Alerta de seguridad pública militarizada: los derechos humanos son para todos

El asalto a la Constitución fue lo que más les preocupó a algunos especialistas, luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó sobre un acuerdo para que la Guardia Nacional (GN) pase formalmente a manos del Ejército mexicano. Sin embargo, lo más alarmante es la militarización de la seguridad pública y lo comprometidos que están los derechos humanos. 

Aún con la pandemia de Covid-19, la violencia no cesó en el país, ya que durante el 2021 se reportaron 33 mil 315 homicidios, mientras que en 2020 fueron 34 mil 554 los asesinatos. Para contrarrestar esto, desde 2019 nació la Guardia Nacional como un cuerpo civil para combatir la inseguridad, sin embargo, se integró principalmente por militares y exintegrantes de la Policía Federal. 

Al parecer, este grupo fue creado al vapor y no cuenta con las herramientas para contrarrestar la violencia. De acuerdo con información recabada por Animal Político, dos de cada tres elementos de la GN no tiene capacitación o aptitudes necesarias para ejercer como policía. 

Esta ausencia de formación también se traduce en faltas a las garantías individuales. Por ejemplo, datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos indican que, de enero de 2020 a mayo de este año, la Guardia Nacional registró mil 56 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Basta recordar el caso de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, quien falleció luego de que un elemento de la GN accionara su arma el pasado 27 de abril. El adiestramiento de las fuerzas armadas no es el adecuado para atender problemas de civiles, y muestra de ello son actos fatales como el anterior. 

Sin embargo, no solo basta con apuntar el peligro que representa la militarización de la fuerza pública, también urge profesionalizar y capacitar a las policías locales, ya que son el primer contacto. Es tal la desconfianza en este cuerpo de seguridad, que cuatro de cada 10 mexicanos consideran que es bueno el desempeño de la policía municipal, mientras que para la Guardia Nacional siete de cada 10 encuestados dijeron que su desempeño es efectivo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La ineficacia de las policías locales también ha tenido consecuencias fatales, como el caso de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña que falleció a manos de cuatro policías en Tulum, Quintana Roo; así como de José José Eduardo Ravelo, quien murió tras múltiples heridas que le dejó una detención policial en Mérida. 

Limitarse a culpar y condenar a las policías locales sería injusto, ya que también hay un contexto complicado para ellas. El salario es uno de sus puntos débiles, por ejemplo, el proyecto de Causa en Común Propuesta de Salario Digno para policías alentaba a que estos cuerpos de seguridad ganaran 13 mil 639 pesos, ya que tenían registros de policías que eran remunerados con hasta 8 mil 651 pesos. 

Las extensas jornadas laborales, el peligro inminente tras no estar capacitados y la presión por parte de los mandos son algunas de las adversidades que Causa en Común también ha reportado respecto a las policías locales. ¿Qué podríamos esperar como ciudadanos, respecto a protección, si los encargados de la seguridad pública también son víctimas de explotación y desigualdad?

Al final, los derechos humanos son para todos, traigan o no cascos y chalecos antibalas. Estrategias de seguridad como la actual vulnera o pone en peligro las garantías individuales de todos, la falta de capacitación de los elementos provoca que haya consecuencias para su persona y para quienes intentan proteger. Uno de los principales ejes para cuidar a la población debe ser instruir a los cuerpos de seguridad para que cuenten con las habilidades y herramientas suficientes. También tenemos derecho a una buena policía. Al final todos somos pueblo, con o sin uniforme.