Vigilar periodistas, ¿espionaje o inteligencia?

El 2 de octubre una investigación conjunta de la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social TIC, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político documentó que teléfonos de por lo menos un defensor de derechos humanos (Raymundo Ramos) y dos periodistas (Ricardo Raphael y un colaborador de Animal Político del que se ha resguardado identidad) fueron monitoreados en 2019, espiados con el mismo software Pegasus que se usaba el sexenio pasado contra civiles de manera arbitraria.

El gobierno dice que no hay pruebas suficientes para concluir que fue el Ejército quien usó Pegasus, ya en esta administración, contra periodistas y activistas, pero la filtración de documentos extraídos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ,que se atribuye al grupo de hackers Guacamaya, exhibe al menos que esa secretaría sí contrató un “sistema de monitoreo remoto de información” con la misma empresa que vende el software de espionaje Pegasus: Comercializadora Antsua SA de CV.

La periodista Nayeli Roldán llevó el tema a la conferencia presidencial del 4 de octubre y el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores”. Ella insistió exponiendo los datos sobre esa compra de equipo de “monitoreo” a la misma empresa que vende Pegasus. El mandatario negó que su gobierno tuviera relación con los tres casos, pero justificó el “monitoreo” del Ejército: “ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores”. 

El artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional define “inteligencia” como el conocimiento que se obtiene a partir de “la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional”. Es decir, en términos legales, el Ejército puede recabar información y analizarla, incluso obtenerla a través de “cualquier método” para tareas de inteligencia, pero con dos candados legales clave: no “afectar” derechos humanos y, específicamente cuando esa información se obtenga a través de intervención de comunicaciones como las que realiza el software Pegasus (o cualquier otro equipo de “monitoreo”), siempre debe ser con autorización de jueces, justificada y solo aplicarse en casos donde exista riesgo a la seguridad nacional –terrorismo, por ejemplo, no periodismo–. 

El artículo 16 constitucional establece que “las comunicaciones privadas son inviolables” y agrega que la ley “sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas”, aunque reconoce que pueden intervenirse cuando un juez lo autorice pero solo para registrar “información relacionada con la comisión de un delito”. Se lee: “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”. 

Que el Ejército tenga un equipo de monitoreo (espionaje), incluso si fuera Pegasus, podría ser parte de una actividad de inteligencia legítima pero solo cuando haya orden de un juez y se justifique para combatir delitos. Cualquier uso distinto y discrecional de la “inteligencia” en contra de activistas y periodistas es espionaje ilegal violatorio de derechos humanos.

Durante décadas, tanto el Ejército como otras instancias gubernamentales que formalmente estaban dedicadas a la seguridad interior o nacional han usado el aparato de Estado para espionaje discrecional contra civiles, sin indicios de que sean parte de ningún delito y sin orden judicial, solo a partir de lo que sus “objetivos” escribían o expresaban. La historia nos muestra que hay riesgos y distorsiones cuando la decisión de vigilar con métodos intrusivos desde el Estado no tiene controles efectivos. No puede normalizarse esa práctica o asumirse como mal necesario para facilitar tareas militares, no basta con el cambio de mando presidencial y la buena voluntad para neutralizar potenciales y acreditados excesos que cruzan la frontera de legalidad.  

Las escuchas telefónicas y el seguimiento a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos escudriñando su vida privada fue regla y no excepción en tiempos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), desde su creación en 1947, durante el sexenio de Miguel Alemán, y hasta su desaparición en 1985.

Esa institución dedicada a la “inteligencia” cambió de nombre a Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional ese año. Después, en 1989, se convirtió en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora se denomina Centro Nacional de Inteligencia. El Ejército e, incluso, la Guardia Nacional hacen también labores de inteligencia.

Esa temible DFS acumulaba ya una larga lista de abusos cuando cambió de piel. Su poder de espionaje discrecional en nombre de la inteligencia y la seguridad nacional mostró clara incompatibilidad con cualquier respeto a los derechos humanos.

Mantener o incrementar poder sin controles efectivos en aparatos de “inteligencia”, o ignorar leyes que suponen esos controles solo en papel pero que no se aplican en los hechos a partir de interpretaciones forzadas de que todo vale cuando es en nombre de la patria, abre la puerta episodios de silenciamiento y vulnera a civiles desde el Estado, anida siempre caer en la tentación de ponerle el dedo a cualquiera desde un poder siempre asimétrico entre fuerza armada contra cualquier civil que no es ni criminal ni terrorista.