Abusar del poder

Las democracias modernas y las constituciones en las que están sustentadas son producto de grandes lecciones que el ejercicio del poder le ha dado a la humanidad. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad creía que con tener una Constitución que estableciera claramente las funciones y facultades del gobierno era suficiente para administrar adecuadamente el ejercicio del poder. El nacional socialismo alemán, estricto seguidor de las leyes de su país, nos confirmó que se requería algo más que eso. De poco sirve establecer funciones claras del ejercicio del poder si no existe un catálogo claro y preciso de derechos fundamentales, de todas las personas, que sean límites infranqueables del ejercicio del poder.

Después de este sangriento conflicto armado, de dimensión global, surgió la primera generación de derechos fundamentales. La comunidad internacional se puso de acuerdo en un catálogo mínimo de derechos que cada país debía contener en sus constituciones, y debía comprometerse a hacerlos efectivos a través de sus leyes e instituciones.

Son tres las esferas fundamentales que agrupan a estos derechos: los derechos de igualdad, los de libertad y los de seguridad jurídica. Se pone en primer lugar a los derechos de igualdad porque, como aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, si no todas las personas gozan de todos los derechos, para los excluidos, de nada sirven las otras dos esferas. Así, lo primero es el principio básico de que todas las personas somos iguales ante la ley y frente al Estado, y está prohibido todo tipo de discriminación por motivos de género, raza, origen, sector socioeconómico, preferencia sexual, educación o cualquier característica de la persona que no justifique su exclusión. La segunda esfera se refiere a las diferentes libertades que debe gozar toda persona para poder determinar por sí misma cómo quiere vivir su vida. Y la tercera esfera se refiere a todos los derechos que le permiten oponerse al Estado para proteger sus derechos y el ejercicio de estos, y para reestablecerlos, en caso de ser molestado o privado de estos a través de las instituciones democráticas que procuran y ejecutan la justicia.

Así, el mundo acordó que las democracias debían contar con iguales derechos para todos, libertades e instituciones eficaces para hacerlos valer. También acordó que en las democracias el ejercicio del poder solo debe hacerse a través de las funciones y facultades otorgadas por la ley, y que estas topan y se deben limitar cuando toca una de las esferas de derechos fundamentales. El mundo también acordó que en estas democracias no solo debían existir mecanismos jurídicos eficaces para proteger estos derechos, sino también instrumentos eficaces para generar responsabilidades y consecuencias concretas en contra de servidores públicos que violen derechos. Es decir, consecuencias en contra de servidores públicos que vayan más allá de sus facultades y pisoteen los derechos de una persona. A esto se le conoce formalmente como abuso de poder.

Cuando además se pretende obtener un beneficio privado, es un acto de corrupción, como dice el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC): “el abuso de funciones o del cargo es la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad”.

México no solo es miembro de la CNUCC, sino que tiene claramente legislado el tipo de abuso de poder en los códigos penales y en las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

A pesar de eso, nos hemos acostumbrado a que el actual presidente de México y todo su gabinete abusen sistemáticamente del poder y de sus funciones, sin una sola consecuencia, es decir, con impunidad absoluta.

El ejemplo más cercano es lo que hizo el presidente el pasado viernes, al exhibir públicamente los supuestos ingresos de un periodista que le es sumamente incómodo, acusarlo de corrupción, amenazarlo de ser investigado, y todo esto con el único objetivo de amedrentarlo, violar su derecho a la libertad de expresión y enviar un mensaje a otros críticos y comunicadores. Es un abuso de poder porque el presidente no tiene dentro de sus facultades el acceso a esta información que es privada y protegida por el secreto fiscal, y menos puede exhibirla públicamente con el único objetivo de amenazar a una persona. Es un claro abuso de poder porque pretende limitar uno de los derechos más importantes en una democracia: la libertad de expresión. Es un abuso de poder porque pretendió utilizarlo, además, como un mensaje para otras personas que ejercen el periodismo, la investigación o la crítica. Es grave, no podemos tolerarlo y menos acostumbrarnos.

Si queremos un día ser una democracia moderna, los ciudadanos debemos aprender a rechazar y a denunciar todo tipo de abusos de poder, aunque no afecten directamente nuestros intereses, y aunque vengan de servidores públicos del partido o grupo al que apoyamos. Si solo te preocupa el abuso de poder cuando te afecta a ti, no te extrañes que nadie te defienda cuando te toque a ti.