Apocalipsis o ‘plan b’ para el ‘plan b’ electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene buenas razones para cuestionar varios temas concretos de los cambios legales en materia electoral conocidos como ‘plan b’, pero no debe seguir instalado en el discurso catastrofista con el que asegura que, en caso de que se publique la reforma se viene el apocalipsis para la democracia. No debe, primero, porque los cambios ya ocurrieron en su mayoría, ya han sido aprobados desde diciembre y aunque es legítimo e incluso imperativo exponer argumentos e interponer recursos ante la Suprema Corte para que se revise cada punto polémico (hay varios), si la reforma finalmente prevalece en sus términos el discurso de juicio final tendrá que dejarse a un lado y operativamente ver cómo llevar a la práctica, lo mejor posible, las reglas vigentes.

Si el ‘plan b’ para combatir el ‘plan b’ es solo apostar a que la Corte va a cancelar completa la nueva ley se navega por un callejón sin salida, porque se requieren ocho de once votos posibles de las y los ministros para declarar inconstitucionales porciones de las leyes electorales que están por publicarse (unas ya), entonces quizá eso, la inconstitucionalidad de algunos aspectos, quizá se alcance, quizá la Corte nos de alguna interpretación que ayude a clarificar otros puntos, pero si se quedara tal cual la norma en lo sustantivo después de su escala en el poder judicial, el tono tremendista que las últimas semanas ha estado en la autoridad responsable de aplicar las reglas, dejaría al árbitro en un callejón sin salida, o renuncia o aplica lo mejor posible las reglas que se mantengan al final del camino.

El 25 de enero el INE, con respaldo unánime de sus consejeras y consejeros, presentó un amplio análisis de los impactos que consideran tendría el famoso ‘plan b’, es decir, los ajustes a seis leyes relacionadas con elecciones que en los próximos días terminarán su trámite legislativo. Lorenzo Córdova, presidente del instituto, dijo en su intervención al presentar ese documento que si finalmente se formalizan los cambios y estos se aplican: “todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.

El tiempo dirá si sus palabras han sido una exageración o no (yo creo que un poco sí), pero de entrada, los recursos que presente el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Corte debieran concentrarse en mantener la logística en campo para el despliegue de casillas y urnas funcional, clarificar el derecho de un árbitro autónomo a definir en el estatuto de su servicio profesional los cargos y funciones necesarias para cada distrito. Defender las condiciones técnicas y logísticas es razonable y necesario. Tiene el INE su presupuesto completo aprobado para 2023 y así, hay margen para ir diseñando el ‘plan b’ para aplicar el ‘plan b’. 

Así como la cámara tiene legitimidad para aprobar esos ajustes legales que considere, el instituto también cuenta con la vía legal que ya anunció para llevarlos a la Suprema Corte a revisión específica sobre la constitucionalidad o no de cada punto. El tema es que más allá de que puedan modularse algunos artículos o toda la reforma en ese debate que toca al poder judicial, la autoridad electoral debería concentrarse en tener su ‘plan b’ de implementación respecto al escenario de un ‘plan b’ ratificado tal y como está, ver cómo sí aplicarlo, aunque no le convenza su diseño. Es lo que hay.

El litigio quizá module algo en esas normas, pero es importante modular también el discurso de pánico político y fortalecer el jurídico. Hay un tema fundamental en esto de las percepciones: es frecuente que las críticas al ‘plan b’ se descalifiquen diciendo que lo que se defienden solo son altos salarios de consejeras y consejeros. No es así, no del todo, por eso será clave que el INE no incluya en la controversia constitucional que presentará ante la Corte ningún tipo de defensa para cancelar los artículos de la nueva ley que piden un salario a la baja para consejeras y consejeros, menor al del presidente de la República. Ese tema concreto es muy simple, y no genera apocalipsis de aplicarse, por eso, si caen en esa tentación de argumentar cualquier cosa relacionada con mantener los salarios como hoy están y contaminen así el litigio en la Corte, los argumentos que han puesto en la mesa sobre reales afectaciones operativas, en acciones afirmativas u otros temas sustantivos, perderán foco, toda la controversia se quedaría sin credibilidad, darían la razón a quienes dudan de su rechazo a las reformas.

Hay asuntos relevantes que analizar, sobre todo los alcances del nuevo diseño de organización para las estructuras desconcentradas, que acorde a las y los consejeros tendría necesariamente que reducirse en 85% pero que, acorde a lo que dijo el representante del poder legislativo de Morena en la sesión extraordinaria donde se presentó el informe, al menos para esa representación formal del partido mayoritario en el instituto se asegura que “no desaparecen” las oficinas distritales, que eso le correspondería al propio consejo ¿y si le toman la palabra al diputado César Agustín Hernández y el Consejo define qué cargos necesita en sus distritos haciendo uso de su autonomía?

Si el ‘plan b’ completo se abre paso, las consejeras y consejeros que sigan en el cargo tendrán que aplicarlo lo mejor posible.

Tienen derecho y el deber de exponer lo que les parece mal o preocupante técnicamente en su contenido, pero no solo quedarse en el discurso de que se acerca el juicio final en caso de que se apruebe algo que ya se aprobó, o que solo podemos salvarnos cancelando toda la reforma en la Corte porque, aunque no es imposible que eso pase, luce muy complicado.

Habrá entonces que trabajar con el ‘plan b’ para aplicar el ‘plan b’ y hacer la mejor elección posible con lo que se tiene vigente.

Si amanecemos el día siguiente habremos superado la prueba.