La primera detención por Pegasus en México: que sea más que una anécdota

Pasaron cuatro años de investigaciones científicas y periodísticas a nivel nacional e internacional, alrededor de 4 mil solicitudes de información vía transparencia y más de 15 mil personas que fueron blanco del gobierno de Enrique Peña Nieto (incluyendo el círculo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador) para que viéramos en México la primera detención de uno de los implicados en la intervención ilegal de comunicaciones en contra de periodistas, activistas, personalidades políticas y de la sociedad civil mediante el software espía Pegasus.

El lunes 8 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención y vinculación a proceso de Juan Carlos García Rivera, un empresario vinculado a la firma KBH Track. Dicha empresa ha sido identificada como intermediaria entre el gobierno mexicano y NSO Group, la compañía israelí que desarrolló el programa capaz de activar la cámara, el micrófono y acceder a las comunicaciones de mensajería y digitales sin autorización.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) obtuvo la orden de aprehensión en contra de García Rivera “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido públicamente como Pegasus”. La periodista en cuestión podría ser Carmen Aristegui, misma que fue señalada anteriormente por la FGR como denunciante y testigo en las indagatorias. La detención se realizó el 1 de noviembre.

Esto es una buena noticia, pero debe ser vista como un punto de arranque en las investigaciones sobre la intervención ilegal de las comunicaciones en México y en el camino para llevar a los responsables ante la justicia. Recordemos que en el entramado del abuso de la vigilancia electrónica están los actos de corrupción, malversación de los recursos públicos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas que van más allá de un intermediario.

El funcionariado público que liberó los recursos y adquirió las herramientas de espionaje, quienes tomaron la decisión de espiar sin justificación legal y sin empacho a quienes les eran incómodos, deben dar la cara y rendir cuentas sobre sus actos, y no quedar como una serie más de abusos (millonarios) de autoridad que permanecen en la impunidad. 

“Esperamos que esta vinculación sea el primer paso para desentrañar el entramado que involucra la utilización ilegal y abusiva desde el poder en contra de ciudadanos, de una herramienta que, como pocas, destruye los límites más elementales de la privacidad, intimidad y derechos fundamentales de los ciudadanos. Destruye también el andamiaje de protección que cualquier democracia debe garantizar a las personas e instituciones”, señalaron las organizaciones R3D, SocialTIC, Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Por cierto, la detención no le sentó nada bien a NSO Group. Un día después del anuncio de la fiscalía, la firma israelí envió un posicionamiento a la agencia AP donde se deslindó de la persona detenida: “no es, ni nunca fue, un empleado de NSO Group ni de ninguna de sus filiales”, dijo a la agencia, pero no aclaró si tuvo alguna otra relación con él o con las compañías identificadas por las autoridades mexicanas.

La investigación periodística mundial Pegasus Project identificó que más de 50 mil personas fueron blanco del software espía, 15 mil en México. Según NSO Group, el software es vendido únicamente a agencias gubernamentales. Y aunque la firma ha descalificado constantemente la investigación, esto no evitó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos la haya puesto en la lista negra de empresas con actividad maliciosa.

“Con esta decisión, el gobierno estadounidense ha reconocido lo que amnistía y otros activistas llevan años diciendo: el software espía de NSO Group es una herramienta de represión, que se ha utilizado en todo el mundo para violar los derechos humanos. Esta decisión transmite a NSO Group un enérgico mensaje de que ya no puede beneficiarse de los abusos contra los derechos humanos sin sufrir repercusiones”, apuntó Amnistía Internacional.

En México aún falta el esclarecimiento y el deslinde de responsabilidades. Entre los personajes que aún deben rendir cuentas están Tomás Zerón, quien fue un alto funcionario de Seguridad Pública durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y quien actualmente está acusado por tortura, desaparición forzada, desvío de recursos, entre otros crímenes. A Zerón se le tiene ubicado en Israel, pero el gobierno de aquel país se niega a extraditarlo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que durante las investigaciones sobre Pegasus y NSO Group estaba liderada por Santiago Nieto, informó en julio de este año que Zerón adquirió Pegasus en 2014 con un contrato por 32 millones de dólares firmado con otro intermediario, Grupo Tech Bull.

De acuerdo con las indagatorias de la UIF, durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto se erogaron 5 mil 914 millones de pesos para adquirir tecnología y servicios de espionaje electrónico. Una cifra que no sorprende si se recuerdan los antecedentes, como el hecho de que el gobierno mexicano, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han sido los principales clientes de otra firma de espionaje, la italiana HackingTeam.

La información filtrada por WikiLeaks en 2015 reveló que México fue el principal cliente para The HackingTeam, con contratos por 5 millones 808 mil 875 euros. Entre los principales clientes habría estado la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al haber pagado 1 millón 390 mil euros.

Otras 14 autoridades federales y locales fueron clientes de The HackingTeam, incluyendo el entonces gobierno del Distrito Federal, el Estado de México, Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán. Y los responsables del espionaje siguen impunes.

Ahí están, pues, las evidencias de que la vigilancia electrónica ilegal ha sido sistemática y con afectación al erario; durante varios años las autoridades han usado nuestros impuestos para adquirir tecnología que atenta contra nuestras libertades. Espero que con esta primera acción se abra el camino hacia la justicia que nos merecemos como sociedad y no quede como una detención que no trasciende lo anecdótico. No lo podemos normalizar.