Exigir más del sector empresarial puede promover mayor continuidad en el avance ambiental y social

En México, la mayor parte de la narrativa en medios es indiscutiblemente dominada por las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suelen enfocarse en temas políticos de corto plazo. Esto ofusca la cobertura de temas ambientales y sociales cruciales que impactan al país y que requieren de dialogo y de cambios estructurales. 

En temas ambientales, durante 2022 estará a prueba la reforma administrativa al sector ambiental mexicano que consolidó organismos como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todo mientras la deforestación y perdida de biodiversidad van en aumento. En temas sociales, la educación publica, que ya contaba con deficiencias, se enfrenta al reto de reintegrar a los más de 2.3 millones de estudiantes que salieron del sistema el año anterior a raíz de la pandemia, mientras que la violencia se mantiene en altos históricos reflejando la necesidad de una nueva estrategia de seguridad. 

El Reporte de Riesgo Global 2022 del Foro Económico Mundial destaca que los principales riesgos enfrentados a nivel global son: fracaso de acción climática, clima extremo, perdida de biodiversidad, erosión de la cohesión social y crisis de subsistencia. Estos cinco riesgos tienen una cosa en común, todos están claramente presentes en México y ninguno llega a titulares y mucho menos a las mañaneras, a menos que sea de manera secundaria ligado a alguna acción paliativa. Un ejemplo de esto es la deforestación y pérdida de biodiversidad que figuró en 2021 principalmente de la mano del programa Sembrando Vida –mismo que ha tenido resultados cuestionables–, mientras que no se llevaron a cabo acciones paralelas para reforzar las instancias encomendadas con monitorear y prevenir la deforestación.

Sin embargo, aunque el gobierno debe establecer política publica para abordar estos temas, hay otros actores que pueden influir en mitigar estos riesgos. El sector privado en particular tiene un impacto importante a través de sus operaciones físicas y políticas internas. Durante los últimos años se ha visto un movimiento global que exige que los negocios utilicen una estrategia integral que considere temas más allá de solamente sus ganancias tales como su uso de recursos naturales, utilización de energía, diversidad en su fuerza laboral, educación continua, y una política laboral justa. Considerar el medio ambiente, impacto social y gobernanza implica una estrategia de negocios ESG (por sus siglas en inglés). 

Este cambio impacta especialmente a empresas grandes que están listadas en la bolsa, ya que su acceso a capital será cada vez más restringido de no considerar temas ESG y corren el riesgo de no sobrevivir a la transición verde. Andrew Winston, experto global en estrategia sustentable de negocios, escribió: “Con una brecha fundamental en la habilidad del gobierno para resolver nuestros problemas más grandes, las empresas empezarán a enfrentarse a expectativas aun más altas de sus clientes, comunidades, inversores y empleados”.

Seguir las reglas no es suficiente, los negocios deben asumir una mayor responsabilidad con las comunidades en las que operan y con sus clientes. El lado positivo es que los negocios que utilicen un enfoque ESG pueden tener repercusiones importantes en el bienestar de sus empleados, en promover la inclusión social y en la protección del medio ambiente independientemente de la política del momento. Se debe exigir más del gobierno, pero también se puede exigir más de la clase empresarial.