¿Presuntos culpables o presuntos inocentes? El dilema en la Corte
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 33 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político. Twitter: @jenroma27

¿Presuntos culpables o presuntos inocentes? El dilema en la Corte
Foto: SCJN

Se acusa y luego se averigua, se encarcela para investigar en una perversión del anhelo de justicia tan devaluado en la actualidad. Hay ministerios públicos que actúan por consigna política, muchas fiscalías siguen siendo cotos de poder de gobernadores y ni se diga la general de la República que se usa como despacho privado de venganzas personales. Se patrocinan persecuciones para extorsionar a ciudadanos que deberían ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

En nuestra realidad, la presunción es de culpabilidad, la revisión de la prisión preventiva y su deplorable perversión es uno de los ejes en la narrativa de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte. Su insistencia ha visibilizado el tema para advertir sobre la encarcelación de inocentes que carecen de una adecuada defensa y cuya vulnerabilidad agrava su condición. 

Hasta aquí no hay quien pueda controvertir la necesidad de modificar la aberración de los reos por consigna, para permitir que los señalados por un ilícito puedan enfrentar juicio en libertad bajo ciertas premisas. Es fácil colocarse en este lado del análisis, pero viene lo verdaderamente complicado en un contexto de descomposición en el sistema de procuración de justicia. 

El discurso populista no entiende derecho, ni pretende hacerlo. Solo utiliza las circunstancias para adaptarlas a sus intereses y en esta coyuntura el Tribunal Constitucional plantea una discusión trascendente al revisar la prisión preventiva forzada o cárcel automática para resolver dos acciones de inconstitucionalidad de la mayor relevancia, presentadas a finales de 2019.

El proyecto de 196 fojas es del ministro Luis María Aguilar,  la propuesta de resolución plantea temas que podrían resultar paradigmáticos y de aplicación generalizada para liberar a miles de internos de los centros de reclusión en el país o imposibilitar a los jueces federales decidir la privación de libertad de una persona sujeta a proceso por causas graves.  

De aprobarse por una mayoría calificada de ocho votos en el pleno de la Corte, se invalidarán algunos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una verdadera sacudida con el reconocimiento implícito de un fracasado “nuevo” sistema acusatorio que no logró revertir abusos para torcer la ley con el propósito de recluir inocentes y liberar culpables.

En la foja 86 del proyecto se revelan cifras significativas sobre los efectos de la prisión preventiva, con base en datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal que datan de junio de 2022. Existen 226 mil 916 personas encarceladas en todo el país, de ellas el 59.2% se encuentra cumpliendo condena, mientras que el 40.8% está bajo proceso penal en prisión preventiva sin haberse demostrado su culpabilidad, que de acuerdo con los anhelos idílicos de nuestra Constitución debieran considerarse inocentes. 

El proyecto califica de alarmante el número de 92 mil 595 personas encarceladas sin condena, contempla eliminar la llamada prisión automática para delitos graves como secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, abuso sexual a menores, desaparición forzada, delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre otros. Esto significa que los juzgadores federales especialistas en materia penal serían los responsables de analizar cada caso concreto para decidir la medida cautelar, sin importar la gravedad del ilícito.

Esto obligaría a la Fiscalía General de la República a un trabajo mucho más exhaustivo para sustentar ante los jueces federales las razones contundentes para mantener a un indiciado tras las rejas.  

El análisis y discusión en la Suprema Corte es de pronóstico reservado, están garantizadas las sesiones de alto voltaje y gran atención mediática por sus implicaciones prácticas. En un sistema eficiente, blindado de influyentismo e impunidad la expectativa no generaría inquietudes, sin embargo en México la realidad nos golpea con efectos que algunos podrían considerar contraproducentes. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya fijó postura al señalar que la decisión del máximo tribunal “podría dar paso a la impunidad y la corrupción”, como si esto no fuera cotidiano. Le anticipo que el pronunciamiento desde Palacio Nacional pondrá a pensar a los más cercanos a la Cuarta Transformación dentro del pleno, lo que resta posibilidades de éxito a la audaz propuesta de Aguilar Morales.

En la práctica es evidente el abuso de la prisión preventiva justificada, que con mucha frecuencia se concede por presiones políticas e influyentismo. Si no lo cree, pregúntenle a Jesús Murillo Karam o también a Rosario Robles que más allá de su presunta responsabilidad, no debió estar en prisión desde el inicio de su proceso, que pudo enfrentar en libertad hace dos años y a quien recientemente le fue modificada la medida cautelar a todas luces abusiva.     

La corrupción entre los ministerios públicos dista mucho de ser erradicada, hay reconocidos litigantes que me han confiado ser obligados a negociar a cambio de dinero la petición de prisión preventiva justificada para lograr que sus clientes enfrenten juicio en libertad, independientemente de la determinación de los juzgadores.  

La realidad nos muestra que la justicia sigue teniendo precio.

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EDICTOS

De prosperar la acción de inconstitucionalidad con mayoría de ocho votos, lo que se anticipa complicado, tendríamos en puerta la excarcelación de miles de personas. El cambio empoderaría a los jueces federales para analizar cada caso concreto y tendría naturales efectos retroactivos para quienes están esperando una resolución final privados de la libertad desde hace varios años. Otra consecuencia sería la de una percepción de mayor impunidad, ya de por sí irrefrenable. Habría un incremento exponencial del trabajo en juzgados de Distrito y tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia penal. Seguramente hay muchos inocentes esperando sentencia, pero también habrá culpables tratando de evadir el merecido castigo que podría no llegar.

Viene en la Corte una discusión de extraordinaria importancia para resolver el dilema.