Los cambios en las reglas del sector energético
Perístasis

Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es autor de diversas obras, entre las que destacan los libros “Organismos Constitucionales Autónomos” y “Organismos Constitucionales Autónomos de las entidades federativas”. Es articulista invitado en medios como  “Nexos” y “Abogacía”, y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Los cambios en las reglas del sector energético
CFE, el centro de la reforma eléctrica de AMLO. Foto: Especial

El pasado viernes 1º de octubre se dio a conocer un paquete de modificaciones estructurales enfocadas al sector energético; siendo reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de nueve transitorios, que se traducen, entre otras cosas, en convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado (sin que hasta el momento se sepa qué implica a detalle lo que sería una suerte de nueva naturaleza jurídica) y desaparecer a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (ORCME).

Dicha propuesta ha encendido varias alarmas en el sector, pues desde distintas ópticas se considera que se trata de una iniciativa mejorable y, desde algunas otras, incluso innecesaria. Sin embargo, el presente análisis se centra en las modificaciones estructurales que implicaría la eliminación de los ORCME y este cambio en la naturaleza jurídica de la CFE. 

Los ORCME existentes en la estructura institucional del Estado mexicano son la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que si bien se preveía su presencia con anterioridad, fueron concebidos bajo esta naturaleza jurídica desde el año 2013.  

Al hablar de un ORCME se está asumiendo que se trata de instituciones con ciertas características que al parecer las separan del poder político; no obstante, al permanecer en el seno de la administración pública federal centralizada guardan con el presidente de la República una clara relación de subordinación (de ahí que sea un error asimilarlos a un organismo autónomo). Su principal objetivo es ser entes a través de los cuales el ejecutivo federal ejerza sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético, siempre en coordinación con la Secretaría de Energía y otras dependencias.

Por lo que hace a la CFE, luego de tratarse por muchos años de aquello conocido como empresa paraestatal, a partir del mismo año 2013 se trata de una empresa productiva del Estado, lo que conlleva que sea de propiedad exclusiva del gobierno federal, cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios y goce de autonomía técnica, operativa y de gestión. Además, también se le dieron diversas características que la asimilan a las empresas públicas y privadas con las que compite globalmente, buscando fortalecer su competitividad en un mercado ciertamente muy competido.

En la exposición de motivos de la propuesta analizada, se hace una crítica en la reforma que dio origen a la creación de los ORCME, afirmando que la misma “tuvo como objetivo sustraerle al Estado decisiones fundamentales encomendándoselas a organismos no responsables políticamente”. Debido a lo anterior, Se pretende que estos organismos desaparezcan para restituir dichas funciones a la Secretaría de Energía”.

Por su parte, dentro de los cambios sugeridos a diversos artículos constitucionales se busca “designar a la Comisión Federal de Electricidad como organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad como área estratégica, y dentro del sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”.

Como puede verse, la profunda reforma propuesta en los últimos días trasciende del sector eléctrico y tiene un impacto contundente en todo el sector energético. 

En principio, eliminar por una parte a los ORCME y cambiar la naturaleza jurídica de la CFE (y por lo visto de Petróleos Mexicanos por consecuencia de la reforma) es un duro revés a un andamiaje constitucional, legal e institucional creado hace menos de 8 años y que por consiguiente no llegó a madurar por completo. 

Derivado de lo anterior, se vuelve importante hacer una amplia reflexión respecto de las reformas que a menudo se propone hacer en México y con las que se pretende que la realidad cambie de manera automática e inmediata, teniendo en cuenta que este tipo de vaivenes resultan frecuentemente contraproducentes al implicar cambios en las reglas del juego, en este caso, cambios que pueden resultar altamente costosos.