se pueden formar grupos parlamentarios al inicio de la legislatura? Porque si pueden salirse cinco o más personas de sus respectivas bancadas y formar un grupo parlamentario, el órgano legislativo sería ingobernable al desaparecer algunos incentivos básicos para mantener la cohesión partidista.

Además, veámoslo con cinismo: ¿qué representa un grupo autodenominado plural, que dice no seguir líneas partidistas, aparte del ánimo por tener recursos y prebendas que corresponderían a las bancadas? 

Esto no significa que se apoye incondicionalmente a los partidos: tienen mucho por arreglar en materia de estructuras de mando, pluralidad interna y transparencia. Sin embargo, la propuesta del Grupo Plural es llevarnos a un gobierno de asamblea.

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