¿Qué es el cabildeo?

A partir de la próxima semana, cuando el Senado haya aprobado la Ley de Ingresos, vendrá la negociación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados. Con ello, regresará a la discusión pública una palabra que, aunque se usa muchas veces para denostar como si se tratase de “coyotaje” o “tráfico de influencias”, es una actividad que no solo es legítima, sino que se le puede considerar como más relevante para incidir en la toma de decisiones que cualquier procedimiento participativo: el cabildeo.

Demos un pequeño rodeo antes de entrar en materia. El cabildeo lo realizan grupos de presión, los cuales persiguen las más diversas causas, económicas o no. Una definición de grupo de presión es un cuerpo que busca influir en el gobierno respecto a la asignación de los recursos públicos, sin pretender asumir responsabilidad alguna sobre su gestión. Cualquier agrupación o grupo de interés puede convertirse en grupo de presión bajo esta premisa.

Incluso se puede decir que la relación entre gobiernos y grupos de interés es hasta simbiótica. Para los segundos, el acceso a la esfera pública es necesaria para cambiar leyes o políticas públicas. Por otra parte, los gobiernos necesitan de las organizaciones para obtener información, consejo y colaboración. Algo más: podría en muchas ocasiones ser perjudicial para las instituciones públicas no tener contacto con los grupos, pues sus decisiones perderían legitimidad y se enfrentarían a un posible boicot o sabotaje.

Dicho lo anterior, el cabildeo consiste en las actividades que los grupos de presión van a realizar, ya sea por sí mismos o a través de intermediarios, para influir en las políticas públicas. Gran parte de tal actividad consiste en acumular información útil y encontrar maneras de canalizarla a quienes pueden incidir en la toma de decisiones. Esto requiere de conocimiento del tema, de los actores y de los procesos de toma de decisiones. Se requiere un gran conocimiento táctico y un don de relaciones públicas para hacer esto de manera exitosa.

Aunque los grupos de presión son externos al órgano legislativo, se entiende que las personas legisladoras pueden o no tener relaciones previas con éstos, sea laboral o de intereses. Lejos de ser algo malo, es natural mientras se declaren, lo cual es parte de los retos para regular la actividad. Es más, se esperaría que cada diputada o diputado se especialice en comisiones que tienen que ver con los intereses de sus distritos o grupos con los que tenga vínculos.

Existen muchas estrategias para cabildear, y no todas tienen la misma eficacia. Por ejemplo, es de poca utilidad bombardear al órgano legislativo con cartas, folletos, peticiones o, en estos tiempos de redes sociales, tuits o troleos. En cambio, puede ser de gran utilidad aprovechar los foros de consulta mal llamados “parlamento abierto”, o todavía mejor: hacer una labor de inteligencia para saber qué personas tienen el liderazgo o interés en algún tema particular, y desarrollar una estrategia articulada de incidencia.

El cabildeo tiene efectos positivos. Los grupos de presión pueden modificar una iniciativa, e incluso si no lo logran pueden ganar posicionamiento y poder de referente. Las personas legisladoras adquieren información útil, especialmente en órganos legislativos son poca estructura para adquirir o procesar información especializada, les ayuda a posicionarse ante la opinión pública y podría servirles para mejorar sus posibilidades de reelección. Finalmente, si la actividad es percibida como legítima, ayuda a liberar tensiones entre actores políticos y genera mayor aceptación a la democracia.

Sin embargo, la ausencia de una regulación adecuada puede llevar a problemas, acreditados o no, de conflicto de interés y actos de corrupción. De llegarse a ese escenario, la democracia puede perder legitimidad. Veremos eso a mayor detalle la próxima semana.