Mutua vigilancia entre México y EU

Si pensamos que la visita que realizó a México la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se limita únicamente a explorar la propuesta de reforma al sector eléctrico, se podría incurrir en un error. Aún así, sin duda estuvo aquí para escuchar los argumentos oficiales que den garantía a los intereses de su país en este sector. Pero también para conocer de primera mano lo que se vive en México, incluyendo en materia de seguridad, ya que de esto depende que recomiende o no nuevas inversiones millonarias en México.

Pero el timing no fue el ideal –por lo menos para el gobierno de México– por varias razones: la primera, la posición radical expresada el miércoles por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, en el marco del parlamento abierto, en donde tajante aseveró que se requieren modificaciones constitucionales para tumbar, según sus propias palabras, el “esquema de despojo”, que empresas privadas han llevado a cabo para apropiarse de un mercado de más de 524 mil millones de dólares. Seguramente que esto retumbó en los oídos de Granholm, ya que en el sector hay intereses estadounidenses.

Otro punto que, sin duda, pegó en el ánimo de la funcionaria estadounidense, por cierto muy cercana al presidente Joe Biden, fue el informe que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se informa que en el 2021 se registró la escalofriante cifra de 34 mil 309 homicidios dolosos en México. Esto es de extrema alarma, ya que esta tendencia se encuentra en una espiral ascendente que no da tregua. En el 2015 esta cifra fue de 18 mil 312 asesinatos, sumando feminicidios y homicidios. Por supuesto, que este número sangriento atenta contra la confianza de algún inversionista interesado en México. Es de esperarse que Jennifer Granholm no sea ajena a esta realidad. Haciendo sumas y restas, en lo que va de la presente administración se han registrado 109 mil 297 homicidios dolosos, pero hay que reconocer que esto también es producto de años de omisiones institucionales y de la aplicación de políticas sociales que respondan a las necesidades más apremiantes de los sectores más vulnerables del país.

Otro punto que coincidió con la visita de la funcionaria estadounidense fue el dato sobre la Población Económicamente Activa (PEA), que fue dado a conocer por el Inegi, en el que destaca un crecimiento de 4.3 millones de personas, respecto al 2020. Si bien la cifra resulta positiva, aún está muy lejos de la que se requiere para empujar a la economía en estos aciagos años de pandemia. Esto también podría resultar un punto de debilidad de la presente administración.

Lo cierto es que las visitas recurrentes de funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos a México demuestran que Washington tiene los ojos puestos en lo que sucede en su vecino del sur, socio junto con Canadá, en el T-MEC, renovado en noviembre de 2018 y en vigor desde diciembre de 2019.

Para muestra de esta atención, o más bien, de este marcaje personal, son las visitas de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Del fiscal general, Merrick Garland; el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y del director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzalez; además de John Kerry, enviado especial para el Cambio Climático, quien estuvo en Palenque, Chiapas, para constatar personalmente la aplicación del programa Sembrando Vida.

Pero no todo es mirar de allá para acá, también de México a Estados Unidos, donde se consolida y cobra fuerza la demanda del gobierno mexicano en contra de ocho fabricantes estadounidenses de armas, por su corresponsabilidad en los miles de asesinatos que se registran en el país año con año.

Cálculos de la cancillería mexicana cuantifican hasta en 800 mil las armas de todos calibres que se trafican a México desde la Unión Americana anualmente.

Esto de alguna manera comienza a alterar la relación bilateral, que trata de no salirse del carril del diálogo, el entendimiento y la mutua colaboración. El gobierno del presidente López Obrador ha tenido el cuidado de que la demanda sea única y exclusivamente en contra de los fabricantes de armas, no de la administración Biden.

No por nada, el mayor número de distribuidores de armas se ubican en los estados fronterizos con México. En Texas hay 11 mil 164 armerías; Arizona, 3 mil 564; California y Nuevo México, mil 042, respectivamente; en tanto que en Louisiana y Florida, 7 mil 285 en cada uno de esos estados.

A su vez, Washington comienza a apretar para encarar con mayor eficiencia el tráfico de fentanilo que llega desde México hacia todo el territorio estadounidense, y cuyo consumo es ya considerada una epidemia, que ha provocado la muerte de por lo menos 100 mil estadounidenses en el año que recién terminó.

Así las cosas, la visita de Jennifer Granholm, es una más en la reluciente e intensa relación que hoy día existe entre México y Estados Unidos, y los ojos vigilantes de uno hacia el otro se mantendrán, en tanto no crezca el diálogo y el entendimiento de igual a igual, y que ambos países no hagan lo que les corresponde para acabar con males que les afectan de la misma forma, siempre con efectos nocivos para sus sociedades.