Cobrar derecho de piso a la economía digital en la CDMX

El 30 de noviembre, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local su iniciativa de Paquete Económico 2022 en el que se crea un impuesto del 2% sobre los servicios de entrega de paquetería, alimentos, víveres y cualquier tipo de mercancía, gestionados a través de plataformas tecnológicas. Esto aplicaría para las plataformas tecnológicas como Amazon, MercadoLibre, Didi, Rappi, Uber, así como emprendimientos como 99 minutos, iVoy o Dostavista.

“Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada“, dice la iniciativa.

Nótese el concepto: “uso y explotación de la infraestructura”. La propuesta, que busca ser incluida en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México a partir del próximo año, crea un gravamen a la economía digital por utilizar espacios públicos. El detalle es que la ciudadanía ya estamos pagando impuestos para dicho fin y que las autoridades deben administrar correctamente para su mantenimiento y mejora.

Este cobro suena más a un derecho de piso para la economía digital, pero que será cobrado por las autoridades capitalinas en lugar de las bandas del crimen organizado al tratarse de la exigencia de un pago para permitirles ejercer una actividad económica utilizando espacios públicos. Tan absurdo como si te cobraran un impuesto por utilizar la ciclovía para ir a trabajar porque cada vez la utilizan más personas. ¿Qué no para eso ya nos descuentan impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, predial, y demás cargas tributarias?

Al defender esta propuesta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que como ese impuesto lo pagarán las empresas, no tendrá afectación en los usuarios finales ni las personas que trabajan como repartidoras en estas aplicaciones. Pero la realidad es otra: recordemos que en 2020, cuando el gobierno federal empezó a retener el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas digitales como Netflix, Spotify o Amazon, los precios al consumidor aumentaron. Y es que, seamos honestos, las empresas que ofrecen servicios a través de las apps buscan rentabilidad, no hacer caridad con sus personas usuarias.

Dar por hecho que una carga impositiva por el “uso de infraestructura” no se reflejará en un aumento de precios a los consumidores finales; en un incremento en los costos de envío y de servicio en marketplaces como MercadoLibre, Linio o Amazon; en un crecimiento en las comisiones cobradas por las apps a restaurantes y comercios; o en una disminución en los ingresos que obtienen los llamados “socios repartidores” de Rappi, Didi o Uber es simplemente estar en total desconexión con la realidad económica.

Con este nuevo impuesto, la administración de Sheinbaum se perfila a ir más allá del conocido “Fondo Uber”, un fideicomiso creado en 2015 tras las protestas masivas del gremio taxista en contra de las aplicaciones digitales de transporte privado. 

La mecánica de dicho fideicomiso era que las empresas de movilidad como Uber, Didi, Cabify o Beat cobraban una cuota adicional de 1.5% en cada viaje solicitado para destinarlo a un fideicomiso que, en teoría, sería utilizado para la sustitución de taxis, mejora de la infraestructura urbana y para nivelar las condiciones de competencia entre los choferes de apps y los taxistas.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad del gobierno actual eliminó ese mecanismo en 2020, argumentando que su manejo fue opaco y se desconoce el destino que se dio a los recursos durante la gestión del gobierno anterior, encabezado por el ahora senador Miguel Ángel Mancera.

El problema ahora con este nuevo impuesto es que no busca reducir las inequidades en un mercado de libre competencia, sino tasar la modernización. Si en algún momento algún negocio quisiera implementar una estrategia digital que incluya el envío y rastreo a través de aplicaciones digitales, tendría que pagar un impuesto adicional a las cargas tributarias actuales. Esto desincentiva su modernización e implicaría una desventaja competitiva.

Diversas organizaciones como la Asociación de Internet MX, la Asociación Nacional de Transporte Privado, la Asociación Fintech México, la Coparmex CDMX, la Asociación Mexicana de Ventas Online y la Asociación Latinoamericana de Internet han advertido que esta medida tributaria, además de que atenta contra la reactivación económica, resulta inconstitucional pues va en contra del principio de equidad tributaria.

De igual manera, el despacho jurídico Basham, Ringe y Correa advirtió: “El cobro del aprovechamiento por el uso de la ‘infraestructura’ de la Ciudad de México a plataformas digitales, propuesto en la iniciativa, pudiera ser violatorio de derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales de los que México es parte, incluyendo posibles violaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”.

Resulta lamentable que, estando bajo un gobierno de corte “progresista”, la regulación a las plataformas digitales no tenga como prioridad el mejorar las condiciones laborales de los “socios” repartidores y conductores de las apps de transporte y reparto, y prefieran tasar el uso de un espacio que, por derecho, podemos utilizar todas y todos. Sería más aceptable si el gobierno hubiera creado una cuota destinada específicamente al otorgamiento de seguridad social, servicios y mejores condiciones de trabajo para quienes se han visto obligados a aceptar trabajos precarizados, pero se dio preferencia a cobrar derecho de piso a la economía digital.