¿No son iguales? Los otros datos sobre la corrupción en México

Hemos escuchado hasta el hartazgo un pronunciamiento falso del presidente de la República que, a fuerza de cientos de reiteraciones huecas, trata de establecer por decreto y sin sustento que en materia de corrupción él y sus colaboradores no son iguales a sus antecesores. 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) falta a la verdad y lo hace sabiendo que la realidad no le concede razón. La corrupción presente en el sistema político mexicano se ha documentado con cientos de casos, ningún mandatario ha logrado con éxito erradicar este mal, algunos ni siquiera lo intentaron con seriedad como ocurrió en el sexenio anterior. El hartazgo social generado por Enrique Peña Nieto y su dócil entrega de la plaza le dieron herramientas al tabasqueño para ilusionar con fáciles promesas de transformación. Con AMLO no se fueron los negocios al amparo del poder, ni el tráfico de influencias, el nepotismo o las corruptelas de funcionarios encumbrados en el gobierno federal. El simple voluntarismo mesiánico que le caracteriza, no resiste la más elemental revisión de resultados.

En la llamada Cuarta Transformación, la corrupción persiste, echa raíces, se mantiene impune y es solapada desde Palacio Nacional. La intención de guardar las apariencias simplemente pasa por alto escándalos que contradicen sus “otros datos”. Hay agravantes que en gobiernos anteriores no ocurrían, por ejemplo los controles de transparencia en las contrataciones del gobierno han sido cobijadas por la opacidad, el manejo de flujos de efectivo se ha incrementado, domina la discrecionalidad para otorgar plazas en la administración pública sin cubrir los requisitos de ley, se conceden millonarios contratos de obra sin licitar y persisten los casos que comprueban conflictos de interés. Basta con la bendición presidencial para que cualquier impedimento administrativo se borre del récord en la rendición de cuentas.

Vemos frente a nosotros un amplio abanico de impresentables que detentan el poder sin calidad moral, ajenos al principio de honestidad que se pregona en los discursos que glorifican la incongruencia. Hay de todo, desde una exsecretaria de Educación Pública favorecida para buscar la gubernatura del Estado de México que retuvo ilícitamente sueldos de empleados públicos cuando era alcaldesa en Texcoco, hasta una senadora del partido del presidente que no paga la renta del departamento que alquila en la Ciudad de México.

En la baraja de ejemplos se destaca a Manuel Bartlett, quien fue purificado a pesar de su negro historial e inexplicable fortuna inmobiliaria. Encontramos también al fiscal general de la República impulsado por el régimen para torcer la procuración de justicia y materializar sus venganzas personales, que además puede darse el lujo de gastar más de 100 millones de pesos en su colección personal de autos sin que nadie lo moleste. 

Podemos mencionar los casos de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Javier May en la Secretaría del Bienestar o de Ignacio Ovalle en Segalmex en los que el denominador común fueron los desvíos, faltantes o manejos irregulares en el presupuesto que tuvieron o tienen a disposición. 

El caso emblemático del sexenio que envuelve una trama de repentina riqueza inexplicable a través del conflicto de interés es el de José Ramón López Beltrán, primogénito del presidente. La investigación sobre “la casa gris” anuló cualquier duda sobre el engaño en la narrativa de la pobreza franciscana. El libro testimonial de Elena Chávez, exesposa de uno de sus colaboradores más cercanos, relata el modo de operar el efectivo para evadir controles fiscales e intentar desvanecer los rastros del saqueo retratado y videograbado. 

Las múltiples irregularidades en la entrega de apoyos sociales, las adjudicaciones directas que involucran cifras millonarias del erario, el austericidio que ha justificado el abandono del sector salud y educativo para garantizar las inoperantes obras del aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. El Tren Maya es claramente prescindible y, sin embargo, tiene más presupuesto que las compras de medicamentos para enfermos de cáncer o el equipamiento de hospitales públicos.

Todo esto es una deshonestidad documentada. Ya chole con ese falso discurso de que el saqueo institucionalizado se terminó en su sexenio, señor presidente.

La organización Transparencia Internacional con sede en Berlín presentó recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (IPC), que analiza y mide con indicadores objetivos la situación de la corrupción en el mundo. Por tercer año consecutivo, México se mantuvo en 31 puntos en una escala de 0 a 100 para situarse en el lugar 126 de los 180 países evaluados. 

Nuestro país obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. En el análisis de Transparencia Internacional se pone en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, para evitar la impunidad de personajes enjuiciados por actos de corrupción. El reporte además señala: “pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas”.    

Una recomendación del organismo exhibe al gobierno de AMLO y su tendencioso manejo del tema “el uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de instituciones antilavado de dinero o de procuración de justicia”.

Países como Trinidad y Tobago, Argentina, Vietnam, Túnez, Tanzania o El Salvador resultaron mejor calificados que México durante el periodo anual de 2022. Entre las naciones que integran la OCDE, nuestro país es el peor evaluado. 

El reporte, sus factores de medición, la metodología y recomendaciones de Transparencia Internacional pueden ser consultadas en su página de internet o en sus cuentas de redes sociales, así como en el capítulo mexicano de la organización que goza de gran prestigio internacional. 

Es evidente que el espejismo de la transformación que se vende a los ciudadanos se sustenta únicamente en la saliva. Afirmaciones engañosas, sesgadas o francamente falsas se repiten sin recato en el discurso de un mandatario que carece de capacidad y voluntad para enfrentar a la corrupción de la cual se retroalimenta.

EDICTOS 

Agradable sabor de boca dejó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló por inconstitucional la reforma a modo en Veracruz que permitía la eventual candidatura a la gubernatura de Rocío Nahle en la entidad donde no nació. Ocho votos en mayoría calificada que constituyen un golpe de autoridad que aniquila las aspiraciones políticas de la secretaria de Energía. Una esperanza firme de que por la misma vía procesal se anule el plan b que pretende destazar al INE, sólo la Corte podrá rescatar la viabilidad operativa de la institución autónoma que garantiza nuestra amenazada democracia.