Debatir moche ‘legal’ de sueldos a partidos

Es un contrasentido cuestionar con una mano el flujo de dinero en efectivo no rastreable para campañas políticas y con otra defender reglas que incrementan ese fenómeno, por ejemplo, colocar en estatutos partidistas “legales” una obligación a militantes de entregar porcentajes de su salario, condicionando así incluso la permanencia en el instituto político en caso de que no se aporte ese dinero privado que suele alejarse de una auténtica convicción voluntaria y acercarse mucho terreno del abuso y la simulación.

El dinero en efectivo, los descuentos y las aportaciones privadas de militancia se disfrazan de prácticas voluntarias, pero todas y todos sabemos que son voluntariamente a fuerza, y que implican caminos, huecos que permiten garantizar recaudación que puede fácilmente ser indebida para proyectos políticos con signos partidistas distintos. Es un asunto que amerita autocrítica por las distorsiones que entraña el entramado vigente de “aportación voluntaria” de recursos privados, debate que trasciende el golpeteo de coyuntura por un libro u otro.

El derecho a militar en política no debería estar condicionado a cambio de aportaciones económicas obligatorias que supuestamente son voluntarias, las autoridades electorales no deberían tampoco tolerar estatutos que dispongan moches “legales” de los ingresos de militantes, los cuales hoy se incluyen sin rubor en reglas de vida interna en varios partidos, asumiendo, por ejemplo, que cualquier militante que tenga un cargo público debe entregar un porcentaje de su ingreso mensual o anual, incluso dándolo en efectivo, para financiar al partido que empujó su candidatura o al gobierno que le da trabajo.

Lo anterior se presta no solo a fabricables recibos de por medio para justificar inyección de dineros en cash, también a que se recaude de tanta militancia “voluntaria” como gobiernos municipales o estatales o federales cosechen para un signo en cuestión. Esa modalidad para recaudar fondos adicionales a los millonarios recursos públicos que se ya se reparten propicia distorsiones y abusos. Si en verdad se quiere combatir el cash, pues un buen inicio sería discutir los moches obligatorios que son “legales” porque formalmente están en varios estatutos, pero que tienen una línea muy delgada en romper la legalidad e instalarse en la simulación.

Se supone que la autoridad electoral debe revisar si la vida interna de cualquier instituto político tiene reglas que realmente sean constitucionales y legales, pero en este caso de las “cuotas” de militancia se ha interpretado durante años que exigir pagos obligatorios sobre el porcentaje de ingresos de afiliados con cargos públicos es válido, pura vida interna, fomentar los apoyos voluntarios, cuando en realidad es una oportunidad para apropiarse de fondos cautivos o justificar flujos de cash como si fueran parte de esas cuotas. 

Así vemos que en el artículo 12 de los estatutos del PAN se exige a cualquier militante de ese partido “aportar, cuando sean designados servidores públicos, o electos legisladores o funcionarios, en cargos emanados del PAN, una cuota al partido”.

En el artículo 61 de los estatutos del PRI encontramos también que se alude a la obligación para que su militancia aporte “cuotas”, en los términos que su Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas disponga, y pues ese reglamento dispone que hay cuotas obligatorias para militancia del 3% de “sus ingresos mensuales”.

Los estatutos del PRD permiten también exigir a sus afiliados “cuotas extraordinarias” obligatorias, y si no se cubren pues esas personas quedan fuera de los listados nominales de la organización.

En Morena, el artículo 67 de sus estatutos establece que en “el caso de legisladores o representantes populares electos por Morena, estos deberán aportar el equivalente entre 5 y 10% de sus percepciones totales”, y aclara que esa aportación incluye “salario, aguinaldo, bonos, prestaciones”. Pueden hacerse excepciones para ese pago solo si el partido lo considera causa justificada.

Cualquier “aportación” en efectivo, donde se acepten recibos y no transferencias bancarias rastreables, fomenta el famoso cash ilegal. Lo mismo ocurre con los “moches voluntarios”, que son germen para descuentos en nóminas de distintos órdenes de gobiernos. Cuando los escándalos aparecen por esos métodos, las críticas a la retención de aportaciones que simula voluntad genera en las palabras condena, pero se quedan este tipo de reglas en estatutos y eso, quizá suene lógico y legítimo, en la práctica pavimenta el camino para darle la vuelta al espíritu de las normas y recaudar dinero indebido. Se abren huecos que fomentan la simulación en lugar de frenarse.

Es tanto como exigir que se cierren puertas por donde entra cash indebido a la política, pero siempre y cuando se queden abiertas todas las ventanas por si se ofrece.