Precio del petróleo e inflación

Los choques de oferta y demanda petroleros ya no son como antes, por lo menos vistos desde la óptica de su impacto inflacionario. Basta con mirar al contrastante comportamiento de la inflación durante los dos periodos del último medio siglo que registran el mayor aumento en el precio del crudo: la década de los 70, cuando ocurrieron dos choques de oferta, y la primera década de este siglo, cuando ocurrió un largo choque de demanda. 

Entre los veranos de 1970 y 1980, el precio del petróleo aumentó casi seis veces en términos reales mientras los precios de la canasta básica estadounidense se duplicaron. Entre los veranos de 1998 y 2008, el precio del crudo aumentó de manera todavía más pronunciada –más de siete veces–, pero los precios en Estados Unidos crecieron solo un tercio, o una sexta parte de lo que lo hicieron frente a un estímulo similar en los años 70. 

Un comportamiento parecido en ambos periodos se aprecia en los demás países de la OCDE, incluido México, y en otras economías emergentes. 

Dos entornos de precio del crudo en rápido crecimiento, pero con desenlaces distintos de inflación. ¿Qué explica la diferencia?

El respetado economista Olivier Blanchard elaboró hace una década una explicación que se ha vuelto canónica. La diferencia que ya se apreciaba entonces se debía a tres factores principales que menciona en su artículo: una menor dependencia petrolera, una mayor cantidad de bancos centrales independientes y el fin de la indización automática de precios y salarios. 

Después de los choques petroleros, los gobiernos promovieron el uso de energías alternativas y una mayor eficiencia energética en fábricas, oficinas, hogares y transportes. Las empresas y las familias se avocaron a comprar máquinas, equipos, automóviles y electrodomésticos que consumieran menos combustibles y electricidad, independientemente del efecto de las políticas gubernamentales. La participación del crudo en la matriz energética mundial fue cayendo de manera sostenida desde el pico que alcanzó de 50% en la década de los setenta hasta llegar a menos del 40% a principios del siglo XXI. 

Respecto a la relación gobiernos-bancos centrales, la evidencia acumulada a principios de los 90 indicaba que la inflación era más baja en aquellos países de la OCDE donde los bancos centrales gozaban de autonomía para fijar la política monetaria. A medida que aumentó el número de países que adoptaron reglas para evitar que los bancos centrales financiaran la brecha entre ingresos y gastos de los gobiernos emitiendo más monedas y billetes, y debido a que los mandatos de los bancos centrales enfatizaron la estabilidad de precios antes que otros objetivos, la inflación fue disminuyendo.  

Por último, la indización automática, un mecanismo que buscaba mantener inalterado el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento en los precios, pero que también contribuía a generar espirales de aumento precios-salarios-precios, desapareció o se moderó dentro y fuera de la OCDE. 

El respaldo argumentativo y estadístico del estudio de Blanchard y sus coautores es lo suficientemente sólido para que se haya convertido en referente en numerosas publicaciones académicas. Pocos lo cuestionan en términos generales, si bien aparecen diferencias en la medición del impacto de cada uno de los factores. Algunos atribuyen más influencia a los cambios en la composición del consumo energético, otros se quedan con la contribución que ha significado contar con bancos centrales más libres de injerencia política.

Una extensión de esta explicación –en realidad, otra vertiente para explicar el fenómeno–, agrega que el entorno económico mundial cambió notablemente a partir de la segunda mitad de los 90, tornándose más propicio para el control inflacionario. En primer plano aparecen la integración de cadenas productivas mundiales y la migración laboral. Ambas significaron una reestructuración económica internacional –con China a la cabeza– que contribuyó a elevar la oferta de bienes y servicios de manera sostenida e insospechada tan solo una década antes. Los consumidores en todos los continentes gozaron de acceso más barato a mayores cantidades y variedades de bienes y servicios. Los precios de electrodomésticos, vestido y calzado –por solo mencionar los obvios– cayeron con respecto a los de 10, 20 o 30 años antes.

Un crecimiento tan notable en la producción y el comercio mundial de mercancías elevó el consumo energético más allá de lo esperado por los productores de crudo, de ahí el aumento continuo en su precio entre 1998 y 2008. Más fábricas produciendo más horas consumían más combustibles y electricidad. Pero el precio de los energéticos subía mientras el de las mercancías bajaba, disipando potenciales presiones inflacionarias que en todo caso los bancos centrales se encargaron de mantener bajo control. A esa era de inflación baja previa a la Gran Recesión se le conoce como la Gran Moderación.

Está por verse si la inflación actual se comportará como en la estanflación de los años 70, la Gran Moderación o de alguna manera novedosa. Al choque de oferta de bienes y servicios que significó la pandemia, se suman los efectos de la política fiscal expansiva de Estados Unidos, la invasión a Ucrania, el cambio climático, la digitalización, el rezago en inversión energética y una globalización en proceso de fragmentación. Se trata de un cóctel cargado de desafíos para los encargados de la política monetaria.

El precio del petróleo es menos problemático de lo que se plantea en los reportes noticiosos, no solo porque consumimos proporcionalmente menos que antes, sino porque, en dólares constantes, se parece al que imperó en los años de la expansión económica mundial con baja inflación. Es innegable que ha provocado una dolorosa alza en el precio de los combustibles, pero conforme a la evidencia proveniente de la comparación de un amplio número de países, el impacto de un mayor costo de los energéticos se asimilará en un tránsito promedio de uno a dos años, siempre que no haya choques sucesivos de oferta petrolera y los bancos centrales conserven con sus acciones la confianza del público sobre su compromiso a combatir la inflación.