¿Qué puede y qué no debería hacer quien preside la mesa directiva?

A lo largo de la última semana, fuimos testigos de una serie de acciones y contraacciones protagonizadas por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que deberían ponernos a pensar seriamente sobre los alcances de cuanto debería hacer o evitar quien ostenta la representación de la asamblea, sino del Congreso de la Unión en su conjunto.

Para estar en la misma frecuencia, va un resumen: tras la resolución del Instituto Nacional Electoral para suspender la realización de la consulta sobre la revocación del mandato, el 21 de diciembre el diputado Sergio Gutiérrez Luna interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue admitida. Esto es, se suspende la resolución de la autoridad electoral hasta la decisión del Poder Judicial.

Acto seguido, y en un acto que desafía el sentido común, el diputado Gutiérrez Luna, en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados, el pasado 26 denunció penalmente a varios consejeros del INE por posible comisión de delitos de coalición de servidores públicos. No habíamos tenido claro si se trataba más bien de colusión en vez de coalición, o si ese presunto lapsus refleja cómo ve la operación de un órgano legislativo, cuando el 29 retiró su demanda.

Dicho lo anterior, hagamos un breve repaso de las atribuciones de la presidencia de la mesa sirectiva, las áreas grises en las que podría o debería decidir, y aquellos actos que debería evitar.

Para empezar, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados implica que su titular representa al Congreso de la Unión y la pluralidad que contiene. Esto es: su obligación es hablar a nombre de la institución en su conjunto, en lugar de alguna de las partes.

Claro, hay zonas grises, toda vez que ninguna norma es capaz de contemplar todos los escenarios de aplicación, e incluso se han llegado a tomar decisiones controvertidas. Sin embargo, para esos casos la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados conceden a la presidencia de la mesa directiva la atribución de interpretar las disposiciones legales al momento que hay lagunas u omisiones al momento de aplicarlas.

Por ejemplo, en junio de 2020 la entonces presidenta, Laura Rojas, presentó una controversia constitucional sobre el acuerdo emitido por el ejecutivo federal, que prevé mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Lo anterior, dijo, luego de un amplio análisis, de escuchar a reconocidos constitucionalistas, así como los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la ONU. ¿Decisión controversial? Desde luego, para quienes integraban el grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, la atribución que tenía estaba claramente definida. Lo mismo podría decirse de la primera decisión de Gutiérrez Luna, con la diferencia que en esta ocasión Morena aplaude y la oposición condena.

Sin embargo, fue un exceso que el diputado Gutiérrez Luna emprendiera una acusación contra particulares como representante de otro poder, por más que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales le permitiese hacerlo, como a cualquier ciudadano. Aquí se rebasó la frontera entre el actuar institucional y el reaccionar a partir de los intereses de facción.

Lamentablemente no podemos tener un poder legislativo plenamente institucionalizado si no se puede contar con una Mesa Directiva que goce de la plena confianza del pleno. ¿Qué podría ayudar? En mi opinión, dos reformas a la reglamentación interna. La primera, que quienes integren la planilla para la mesa directiva gocen de la confianza de sus compañeros, evitando que ingresen personas con intereses extremos. La segunda: que, para ocupar la presidencia, se requiera haber ocupada alguna de las vicepresidencias durante, al menos, el año anterior. Con ello se incentivaría la profesionalización en estas actividades, inhibiendo la posibilidad que ocupen el cargo personas que lo usen para promoción personal.