La renuncia

Según datos de Causa en Común, organización de la sociedad civil mexicana especializada en seguridad, justicia y derechos humanos, los primeros cuatro meses de 2022 han sido una absoluta pesadilla: 150 masacres; 79 fosas clandestinas encontradas; 297 mutilaciones, descuartizamientos y destrucciones de cadáveres; 82 calcinamientos; 534 casos de tortura; 117 asesinatos de niños y adolescentes; 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; seis asesinatos de defensores de derechos humanos; ocho asesinatos de periodistas; 17 asesinatos de personas en grupos vulnerables; 21 asesinatos de actores políticos; 80 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad; cuatro actos de terrorismo; nueve linchamientos; 47 violaciones agravadas; 23 casos de esclavitud y trata; 82 intentos de linchamiento; 17 casos de violencia a migrantes; 121 actos violentos entre grupos delictivos o contra la autoridad, que generan un alto impacto en una comunidad. Es decir, solo en los primeros cuatro meses de 2022 van, al menos, mil 940 atrocidades, que dejaron al menos 3 mil 550 víctimas. Una pesadilla.

¿Cuál es la reacción del señor López cuando se le cuestiona sobre estos datos y sobre la violencia en nuestro país? “Vamos bien”, “el país está en paz” o “no soy Felipe Calderón”. ¿Reconocimiento del fracaso de la estrategia? Ni por error. ¿Algún cambio en la estrategia? Ni el asomo de autocrítica alguna. ¿Alguna acción que muestre su preocupación por el tema? Ni una.

Le preguntaría, amable lector, ¿cuál es el último golpe importante al crimen organizado que recuerda en este sexenio? ¿Cuál fue el último operativo exitoso del que usted tiene memoria? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que se avanzaba en algo en contra del cáncer de la violencia en México?

En efecto, este no es un problema nuevo y es multifactorial. No surge en este sexenio, y muchas de las causas tienen décadas de lacerar la seguridad de los mexicanos.

El problema es que quizá la más vehemente promesa de campaña del actual presidente fue la paz. Durante los 12 años de campaña electoral que precedieron su presidencia, el señor López se dedicó a criticar todas y cada una de las medidas de los dos presidentes anteriores. Él y su grupo de cercanos contaban el número de homicidios diarios, y se los achacaban directamente a los presidentes en turno. Los “intelectuales”, académicos, comunicadores y escritores afines al presidente actual generaron un discurso que se volvió la narrativa dominante: la guerra contra el narco era la que había provocado las atrocidades de los sexenios que lo precedieron. En esa narrativa se construyó la fantasía de que atacar las causas como la pobreza y la marginación acabarían con la violencia y traerían la paz.

Y la paz no solo no llegó, sino que esta ya es la mitad de sexenio más violenta de la historia, con más de 120 mil homicidios dolosos acumulados. Y esto, supuestamente, sin “guerra” contra el crimen organizado.

Por eso, la nueva narrativa que empuja el presidente, su partido y sus propagandistas es que se trata de una herencia maldita, que es imposible de combatir. El nuevo pretexto es que heredaron un monstruo más grande del que imaginaban, y así, regalar dinero a los pobres resultó insuficiente para acabar con el crimen organizado, ¿quién los iba a imaginar?

Pero el problema parece mucho más grande que la simple soberbia e incapacidad. Las elecciones de 2021 arrojaron historias de terror, reportadas por valientes comunicadores en los estados, sobre la operación del narco a favor de candidatos de Morena, en todos los estados del pacífico: secuestros de personas relacionadas con las campañas de oposición, asesinatos de candidatos, amenazas a negocios y a la población, y la distribución de miles de millones de pesos en efectivo para comparar votos.

En las elecciones de este año, las historias se repiten en las seis entidades en juego. Así lo describen valientes reporteros que arriesgan su vida por todo el país. En ambos casos, con un elemento que da escalofrío: la renuncia total del Estado mexicano a frenar, investigar, castigar o atender estos delitos. El gabinete entero del gobierno federal anda distraído en las campañas, y miles de millones en recursos públicos están destinados a la compra del voto. Todo esto con el silencio cómplice de “intelectuales”, académicos y comunicadores afines al régimen que antes denunciaban vehementemente operaciones similares. “Qué chafa es la oposición”, dicen en tono de burla, haciendo como que no ven la operación monstruosa del Estado y su mancuerna criminal.

Dos cosas podemos hacer hoy: promover la participación activa del electorado en estos estados, para tratar de hacer más difícil la compra de la elección, y dejar registro de nuestro asco e indignación para no olvidarlo en 2024. Es nuestra responsabilidad guardar esta deslealtad y cobrar la cuenta en la elección presidencial.