Una cara más del racismo: la prisión preventiva oficiosa
RacismoMX

Coordinadora de programas en RacismoMX. Feminista antipatriarcal, antirracista, abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University. Ha trabajado en organismos internacionales y sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en materia de género y raza. 

Twitter: @xolmarie

Una cara más del racismo: la prisión preventiva oficiosa
Foto: Pixabay

Estas semanas han sido esenciales para conocer qué es la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), cuáles son los estándares internacionales de la medida, si se ajustan con la medida mexicana y qué papel juega la Constitución y el Constituyente Permanente (es el órgano que pueden incluir, reformar o quitar normas de la Constitución, o sea la Cámara de Diputados/as y de Senadores/as). Como siempre, estas discusiones se quedan en detalles teóricos-jurídicos, sin embargo, en los debates se están dejando afuera detalles imprescindibles para conocer quiénes están dictando estas medidas y quiénes son las que pagarán las consecuencias de estas decisiones.

Quisiera poner el foco de atención en dos cosas. Por un lado, seguimos discutiendo “el deber ser” en la sociedad, aunque el panorama actual nos indique que muchas de las normas que existen en nuestro marco legal para conseguir esa meta sean racistas, precisamente como la Prisión Preventiva Oficiosa. Y, por otro lado, colectivamente no hemos sido lo suficientemente críticas y críticos ante el hecho de que esas discusiones sobre derechos humanos siguen siendo únicamente entre personas blancas, con algún tipo de privilegio, de los sectores más pudientes de la sociedad –como describe Catalina Pérez Correa en su artículo El sistema penal como mecanismo de discriminación– y que, con independencia del resultado de la discusión, siguen siendo las personas privilegiadas las que se benefician del sistema por encima de aquellas otras que no han corrido con suerte.

Tanto Angela Davis como Rita Segato analizaron con precaución la tendencia que hay de criminalizar a ciertos grupos como las personas negras, indígenas o mestizas, que tienen como común denominador su racialidad, es decir características étnico-raciales diferentes a la blanca europea que además cuenta con educación, recursos y poder hegemónico.

Sin embargo, como actualmente no es posible obtener datos sobre la composición étnico-racial de las personas dentro de los centros penitenciarios, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por mucho podríamos saber cuántas personas se autodeterminaron indígenas o hablan una lengua indígena, pero el tono de piel junto con otros marcadores étnico-raciales no lo sabemos, podemos sacar algunas conclusiones:

Por la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017) sabemos que la mayoría de las personas con tonalidades de piel oscuras solo cuentan con educación básica (64.1%) y que la mayor parte de las personas privadas de libertad no pasaron más allá de la educación básica. Esta tendencia nos permite deducir que entonces estas personas solo con educación básica en las cárceles son racializadas.

Otra pista sobre el racismo dentro del sistema penitenciario es lo ya publicado por algunas organizaciones de la sociedad civil en materia de delitos contra la salud: las personas más afectadas por la PPO normalmente son las mujeres indígenas que, aunque representan el 5% de la totalidad de las mujeres en prisión, suelen ser acusadas por narcotráfico sin considerar sus contextos de violencia o supervivencia, haciéndolas cautivas del propio sistema que las ha discriminado estructuralmente y nos les garantiza el acceso a sus derechos.

Con estos datos, podemos afirmar que la mayoría de las personas privadas de su libertad son racializadas. Pero eso no es sencillo de comprobar porque el mismo racismo invisibiliza el impacto diferenciado en poblaciones específicas ante medidas como la Prisión Preventiva Oficiosa, de la cual no hay un dato específico oficial.

Desde RacismoMX alertamos que la discusión sobre la PPO no advierte el componente racial y sus consecuencias. De mantenerse vigente, estaríamos una vez más ante un respaldo del sistema racista en México, donde unas cuantas personas se siguen beneficiando a costa de otras. Es por estas razones que debemos seguir exigiendo que se garantice la presunción de inocencia y otras garantías judiciales, y sobre todo, que los cuerpos racializados no sean perfilados y encarcelados únicamente por existir.