Nueva ministra en la SCJN

Nuestro país se construyó bajo las bases del Estado democrático, donde la división de poderes tiene como finalidad proteger las libertades de todas las personas. Su propósito es poner límites al ejercicio de la autoridad cuando esta trata de sobrepasarse. Cuando trata de concentrarse en una sola persona todo el poder público.

Los pesos y contrapesos son necesarios para lograr un verdadero equilibrio y garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ser el espacio que permita salvaguardar los derechos de las minorías, donde se escuche la voz de la oposición y donde se detengan los excesos de los gobiernos en turno.

Es innegable que hoy el presidente de la República tiene concentrado no solo el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo se ha subordinado, se ha arrodillado. Ha perdido su independencia. Las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República han dejado de escuchar, no se permite el debate constructivo. 

En el Congreso de la Unión, el partido oficial solo obedece a los designios del presidente de la República. Utilizan su mayoría para aprobar –en muchos casos– aberraciones legislativas que terminan litigándose en nuestro máximo tribunal. Ante este panorama en el que se utiliza todo el peso del Estado para silenciar las voces disidentes, para minar a quienes piensan distinto, es que se requiere un Poder Judicial autónomo, independiente, transparente, libre e imparcial.

Cuando se tiene la razón pero no los votos, se hace necesario recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los derechos humanos sean garantizados, para que la Constitución sea respetada, para que las libertades sean salvaguardadas. Dada su importancia para el fortalecimiento del Estado de derecho, es necesario que ningún ministro cruce la calle hacia Palacio Nacional en busca de criterios sobre cómo resolver un tema, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe ser nunca una subordinada del presidente de la República. 

Hoy, la Corte está en un momento crucial: camina hacia el futuro, con autonomía e independencia o retrocede para ser una institución del siglo pasado. En la Suprema Corte, la ley no debe politizarse, la Constitución no debe politizarse. No debe obedecerse a intereses personales o de partido.

Esperamos que la Corte jamás se someta a intereses personales, ni de grupo, ni económicos, ni de partido. No se puede exigir otra cosa sino respetar la Constitución, y que nuestro máximo tribunal se conduzca con autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.