Ya no estamos en Kansas

Si las encuestas siguen como hasta ahora, para el cierre de 2022 el mapa político desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego se habrá coloreado de rosa. Desde 2018, las elecciones presidenciales han favorecido o ratificado a la izquierda en México, Panamá, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras y Chile, con la excepción de El Salvador, Ecuador y Uruguay. Es casi un hecho que Brasil y Colombia se sumen al conjunto de países –la mayoría– que favorecen a gobiernos de izquierda.

Este viraje ideológico ha puesto sobre la mesa más preguntas que respuestas sobre el futuro de la política energética regional. Se abren incógnitas sobre el perfil de producción petrolera, el curso de los subsidios a los combustibles, la forma y el ritmo de la transición energética.

Donde hay riqueza petrolera y mineral aparecen gobiernos y candidatos presidenciales punteros que quieren replantear el balance Estado-mercado.

En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva –puntero en las encuestas– ha anunciado su intención de revisar las privatizaciones de las empresas energéticas estatales “con la participación del público”. Respecto a los precios de los combustibles ha dicho: “no puedo enriquecer a un accionista (americano) y empobrecer a un ama de casa local que pagará más por una bolsa de frijoles porque subieron los precios de la gasolina”.

En Colombia, la ventaja la lleva el exguerrillero, exlegislador y exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien ha adelantado que planea suspender las licitaciones petroleras y convertir a Ecopetrol en una empresa enfocada en las renovables, pero sin afectar sus actuales operaciones petroleras. Se trata, ha observado, de reemplazar una “política de la muerte” basada en combustibles fósiles con una “política de la vida” que defiende al medio ambiente.

El gobierno de Pedro Castillo en Perú busca renegociar los términos contractuales para la extracción de gas natural con el consorcio a cargo del proyecto de Camisea, cuya producción se destina tanto a centrales eléctricas como a la exportación. Asimismo pretende aumentar la participación de mercado de Petroperú. Sus pasos son similares a los ya tomados por el presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, cuyo gobierno ya renegoció contratos de transporte de gas natural y ha detenido el proceso de apertura petrolera.

Las petroleras estatales están además en vísperas de enfrentar una mayor dificultad para para fondear sus proyectos. El énfasis en el mundo financiero está en los proyectos de energía limpia. Petrobras y Ecopetrol parecen haber recibido el mensaje que deben poner en marcha una estrategia creíble en este sentido; no así Pemex o Petróleos de Venezuela.

Otros gobiernos, como el de Alberto Fernández en Argentina y Guillermo Lasso en Ecuador, han matizado las reglas para la extracción de hidrocarburos. El presidente argentino busca elevar aún más la producción y construir capacidad de transporte de gas natural desde los ricos yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, aprovechados con la técnica del fracking, o fracturamiento hidráulico, como en Estados Unidos. El presidente ecuatoriano quiere atraer más inversión permitiendo los contratos de producción compartida de petróleo que habían suspendido sus antecesores.

Mientras continúa la divergencia entre quienes promueven los hidrocarburos y quienes prometen darles la despedida, las posiciones políticas alrededor de las renovables han dejado de circunscribirse a la generación de electricidad. La minería y la justicia social constituyen nuevos ejes de la discusión. Es casi seguro que en Chile, Bolivia y México el control sobre la extracción del litio, un metal clave para la fabricación de baterías con la tecnología actual, tomará un cauce distinto o al menos resultará en una nueva narrativa. Y puede darse por sentado que aumentará la dificultad para conseguir la aprobación de las comunidades receptoras de las inversiones en renovables.

Detrás de estos giros hay una mezcla de ideología y voto de castigo, ambos asociados con la zozobra económica posterior al desplome en el precio internacional de las materias primas a partir de 2008 y con los múltiples casos de corrupción a lo largo y ancho de la región. Los gobiernos perdieron capacidad para brindar seguridad, salud y otros satisfactores básicos; los ciudadanos perdieron confianza en sus gobiernos e instituciones. La pandemia reforzó esta tendencia.

El castigo fue notable en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México, donde fracasó estrepitosamente el intento por reducir los subsidios a la gasolina y el transporte para aliviar la situación fiscal. Los ciudadanos protestaron en las calles y expresaron con claridad su descontento en las urnas, sin importar la orientación ideológica de los candidatos. Ahora que Argentina negocia un paquete de ayuda financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los subsidios a los combustibles están en el centro de la discusión y el desenlace es incierto.

La volatilidad política de América Latina no contribuye a la estabilidad de la política energética. A juzgar por los acontecimientos políticos que se avecinan para la región, la turbulencia continuará. “Tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas”, diría Dorothy en El Mago de Oz.