¿Por qué terminó en una pifia la comisión contra Cuitláhuac García?

Es fácil darse cuenta que tenemos una clase política de opereta, cuando invocan a la menor provocación procedimientos o figuras que, por sus alcances, deberían usarse de manera excepcional. Como resultado, terminan banalizando y partidizando el funcionamiento de las instituciones, reflejando más el afán por cubrirse mutuamente que lograr una eficaz rendición de cuentas.

Por ejemplo, a la menor provocación se suele solicitar que se inicie un procedimiento lento, complejo y que no tiene realmente alcances penales, como el juicio político. De esa forma se ha convertido una figura que debería ser invocada en casos extremos en un petate del muerto. En esa misma línea están las comisiones especiales o de investigación, que parecería que se siguen creando para dar carpetazo a un asunto, como se hacía en el Porfiriato, y la que se pretendía hacer para investigar “abusos y atropellos” por parte del gobierno de Cuitláhuac García no es la excepción.

El primer acto comenzó tras la aprehensión de José Manuel del Río Virgen por parte de la Fiscalía de Veracruz y la primera reacción por parte de Ricardo Monreal fue invocar la desaparición de poderes en Veracruz. Sin embargo, y más allá que está sujeto a controversia si esta asamblea puede desaparecer o reconocer la desaparición de los poderes de las entidades, las causales definidas en la Constitución son claras y ninguna aplicaba al caso: i) quebranto de los principios del régimen federal; ii) abandono del ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; iii) estar imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; iv) prorrogar su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados; y, v) promuevan o adopten forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.

El segundo acto fue instalar una comisión para investigar los abusos del gobierno de Cuitláhuac García, comenzando de lleno la confusión de si era una especial o de investigación.

Para empezar, una comisión especial se dedica a analizar un asunto público, correspondiente a las atribuciones del órgano legislativo que los convoca, sin tener atribuciones de dictaminación de iniciativas y desapareciendo una vez que concluye su función. Por otra parte, las comisiones de investigación están definidas en el artículo 93 constitucional, y su diseño es tan malo que ha generado controversias su creación, y su rango de investigación es tan estrecho que casi todas las que se han formado podrían considerarse inconstitucionales.

Todavía peor: se esperaría que fuera la oposición quien buscara vigilar las atribuciones del gobierno al que hace contrapeso, y no una facción de un partido en el poder federal a un gobierno de su mismo color. ¿Tiene Cuitláhuac García a su estado sumido en el caos? Presumiblemente, pero en todo caso es responsabilidad de la oposición veracruzana vigilarlo. ¿Que tienen menos de la mitad de la legislatura local? Habría que preguntarse por qué fueron incapaces de avanzar gran cosa durante las intermedias de 2021.

En resumen, era evidente desde el día uno que toda la escaramuza contra Cuitláhuac García terminaría en una pifia, toda vez que las acciones del Senado nunca tuvieron ni pies ni cabeza. ¿Qué hacer? Algo que no les gustaría a los propios legisladores, toda vez que les quitaría márgenes para hacer circo: revisar el artículo 93 constitucional para fortalecer a las comisiones de investigación.

Sí, ya sé, prometí escribir sobre retórica y órganos legislativos. Va la próxima semana, pues todavía sigue el otro circo: el de la reforma eléctrica.