Criminales felices

Comenzaré expresando lo que en el ámbito no especializado suele ser confuso. Para decirlo de forma didáctica, se catalogan como ilícitos del fuero federal todos aquellos en los que se considera que el Estado es el sujeto pasivo de la acción criminal, es decir cuando el bien tutelado involucra los intereses generales de los ciudadanos. 

En este tipo de conductas, la Fiscalía General de la República (FGR) se asume como la institución que nos representa a todos. De ahí que solo en teoría se le considere de buena fe para preservar el principio de lealtad procesal y proteger los derechos humanos. Por eso en la práctica es un despropósito inadmisible que Alejandro Gertz aproveche esta posición para perseguir a sus adversarios en litigios personales, presionar a ministros de la Suprema Corte, juzgadores federales, secretarios del gabinete o cuanto funcionario y particular atente contra sus oscuros intereses. Y si hay dudas, basta con leer las denuncias formales presentadas por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del propio Presidente de la República.

Vamos a los números que muestra el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), cuyos resultados fueron publicados el mes pasado. Durante 2021 se denunciaron 2 millones 44 mil ilícitos en todo el país, 11% más que en 2020.

Esta cifra considera delitos del fuero federal y los del fuero común que son la mayoría. El discurso gubernamental presume que los delitos federales han disminuido, lo que en verdad ocurre es que las víctimas tienen menos confianza en la Fiscalía de la República y la cifra negra, que son los delitos cometidos no denunciados ante las autoridades, va en aumento.    

El sistema de procuración de justicia es inoperante con el paupérrimo desempeño de la FGR. Malas integraciones, investigaciones deficientes, fabricación de delitos, corrupción, órdenes de aprehensión que se obtienen a través de engaños y ocultamientos a los jueces federales dan como resultado una catástrofe maquillada por el discurso de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad que acomoda los números a placer en su tentativa por sesgar la realidad. 

Los delitos federales se encuentran dispersos en códigos y leyes. Hablamos de ilícitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en todas sus variantes, en materia de hidrocarburos (huachicoleo), de índole fiscal, referentes al uso de armas de fuego, los cometidos contra migrantes y los delitos electorales, entre muchos otros.

Según el censo en 2021, los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación registraron el ingreso de 33 mil 157 causas penales, 20% más que en 2020. Solo en el rubro de delincuencia organizada durante 2021 se procesaron 782 casos, es decir 265 más que el año anterior. 

Otro indicador de 2021 también refleja incrementos, ya que 25 mil 396 personas fueron imputadas y procesadas por la presunta comisión de delitos federales, 21% más que en 2020, pero en el Poder Judicial de la Federación solo se dictaron sentencias a 4 mil 866 personas respecto a estos ilícitos, en el 97% de los casos hubo resolución condenatoria y en el 3% absolutoria.

En el censo del Inegi, la realidad se asoma y es dramática. La impunidad sigue dominando, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es complaciente con poderosos grupos del narcotráfico. La confesión ha sido pública con declaraciones y actos que no han cubierto ni las apariencias. 

Las acciones criminales contra migrantes son cotidianas, el huachicol es una industria imparable, la delincuencia organizada amenaza y da instrucciones a las fuerzas armadas en amplias regiones donde se sufren condiciones de Estado fallido. 

Las denuncias formales contra narcos, huachicoleros, traficantes de personas y delincuentes electorales son esporádicas. Si hablamos del fuero común, la cifra negra en secuestros y extorsión (mayoritariamente cobro de piso en comercios) está por encima de 95%.

La incapacidad del gobierno federal, la fiscalía general y las estatales para frenar esta tendencia es notoria hasta para el más ingenuo. La narrativa oficial miente con frialdad para ocultar el colapso que nos deja en el desamparo ante los criminales que se regocijan felices en la llamada Cuarta Transformación que tratarán de preservar en 2024.

EDICTOS

Es una vergüenza que la Barra de Abogados de Nueva York se ocupe más de las amenazas y presiones de López Obrador en contra de los jueces federales mexicanos que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro Arturo Zaldívar. Los litigantes neoyorquinos emitieron un pronunciamiento en el que llamaron al gobierno mexicano a respetar la independencia judicial ante las investigaciones contra el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro por conceder suspensiones en litigios sobre la industria eléctrica que han enfurecido al inquilino de Palacio Nacional. El texto de la New York City Bar cayó como bomba el lunes pasado en las oficinas de Zaldívar, allá en el segundo piso de Pino Suárez 2. Son altas las posibilidades de que la respuesta al texto de una de las barras más influyentes del mundo sea una descalificación. 

A propósito de vergüenzas, ¿ustedes confían en Adán Augusto López Hernández? Yo tampoco.