El des-amparo

La frase casi sacramental que encabeza el texto de una resolución que otorga la razón en el juicio de garantías para defender a los ciudadanos ante la arbitrariedad de un acto de autoridad, comienza a ser una referencia nostálgica en los tiempos de la autodenominada cuarta transformación. 

El poderoso resolutivo que reza “la justicia de la unión ampara y protege”, está devaluado por un autoritario Poder Ejecutivo que reta y presiona a los juzgadores federales desde el atril de la tragicomedia musical mañanera en Palacio Nacional. Inquietante es el desplante de soberbia que degrada los alcances de un mecanismo constitucional que ha sido vulnerado por un confeso Andrés Manuel López Obrador que pisotea lo que juró respetar al asumir el cargo. 

Más allá del daño irreparable que significa devastar el patrimonio natural provocado por su caprichoso proyecto del Tren Maya, la desgracia de fondo es el mensaje de desamparo que debilita a las instituciones que nos otorgan seguridad jurídica. El escudo ante la violación de garantías ha sido violentado con el complaciente silencio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que estaría obligado a defender las resoluciones autónomas de los jueces que conceden suspensiones definitivas burladas por el tabasqueño.

El incisivo activismo mediático que suele descalificar a la crítica sustentada, siguiendo el modelo lopezobradorista desde la Corte, no ha merecido ni siquiera un espacio para convocar al respeto de las decisiones autónomas de los juzgadores que se han atrevido a decirle que no al Presidente de la República.

Nadie espera que el ministro Arturo Zaldívar se confronte con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo la confesión del desacato a la suspensión definitiva sobre el tramo 5 del Tren Maya entre Cancún y Tulúm exige un pronunciamiento enérgico.

Por si esto no fuera suficientemente grave, las amenazas hacia los impartidores de justicia incómodos no tienen límites para López Obrador, que abiertamente se declara al margen de la ley montado en la demagogia. Hay un evidente desafío a la suspensión definitiva que obliga a detener la devastación en Quintana Roo,  se comete un delito federal que prevé sanciones de 3 a 9 años de prisión para el desacato.

López Obrador informó que rastreaba al promovente del amparo que detuvo la obra. Horas después, el ambientalista José Urbina Bravo reiteró que él es el impulsor y habita en Playa del Carmen desde hace casi dos décadas porque es buzo espeleólogo. 

Desconocer los efectos del amparo es un acto dictatorial que se tolera desde los otros dos poderes de la Unión, pero las ramplonas estrofas de Chico Che con que se reta a nuestros vecinos del norte parecen estar por encima de la Carta Magna y también de la Ley de Amparo. Lo que parecería una broma irreal, pero tristemente es parte de su narrativa populachera.

Hasta la publicación de este artículo en La-Lista, la suspensión definitiva otorgada por el Juez de Distrito, Adrián Novelo Pérez sigue vigente.

Vivimos tiempos inéditos que documentan la hegemonía de la ignorancia, las mentiras y el abuso de poder que caracterizan al totalitarismo. Que la aspiración sincera a un país mejor prevalezca desde la valentía del disenso sustentado en las leyes. Que la corta memoria no logre evadir el juicio de la historia para los cómplices de la impunidad presidencial con sus ominosos silencios. 

EDICTOS

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022, durante 2021 en el Consejo de la Judicatura Federal se documentaron diversas faltas graves que ameritaron la suspensión de 28 servidores públicos y la destitución de 21. El mismo indicador refiere que 189 funcionarios incumplieron en la Suprema Corte con la obligación de presentar la declaración patrimonial y 22 con la declaración de intereses. El censo también arroja cifras espeluznantes sobre la impunidad respecto a los delitos juzgados en el fuero federal, materia de mi próxima columna.