Jueces de carrera recuperan control con la presidenta Piña
Libertad bajo palabra

Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.

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Jueces de carrera recuperan control con la presidenta Piña

Como se esperaba, la presidencia a la ministra Norma Piña ha traído consecuencias positivas que han motivado la confianza de los juzgadores de carrera a nivel nacional. En los últimos cuatro años, fue notoria la predilección por perfiles externos para ocupar posiciones de jerarquía en áreas sensibles dentro del Consejo de la Judicatura Federal, institución especializada en atender los temas de adscripción, disciplina, carrera judicial y la administración general de casi mil órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales) en los 32 circuitos en que se divide el territorio nacional.  

Ahora se comienza a generar una dinámica distinta, muestra de ello es la salida de Carlos Alpizar, quien fungió como secretario general de la Presidencia en el consejo y se le conoció por sus actitudes prepotentes y autoritarias para ejercer presiones sobre diversos funcionarios y juzgadores en asuntos jurisdiccionales. Alpizar era el ejecutor de una tendencia que lastimó la relación institucional con algunas juzgadoras y juzgadores que fueron desplazados e incluso perseguidos sin justificación aparente. La primera circular interna del Consejo de la Judicatura Federal de este año, de fecha 4 de enero de 2023 fue para comunicar la renuncia fulminante de Alpizar Salazar y la designación en esa posición de María Cristina Martín Escobar, quien fue coordinadora de ponencia de la ministra Piña Hernández y goza de toda su confianza. 

El tema de Alpizar no se termina con la renuncia, ya que ha trascendido que habría razones y elementos para revisar su desempeño e incluso emprender posibles acciones administrativas que están siendo valoradas.

Arturo Guerrero Zazueta, quien todavía funge como Secretario Ejecutivo del pleno en la Judicatura Federal ha sido requerido por la presidenta del Consejo para conocer la situación de las áreas más sensibles y las comisiones que tendrán nuevas integraciones para la revisión de adscripciones, administración y disciplina. Es inminente que Guerrero Zazueta también será relevado.

El gobierno de jueces de carrera está de regreso en la Judicatura Federal y esto significa que serán revisadas las condiciones en que han sido relegadas juzgadoras y juzgadores que se consideran exiliados por su pertenencia a sectores políticamente adversos a los intereses de la pasada administración. Quienes conocen a la ministra Norma Piña saben que no le tiembla la mano para aplicar disciplina a quienes cometan irregularidades, pero las formas serán distintas para preservar el derecho de presunción de inocencia a través de procedimientos transparentes y debidamente probados. 

El equipo que llega abonará en superar desgastes y fricciones con las asociaciones de jueces y magistrados que se sienten agraviadas por el estilo dictatorial de los últimos años, asociado a la intolerancia al disenso y la autocrítica. 

Es necesario contextualizar que ningún Presidente de la República había descalificado tanto a los jueces federales como Andrés Manuel López Obrador, sus embestidas para presionar y amedrentar por decisiones jurisdiccionales adversas a sus intereses fueron toleradas por la administración de Arturo Zaldívar, el Consejo de la Judicatura fue omiso para defender el trabajo de impartidores de justicia señalados con gran ligereza y sin pruebas como corruptos. Les anticipo que eso va a cambiar, veremos un estilo que tratará de evitar confrontaciones con el Ejecutivo, pero no habrá silencio complaciente ante los insultos lanzados desde Palacio Nacional.

Lo que se ha tomado internamente como una flagrante falta de elemental cortesía es el hecho de que en la nueva administración se siguen publicando acuerdos de la pasada, que dejaron en el cajón desde diciembre y entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es el caso de reformas y adiciones al acuerdo del 3 de noviembre de 2021 que reglamentan la carrera judicial y fueron publicadas el 9 de enero de 2023, una semana después de la llegada de la ministra Piña Hernández a la presidencia del Consejo.   

En el Instituto Federal de Defensoría Pública también habrá cambio en la dirección general encabezada por Netzai Sandoval, que será reemplazado seguramente por un magistrado o magistrada de carrera.

En el Poder Judicial de la Federación, la adecuada operatividad de la Judicatura Federal será uno de los retos más complejos. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la administración es menos demandante, la presidenta dejará de proyectar asuntos, lo que no implica dejar de estudiarlos. En Pino Suárez 2 ya se perfilan nuevos titulares en las direcciones generales de Comunicación Social y el Canal Judicial, con una visión que dejará de lado el culto a la personalidad para centrarse en aspectos más institucionales e incluyentes que tomen en cuenta a todos los integrantes del pleno. 

El equipo cercano de la ministra Piña me ha precisado que no abrirá cuentas en redes sociales, su interacción con los reporteros de la fuente es fluida, sin embargo cambiará el escenario de periódicas conferencias de prensa que terminaban siendo una apología de repetitivas agendas personales en los últimos meses. 

Los primeros días de 2023 también vieron relevos en las presidencias de las Salas en el alto tribunal. Ahí la nota fue el retorno de los jueces de carrera, en la Segunda Sala se esperaba la elección de la ministra Loretta Ortiz, quien antes de ver formalizada su designación comenzó a exigir renuncias entre el personal, lo que provocó un severo enfado interno que derivó en la pérdida de la votación para ser electa. El ministro Alberto Pérez Dayán asumió la presidencia de esa sala para los próximos dos años con el respaldo de Luis María Aguilar y Javier Laynez. La actitud de Ortiz Alhf hizo recordar su llegada a la ponencia que heredó de Fernando Franco, provocando una ola de despidos arbitrarios entre el personal valioso y experimentado que ahí laboraba. 

Sin sorpresas, en la Primera Sala fue designado presidente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Secretaría General de la Presidencia fue desocupada por Alejandra Spitalier, que minutos después de la asunción de la ministra Piña cometió un nuevo dislate al subir un mensaje en su cuenta personal de Twitter que textualmente dice: “El compromiso del ministro Arturo Zaldívar con los derechos de las mujeres llegó hasta que dejó en el cargo a la primera presidenta de la Corte y el Consejo”. Las reacciones fueron inmediatas para recriminar a la exfuncionaria un texto que atribuía a su jefe haber “dejado” en el cargo a Piña, desconociendo sus grandes méritos profesionales con una carrera judicial de 34 años y menospreciando la votación en la que resultó electa por la mayoría de sus pares, incluso sin el respaldo de su antecesor.

Esa posición clave en el gobierno de la Corte ya es ocupada por una colaboradora muy cercana de la ministra presidenta que venía trabajando con ella en su ponencia como secretaria de Estudio y Cuenta, se trata de Natalia Reyes Heroles Scharrer.

Los cambios generan esperanza. La autonomía y la independencia se verán fortalecidas en el Poder Judicial con el sello de una jurista experimentada que conoce el terreno que pisa y se forjó en casa.

EDICTOS 

Es interesante recordar que los siguientes relevos en el pleno de la Corte serán para cubrir las vacantes que dejarán Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Luis María Aguilar Morales, quienes concluirán sus períodos de 15 años como ministros el 30 de noviembre de 2024. Las ternas para sus respectivos relevos serán enviadas al Senado de la República por quien asuma la Presidencia de la República el 1 de diciembre de ese mismo año. Este esquema podría romperse si el queretano llegara a renunciar antes para buscar un cargo público o de elección popular, aunque la constitución determina restricciones para actividades profesionales posteriores de los togados que sólo pueden renunciar por causa grave.   

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