Recortes, presupuesto del INE y revocación de mandato

El debate sobre el alto costo de la democracia en México hierve cada año cuando la Cámara de Diputados define presupuestos de instituciones electorales que incluyen una millonaria bolsa de recursos que se asignan a partidos políticos.

Para 2022 el INE tuvo un recorte considerable en relación a lo solicitado, poco más de 4 mil 900 millones de pesos frente a los 24 mil 649 millones de pesos que había pedido para desahogar sus funciones.

El monto tiene distintos rubros, aunque podemos dividir la petición original en 13 mil 84 millones de gasto operativo del Instituto, más un “presupuesto precautorio” adicional (así le puso el INE) de 5 mil 743 millones, divididos y etiquetados para organizar una poco probable consulta popular el próximo año (1 mil 913 mdp) y una muy probable revocación de mandato (3 mil 830 mdp). 

Además, están los 5 mil 821 millones que se destinan como bolsa de financiamiento público para partidos nacionales. Ese monto está blindado, el INE tiene que otorgarlo vía ministraciones y no se puede verse afectado por ningún recorte, porque se calcula por fórmula constitucional.

Del proyecto de presupuesto total solicitado, la Cámara no concedió 4 mil 900 millones, es decir, alcanzaría para todo el monto operativo y claro, para todo el monto de partidos, pero habría un problema con el “presupuesto precautorio” en caso de requerirse, aunque eso puede subsanarse reajustando partidas para equilibrar, como en otros años.

Lo dispuesto para la revocación de mandato y la consulta popular es asunto presupuestal pero también político. Digamos que el presupuesto aprobado permite hacer todo lo previsto para operación ordinaria del INE si no se reasignan recursos, pero en caso de no cambiar ningún rubro o encontrarse ahorros, aunque no queda en cero como se ha dicho, sí estaría muy debajo del cálculo el tema de la renovación de mandato, para lo que quedarían apenas unos 843 millones libres ya con todo y el recorte, en caso de que no haya, como no parece que vaya a ocurrir, otra consulta popular adicional a la revocación que estaba presupuestada en ese presupuesto precautorio. Para ser justos, hay que decir que la SCJN le dijo al INE que siempre tiene que prever recursos para consultas antes de pedir su presupuesto, por si acaso.

Es lamentable que se hagan recortes millonarios sin explicar las razones técnicas, pero tampoco es correcto exagerar deliberadamente los efectos de esos recortes y sugerir insolvencia total para cumplir con la revocación. 

Es verdad que si alguien pidiera el próximo año una consulta popular sería complicado llevarla a cabo por el presupuesto acotado, pero también es cierto que no hay esa consulta en el horizonte y que, entonces, los 1 mil 913 mdp etiquetados para ello no afectarían.

El tema de tensión apunta a la revocación, para la que estarían esos 843 mdp completos más lo que lograra reasignar de otros gastos previstos el INE (tendrá que hacerlo a menos que le den una ampliación). Sin duda es condenable un recorte de tal dimensión si no se explica, pero también sembrar la narrativa de que será imposible realizar la revocación.

El INE, igual que otras instituciones públicas, ya ha sido objeto de recortes frecuentes al monto que solicita año con año, eso ocurre incluso antes de que llegara el gobierno del presidente López Obrador, pero la realidad es que el instituto nunca ha dejado de cumplir con sus responsabilidades constitucionales, ha tenido que reasignar recursos, eso sí, y en esta ocasión no tendría por qué ser distinto, quedara apretado en algunas actividades, pero tampoco en la insolvencia total.

En 2018, de lo solicitado por el INE la cámara le bajó 800 millones; en 2019, el recorte frente a lo solicitado fue de 950 millones; en 2020 de 1 mil 71 millones y en 2021 (año de elección federal y consulta popular) de 2 mil 369 millones (870 millones de recorte al gasto operativo y el resto era lo solicitado para hacer la consulta popular). Para 2022 es de 4 mil 900 millones. 

Algunos argumentaron entonces, igual que ahora, que es justo bajar presupuesto al INE porque la política debe ser más austera y las y los consejeros bajarse el sueldo. Tienen razón en ambos puntos, pero es falso que los recortes tengan efecto directo en ello, ninguno tiene impacto en el financiamiento de partidos (porque es fórmula constitucional el millonario monto) y tampoco en reducir el salario de consejeras y consejeros (ese tema está, lamentablemente, en cancha de la SCJN ante por vergonzosos amparos que se presentaron).

Lo deseable es que se pida lo justo y que si se dan recortes se expliquen técnicamente y no solo se decreten con insultos o desplantes políticos, pero no ocurre ni una cosa ni otra. El INE, a la luz de la experiencia, sí puede hacer sus tareas sustantivas con menos dinero, aunque el congreso nunca argumenta en qué está excedido el presupuesto que se solicita, y parece así de pronto como si fuera una partida de póker en donde hay un poco de bluff en uno y otro lado para anticiparse a una verdadera insolvencia.

Dos ejemplos. En 2019 el Instituto sufrió un recorte de 950 millones de pesos frente al monto que había solicitado. Entonces, igual que ahora, pidió que se reconsiderara la decisión del Congreso y se diera una ampliación presupuestal, sugiriendo que como no alcanzaba usaría el primer semestre del año lo originalmente presupuestado para el pago de impuesto sobre la renta. Eso implicaba que, sin ampliación, el segundo semestre estaría en riesgo el pago del ISR.

Ante el recorte consumado, las gestiones para obtener una ampliación ya no pedían 950 millones, solo 619 millones que se consideraba lo mínimo suficiente, pero no hubo acuerdo ni ampliación de nada, cero, y de todos modos funcionaron bien las elecciones y se pagaron todos los impuestos.

Con el presupuesto 2021 sucedió algo similar respecto al monto dispuesto para la primera consulta popular (ya realizada). Ahí se negaron también los recursos “precautorios” solicitados para llevarla a cabo, la Cámara tampoco dio razones, solo hizo un recorte de más de 2 mil millones esa ocasión. El INE, como había ocurrido ya con el jaloneo sobre usar lo dispuesto para el pago de ISR o no un año antes, dijo (con algo de razón) que si no había recursos para la consulta popular pues sería imposible hacerla. Los recursos no llegaron y la consulta se realizó de todas formas, pero con mucho menos casillas que las originalmente previstas.

El INE había dicho esa vez que podría instalar 162 mil casillas, las mismas de la elección federal, pero con 1 mil 500 millones de pesos. No le dieron nada para eso y entonces, en un episodio extraño, dijo el Instituto que gracias a unos “ahorros” y reasignación de recursos había juntado unos 500 millones para hacer la consulta, pero solo con 57 mil casillas. La consulta tuvo poca difusión en radio y televisión frente a lo que ocurre en una elección federal, pocas casillas y poca participación.

Es probable que ocurra algo parecido. El discurso de insolvencia total cambiará al de revocación quizá con menos casillas, con un efecto de baja participación. Morena dirá entonces que fue boicot poner pocas casillas y el INE podrá revirar que el boicot fue no asignar el presupuesto solicitado. Suma cero, indeseable en un proceso de votación que no es un juego, que puede cancelar un mandato y requiere recursos suficientes que no se otorgaron del todo, que requiere también arbitraje imparcial y eso sí, muchos recortes a la estridencia de unos y otros.