La intocable PiSA Farmacéutica
Guardián de Negocios

Es columnista y periodista de negocios y economía. Durante más de 20 años ha colaborado con medios nacionales y extranjeros. Sus análisis, artículos y columna son publicados en medios como Alto Nivel, Foro Jurídico, Forbes, López Dóriga Digital, Eje Central y ADN 40. Twitter: @juliopilotzi

La intocable PiSA Farmacéutica
Foto: Pixabay

Otro de los temas de los que no hemos tenido avances son las investigaciones que pesan sobre la polémica PiSA Farmacéutica, perteneciente a la familia de Carlos Álvarez Bermejillo, y que es uno de los consorcios acusados por el presidente Andrés Manuel López Obrador de pertenecer a la “mafia farmacéutica”. Sabemos que desde hace años, PiSA se ha mantenido en el ojo del huracán siendo acusada en diversas ocasiones de corrupción, inflación de costos de medicamentos e, incluso, de ser la responsable del desabasto de insumos para el tratamiento a niños con cáncer; no obstante, una inhabilitación de por vida se ve difícil de llegar, pues hasta ahora parece intocable.

PiSA Farmacéutica paradójicamente es una de las empresas con mayor participación de abastecimiento al gobierno y, al mismo tiempo, una de las más señaladas por malas prácticas: en 2010, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) comprobó que PiSA, junto con otras cuatro empresas, había conspirado durante los años 2003 a 2006 para eliminar la competencia en las licitaciones e inflar desproporcionadamente los costos de insulina humana, siendo el sector salud uno de los más afectados. Pero únicamente se determinó imponer una multa superior a los 21.5 millones de pesos.

A pesar de todo, su mala fama no impidió que durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto (EPN) y el de López Obrador continuara prosperando. Tan solo hasta 2018, PiSA sumó 377 claves de medicamentos y obtuvo una ganancia de 34 mil millones de pesos durante el sexenio de EPN. Su legado parece crecer en la presente administración, con todo y los señalamientos del presidente y las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Pablo Gómez, que la vinculan con un caso de enriquecimiento ilícito de dos exdirectivos del Instituto Nacional de Cancerología (Incan): los doctores Alejandro Mohar Betancourt y Antelmo Abelardo Meneses García.

Recordemos que en 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en aquel entonces dirigía Irma Eréndira Sandoval y que hoy es comandada por Roberto Salcedo Aquino, inició una investigación en contra de PiSA, luego de ser acusada por el mismo Ejecutivo de haber monopolizado la distribución de medicamentos oncológicos como el metotrexato. En aquella ocasión, la titular de la SFP dijo que se tenía bajo investigación a la empresa desde hace tiempo y que se iniciaría el proceso de inhabilitación, la cual se estableció por 30 meses, además de una multa de 1.1 millones de pesos en contra de PiSA y Dimesa, otra organización que forma parte de la misma red empresarial.

Sin embargo, dicha “sanción” se podría interpretar hoy como un simple placebo para tranquilizar a la opinión pública, pues al año siguiente de la inhabilitación, la SFP otorgó una suspensión que permitió que PiSA firmara en 2021 nada más y nada menos que mil 109 contratos para vender medicamentos y equipo al sector salud, concretando las compras por un monto de mil 593 millones 217 mil 205 pesos. De acuerdo con Compranet, el portal de compras del gobierno, el valor de los contratos de 2021 superó los 605 millones de pesos que la farmacéutica logró vender al gobierno en 2019. Lo más curioso es que el 92% de los contratos que PiSA pactó en 2021 los recibió mediante adjudicación directa.

Ya en 2022, junto con otras ocho empresas, también algunas de ellas inhabilitadas por el propio gobierno, la farmacéutica logró obtener la mitad de los contratos dados para la primera compra consolidada de insumos médicos de 2022. Tan solo en enero de este año, PiSA ya contaba con 22 contratos por un monto de más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con el portal de Compranet. De estos acuerdos, 13 fueron otorgados por adjudicación directa y al menos siete de ellos vencerán hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que nos hace preguntarnos: ¿la administración federal miente sobre no comprar a las empresas que en gobiernos anteriores robaron al Estado o esta farmacéutica y sus filiales, como Servicios de Farmacia Prefarma y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), cuentan con un manto protector que las exime de recibir las sanciones que en verdad merecen?

¿Paz verde?

Todo indica que Guillermo Sesma, hermano del polémico y actual diputado verde Jesús Sesma, se ha mantenido muy escondidito y con una vida tranquila en Austin, Texas, con la idea que autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez, han dejado de lado las investigaciones sobre el supuesto movimiento, sin explicación aparente, de 68.7 millones de pesos a destinos como Canadá, así como la creación de offshores en paraísos fiscales. La confianza de Guillermo, según diversos testimonios, recae en la amistad que presume con Julio Scherer, el antes jefe jurídico del titular del Ejecutivo, ¿será cierto el manto de protección?

Voz en off

Crédito Real quiere sacudirse cuanto antes el mal prestigio que le ha originado sus problemas financieros, de ahí que con bombo y platillo anuncia que ya pagó sus adeudos con algunos bancos, entre ellos Banorte y Scotiabank. Sometido a la presión de las medidas legales, prefirió ajustar cuentas, ahora el principal problema son los bonistas que promovieron un procedimiento de insolvencia en Estados Unidos e impugnaron la sentencia de liquidación vía amparo, por cierto un tema aún pendiente.

Recordará usted que esta empresa solicitó iniciar un proceso de reestructura bajo la protección del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos pero aún no se sabe nada, de hecho este último podría quedar resulto la próxima semana, veremos si para la empresa del exdirector general Ángel Francisco Romanos Berrondo se dan buenas noticias.