La FGR se niega a investigar a Silvano Aureoles

El pasado 26 de julio, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla se reunieron para revisar los avances de las denuncias que este último presentó contra su antecesor, Silvano Aureoles, por presunto desvío de recursos públicos. Pero la lista de delitos del último gobernador del PRD podría ser mucho más amplia.

Este 2022 se cumplieron cinco años de la masacre de Arantepacua, Michoacán: un operativo protagonizado por fuerzas estatales en esa comunidad purépecha, donde murieron tres adultos y un adolescente que venía llegando de la escuela durante el despliegue de aproximadamente 300 elementos que dispararon contra población desarmada.

Y aunque el gobierno de Silvano Aureoles quiso reducirlo a un conflicto entre campesinos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que hubo violaciones graves de las que tienen responsabilidades los más altos mandos de la administración del perredista.

Diez personas detenidas fueron víctimas de torturas y en el caso de otras 38 la CNDH ha determinado que fueron víctimas de tratos crueles, degradantes e inhumanos. Asimismo, la comisión concluyó que hubo 29 personas de la comunidad lesionadas y 56 allanamientos ilegales. Todo esto bajo la mirada de un contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la extinta Policía Federal que estuvieron presentes en Arantepacua sin intervenir.

Después de varios meses de insistencias y protestas, esta comunidad purépecha logró que la CNDH emitiera una recomendación basada en el análisis de 80 videos, 25 fotografías y 360 actas circunstanciadas que recogen testimonios de lo que sucedió en el operativo de abril de 2017. 

La recomendación de la CNDH pide a la Fiscalía de Michoacán que investigue lo ocurrido en el operativo; sin embargo, es absurdo pensar que el fiscal Adrián López Solís vaya a investigarse a sí mismo y a sus subalternos, mismos que son señalados por la comisión de cometer violaciones graves a los derechos humanos.

Así que los habitantes de Arantepacua han solicitado que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que atraiga el caso e inicie las investigaciones contra Silvano Aureoles y contra el fiscal Arturo López Solís, algo que no ha sucedido hasta el momento.

De esta manera, hay preguntas que quedan sin respuesta: ¿Por qué la FGR se resiste a investigar a los altos funcionarios del gobierno de Michoacán señalados por la CNDH en su recomendación? ¿Está dispuesto el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a colaborar con uno de los hombres más cercanos a Aureoles en el esclarecimiento de esta masacre? 

El caso del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler (abogado personal de la familia Yunes, ahora detenido por secuestro y desaparición forzada) ha demostrado que la autonomía de los fiscales que son elegidos para durar nueve años no es necesariamente una buena noticia. Otro ejemplo es Carlos Zamarripa, quien lleva 13 años al frente de la procuración de justicia en Guanajuato, una entidad que se descompone cada día más

Tras la presentación de la denuncia por la masacre de Arantepacua, la primera reacción de la fiscalía de Gertz Manero fue negarse a atraer el caso; esto sucedió en marzo de 2022. Para abril de este año, el Colectivo Liquidámbar (una de las organizaciones de derechos humanos que acompaña el caso) informó que la FGR ofreció reconsiderar la atracción, después de una serie de movilizaciones de la comunidad.

Han pasado tres meses desde entonces y la única parte sustancial de la recomendación que se ha cumplido es la disculpa pública del gobierno michoacano, ahora encabezado por un militante de Morena. No obstante, tanto el fiscal López Solís como Silvano Aureoles permanecen en completa impunidad, tan es así que el exgobernador sostuvo una reunión el pasado jueves con el senador Ricardo Monreal.

Y mientras se reúnen el más desafortunado de los aspirantes presidenciales y el exmandatario estatal que tenía un búnker y un jacuzzi privados, Arantepacua continúa sufriendo agresiones armadas después de que declarara su autonomía como pueblo indígena y expulsara a los partidos políticos.

Si la FGR ha iniciado investigaciones contra otros opositores políticos con muchos menos elementos, ¿qué espera Gertz Manero para abrir una carpeta de investigación basada en los más de 300 testimonios recogidos por la CNDH?