La viabilidad del INE a juicio en la Suprema Corte

La imposibilidad de una reforma constitucional en materia electoral para aniquilar al Instituto Nacional Electoral ha dejado como saldo un conjunto de leyes abiertamente inconstitucionales que persiguen el objetivo trazado por Andrés Manuel López Obrador, debilitar al árbitro autónomo de nuestra democracia para consolidar la permanencia en el poder de su partido político. 

Este escenario plantea el reto más grande en el futuro inmediato para la Suprema Corte de Justicia, presidida por la ministra Norma Piña Hernández. Ya pasó la expectativa y la sacudida, ahora viene la consolidación de la esperanza de un tribunal menos condescendiente con el Ejecutivo, porque en el fondo esa fue la intención de la votación del 2 de enero para poner al frente a una jurista no alineada a la cercanía complaciente con el Presidente de la República. 

La apuesta 4T en la recta final de 2022 fue ordenar a sus mayorías incondicionales legislar sin cambiarle una coma a las instrucciones dispuestas en Palacio Nacional, aún sabiendo que las iniciativas fueron inconstitucionales y dieron lugar a ordenamientos viciados de origen como ocurrió con el paquete conocido como “plan B” que vulnera la operatividad básica del INE. 

El autor intelectual del austericidio es el tabasqueño que, con el pretexto de los ahorros, estrangula el presupuesto para propiciar el adelgazamiento de las estructuras operativas del instituto a ocho meses del arranque formal del proceso electoral 2024, en el que se renovará la presidencia, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, casi 1600 alcaldías y 30 congresos locales en todo el territorio nacional. 

Además de conculcar la estructura del INE, se afecta la fiscalización de partidos y candidatos que sistemáticamente rebasan los topes de gasto de campaña. Otro factor de riesgo en el horizonte inmediato de la realidad es la injerencia del crimen organizado y su dinero sucio en diversas regiones del país. Por si esto fuera poco, se pretende también colocar alfiles leales a Morena en los próximos relevos de su Consejo General.

Las leyes secundarias aprobadas recientemente estarán sometidas al análisis de la Corte que tiene la posibilidad de anularlas a través de acciones de inconstitucionalidad que ya han sido presentadas por los partidos de oposición, integrados en la Alianza Va por México.

Está en juego la viabilidad de nuestra democracia y sólo el Tribunal Constitucional puede revertir el atropello. La prueba que viene para las ministras y ministros será crucial porque la apuesta del régimen es evitar la anulación de leyes regresivas. Es previsible que al analizar las acciones se elabore un proyecto que aborde la inconstitucionalidad de las normas electorales de AMLO, los cálculos de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación para lograr pasar la prueba de la mayoría calificada en la Corte ya comenzaron. 

Al conocer el proyecto de resolución que propondría la expulsión del llamado “plan B” del orden jurídico vigente se necesitarán ocho votos en el pleno o, visto en otro sentido, bastarían cuatro votos en contra para dejar vivir leyes inconstitucionales, lo que significaría uno de los golpes más contundentes de la 4T contra el avance democrático de las últimas tres décadas en nuestro país. 

Es también altamente probable que Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar sean dos votos cantados en respaldo a la intención presidencial. La Corte atravesará un nuevo reto de firmeza para defender la estructura electoral que tantos esfuerzos ha representado construir y de la que se han beneficiado, irónicamente los impulsores de la destrucción del instituto.

Vienen tiempos intensos agravados por la crisis de Yasmín Esquivel con la novela del plagio, tema no resuelto que irremediablemente afecta al tribunal más importante del país. La autoridad moral de Yasmín Esquivel Mossa para juzgar es inexistente, aferrarse a su sitial en el pleno tiene costos elevadísimos y es un pesado lastre que la perseguirá hasta que aterrice la resignación de su renuncia.

En esta coyuntura tan relevante, me quedo con una de las reflexiones más recientes de José Woldenberg, precursor del sistema electoral que propició la alternancia a través de procesos limpios y confiables, “La democracia no son solamente las elecciones, la democracia implica un poder regulado, un poder fragmentado, un poder vigilado y un poder al cual el ciudadano puede confrontar por vías judiciales”.

Veremos en los próximos meses el desempeño de la Corte para asumir su papel de garante de la Constitución. Lo que viene es una de las pruebas más emblemáticas; los alcances de la decisión definirán las condiciones en que se dará la elección presidencial. ¿Llegaremos a 2024 con un INE diezmado por Morena y sus secuaces o iremos a las urnas dentro de 17 meses con una institución que preservará su reconocida capacidad operativa para otorgarnos certeza y transparencia a prueba de fraudes? La respuesta vendrá de la Suprema Corte de Justicia que será descalificada en el camino de una de las resoluciones más importantes de esta época.

EDICTOS

1. El próximo 5 de febrero, día en que se festejará el 106 aniversario de la Constitución de 1917, veremos en el Teatro de la República en Querétaro la primera ceremonia oficial en la que la ministra Norma Piña representará al Poder Judicial de la Federación. Será interesante escuchar el mensaje y el tono de la primera mujer al frente de la Corte en un contexto ideal para hablar frente al presidente López Obrador sobre la importancia del orden jurídico, en una era dominada por el desprecio hacia el trabajo de los juzgadores federales. En congruencia con el estilo de la ministra Piña es previsible un mensaje mesurado, respetuoso y firme para convocar a una relación de colaboración, pero sin sometimientos.

1. Continúa la limpia de funcionarios leales a Arturo Zaldívar, el ciclo de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, exintegrante del gabinete presidencial y cuñado de John Ackerman, concluyó en la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública. En la circular 3/2023 del Consejo de la Judicatura Federal se dió a conocer que la magistrada Taissia Cruz Parcero asumirá esa posición a partir del primer día de febrero, lo que sin duda es una buena noticia. Cruz Parcero es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la generación 89-93, tiene una reconocida carrera judicial de 32 años. Estoy seguro que hará un buen papel para fortalecer a una institución que requiere mayor eficacia y menos populismo judicial.