La Corte, el último bastión frente a la militarización

”No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”.

Con esas palabras, el entonces precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador manifestaba su rechazo contundente a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad cotidiana, y prometía que, en caso de ganar la presidencia, los militares regresarían a los cuarteles en un plazo no mayor a seis meses.

Siendo sinceros, lo cierto es que la militarización del país no comenzó en el sexenio de López Obrador. Ya desde el gobierno de Felipe Calderón se advertía un claro incremento en las cifras de efectivos castrenses asignados a tareas de seguridad y fue precisamente en el periodo de Enrique Peña Nieto cuando se dio uno de los primeros pasos para otorgarle a la Armada el control total de los puertos civiles, mediante la reforma que puso en manos de la Secretaría de Marina la operación y manejo de las capitanías de puertos.

En ese contexto resulta innegable que todos esos gobiernos fueron cediendo poco a poco ante la tentación de otorgar más control a las Fuerzas Armadas, pero fue precisamente hasta que llegó a la silla presidencial el político que durante décadas prometió dar marcha atrás a este proceso, que la militarización se consolidó de manera innegable.

A tres años de gobierno podemos válidamente concluir que los militares no solo no regresaron a los cuarteles, sino que su presencia en la vida pública se acrecentó de manera considerable. 

Hoy la cifra de efectivos en tareas de seguridad rompe récord, superando incluso por el doble a las registradas en el segundo año del sexenio de Peña Nieto. En este régimen, los militares construyen obras de infraestructura del orden civil, administran puertos comerciales y hasta tienen a su cargo la logística y distribución de medicamentos en todo el país.

Afortunadamente para los mexicanos, la batalla en contra de la militarización se está dando en el frente judicial. A principios de 2021, un juez federal concedió un amparo mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad del acuerdo presidencial que habilitaba a las Fuerzas Armadas para realizar labores permanentes de seguridad.

Debemos recordar que en mayo de 2020, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se ordenaba la intervención del ejército de manera permanente en labores de seguridad.

En la sentencia pronunciada en el juicio de amparo indirecto 390/2020, el juzgador federal determinó su inconstitucionalidad partiendo del análisis de dos aspectos fundamentales:

1. La existencia de un vicio formal, pues el presidente de la República carece de facultades para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, toda vez que sus atribuciones constitucionales se limitan a la capacidad de disponer de dicha fuerza, pero únicamente dentro del marco regulatorio que emita el propio Poder legislativo. Esto es, el presidente tiene facultades ejecutivas, no facultades normativas.

2. El juez también refirió que dicho decreto presentaba un vicio material ante la ausencia de reglas que delimitaran la actuación del ejército en las tareas asignadas.

Y aquí, la sentencia retoma los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la actuación de los militares, para que resulte constitucionalmente válida, debe realizarse en forma extraordinaria, subordinada, reglada y fiscalizada. Aspectos que no se encuentran precisados y delimitados en el acuerdo combatido.

Sin embargo, todavía no podemos cantar victoria, pues la decisión definitiva sobre la constitucionalidad del citado acuerdo se encuentra en manos de nuestro máximo tribunal. Así, el pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó turnar al pleno del propio tribunal la controversia constitucional mediante la cual se impugnó el contenido del decreto aludido.

Dada la trascendencia de la decisión, la sala estimó que lo adecuado sería que fueran los 11 ministros constituidos en pleno los que analicen y decidan de manera definitiva si la orden presidencial atenta o no contra el orden constitucional. 

En el criterio de 11 mexicanos descansa el futuro del país, su decisión habrá de trascender más allá del propio decreto en análisis, pues si se valida una intervención permanente, esa misma lógica podrá utilizarse para otros aspectos de la vida pública; mientras que de rechazarse, será herramienta fundamental para acotar la militarización de una vez por todas.