Gertz, especialista en amedrentar juzgadores
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 33 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político. Twitter: @jenroma27

Gertz, especialista en amedrentar juzgadores
Gertz Manero. Foto: Especial

Justo antes del inicio del periodo de receso del Poder Judicial de la Federación por las vacaciones de verano, escribí un artículo en el que expuse uno de los abusos más recientes de Alejandro Gertz Manero, el fiscal solapado por el presidente de la República.

Es inminente una resolución en la que se podría evitar un golpe inaudito a la seguridad jurídica de los ciudadanos en los tiempos más oscuros que se recuerden para el Estado de derecho en México. ¿Es una oportunidad o un riesgo? La respuesta depende del talante, objetividad e independencia de los tres magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

Nuevamente los juzgadores federales son puestos a prueba por la maquinaria perversa del fiscal general que usa la posición para consumar atrocidades en litigios personales. Está en juego establecer un criterio garantista que evite el doble juzgamiento por un mismo señalamiento. También existe la posibilidad de que se exhiba la forma en que se autorrevocó un no ejercicio de la acción penal para sostener ilícitamente una persecución repleta de irregularidades, ocultando información a los jueces que obsequiaron órdenes de aprehensión viciadas de origen.

La decisión corresponde a Reynaldo Reyes Rosas, Elisa Álvarez Castro y Carlos López Cruz, integrantes del tribunal que conoce la intencionalidad de fondo. Los magistrados tienen en su poder el catálogo documental de aberraciones que data de 2018 cuando integrantes de la familia Jenkins de Landa fueron exonerados de diversos señalamientos investigados exhaustivamente. El uso del nombre de la Universidad de las Américas fue en ese momento la causa que defendió Gertz para su negocio educativo en la Ciudad de México, la familia Jenkins mantuvo el derecho de usar esta marca para la UDLAP, asediada por diversas ambiciones políticas a pesar de ser patrimonio privado y no tener cuentas pendientes.

Gertz Manero tiene en Juan Ramos López, fiscal especializado en control competencial, a un servil cancerbero para dar seguimiento a su agenda. Es el elegido para tratar con ministros, jueces y magistrados en su representación personal y hacer llegar mensajes más allá de los límites de su función. La prueba quedó asentada en las grabaciones telefónicas que fueron filtradas cuando la Suprema Corte preparaba la resolución sobre el injusto encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán, acusada sin elementos de haber tenido responsabilidad en la muerte de Federico Gertz.

Estas grabaciones revelaron las presiones hacia el ministro Alberto Pérez Dayán, ponente inicial del caso en la Suprema Corte. El togado adelantó de forma irregular el contenido de su propuesta al fiscal y provocó un escándalo que dio un giro radical al litigio. El asunto tuvo que ser returnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y, en el foco de la opinión pública, el Tribunal Constitucional planteó la libertad inmediata de la señora Cuevas Morán que estuvo presa 528 días en Santa Martha Acatitla. Las grabaciones desmoronaron el plan que se había puesto en marcha, solo la presión mediática logró revertir semejante canallada.

Si la impresentable dupla es capaz de descalificar, presionar y hasta presumir que tiene en la bolsa a algunos ministros, imaginemos sin ser ingenuos lo que hacen con magistrados de circuito. Gertz sostiene su interés por afectar a los Jenkins para mantener una persecución que pisotea la Constitución.

Por estos antecedentes, que solo son la punta del iceberg, es claro que los integrantes del Décimo Tribunal Colegiado Penal tendrán que sacudirse las trampas del fiscal.

Les puedo asegurar que este asunto está en el radar del Consejo de la Judicatura Federal, en el que Gertz tiene aliados incondicionales con el sello de la Cuarta Transformación, sin embargo, la consejera Lilia Mónica López Benitez, recién llegada a la institución, podría significar una garantía para que los magistrados hagan su trabajo con autonomía y determinen un precedente valiosísimo que en cualquier sistema civilizado debería ser una obviedad.

Ya veremos de qué está hecho ese colegiado que podría resolver en las próximas semanas.

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EDICTOS

La agenda de logros del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia se ha centrado de forma significativa en la atención jurídica de mujeres injustamente encarceladas en la Ciudad de México. Para atenderlas, lo que sin duda es digno de reconocimiento, se han establecido cargas extenuantes y hasta inhumanas de trabajo que rebasan la capacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública que encabeza Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la extitular de la Función Pública federal. Han llegado a esta columna decenas de denuncias sobre hostigamiento, acoso y despidos injustificados en esa institución.

Y a todo esto hago dos preguntas:

¿Por qué la defensoría pública de la capital que gobierna Claudia Sheinbaum no ha hecho su trabajo para auxiliar a las mujeres injustamente encarceladas? ¿Por qué el Poder Judicial de la Federación entra al quite de temas locales, indudablemente valiosos, pero finalmente del fuero común que ha olvidado la jefa de gobierno?