¿Es viable el ‘plan b’ para que avance la reforma electoral?

La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, presentada por el gobierno el 28 de abril, no avanzará, su discusión en el pleno del Congreso será mero trámite y, salvo un milagro que cambie el escenario de último minuto, es crónica de rechazo total a todos los artículos que pide modificar. Falló la política para tejer acuerdos, convencer y construir consenso al menos con un sector de la oposición, el necesario para sumar dos terceras partes del Congreso que se requieren para cambiar artículos de la Carta magna.

Hay cosas que mejorar en el modelo de elecciones, pero una reforma con lógica de todo a nada suele quedarse en nada o en poco y cuando se trata de reglas de competencia es deseable anteponer consensos, aunque no solo con élite política, también con el ánimo ciudadano. Es una pena que el tono de confrontación en una y otra esquina hiciera inviable un debate serio sobre algunos temas que estaban incluidos en la iniciativa y no alcanzaron un debate menos emocional y más racional.

Había asuntos que con ese debate habrían podido ajustarse, afinarse, pero se ha perdido la oportunidad, por ejemplo, de transitar a un esquema de representación política que implique congresos más justos entre lo que se vota y las curules o escaños que se asignan para cada fuerza política, porque hoy siguen partidos con más proporción de legisladores que proporción de votos (sobrerrepresentados) y otros con menos (subrepresentados). Esa idea de intentar una proporcionalidad “pura” no se lograba con la iniciativa presidencial tal y como estaba escrita, pero pudo ajustarse en el acuerdo debate que ya no se dio y generar un avance que tampoco habrá en ese aspecto concreto.

Construir mayorías parlamentarias era posible en algunos elementos. No pasó y ahora se anuncia que un “plan b”, donde no se requiera acordar nada con la oposición, como si así se pudiera sustituir la reforma constitucional. Morena, partido en el gobierno, tiene el número suficiente de votos para cambiar leyes electorales que reglamentan las bases constitucionales, pero jurídicamente es inviable que prospere un modelo electoral aprobado solo en leyes cuando la base constitucional que es la norma “fundamental”, con mayor jerarquía, tenga contradicción con lo que se modifique en sus leyes reglamentarias.

La constitución es la que nos dice los qué y las leyes detallan los cómo, pero si es específica una regla en la constitución pues esa especificidad del cómo en la ley tiene una frontera delimitada que no se puede brincar con atajos (por ejemplo, cuántas diputaciones o consejerías deben existir).

Así, los temas polémicos de la reforma constitucional, como reducir de once a siete el número de consejeras y consejeros del INE no puede cambiarse desde la ley porque es regla expresa en constitución, elegir esas consejerías por voto popular tampoco es algo que pueda cambiarse desde leyes sin modificar antes la constitución que detalla el método de designación vigente, la fórmula de financiamiento de partidos políticos está en la constitución (y genera una bolsa millonaria de reparto) pero tampoco puede disminuirse desde las leyes, la nacionalización de todas las elecciones o la desaparición de órganos electorales locales no es viable desde un cambio solo legal.

¿Qué sí se podría modificarse con mayoría simple en una ley? Tal vez medidas de austeridad aisladas o temas como el voto electrónico, aunque la naturaleza de órganos autónomos hace que las instituciones electorales definan su organización administrativa interna y el margen para acotar su diseño y su estructura es limitado desde una ley y llegaría a Poder Judicial para la última palabra de si esa ley es válida o no.

En su propuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que se reduzca el número de diputaciones federales para que en lugar de 500 sean ahora 300. Eso tampoco puede prosperar con “plan b” que solo cambio la ley, porque el número de legisladores está en la constitución.

Eventualmente, las y los legisladores pueden aprobar leyes con el contenido que consideren, pero la Corte lo declararía inconstitucional si hay contradicción entre norma secundaria y Carta magna, el tribunal electoral también podría declarar inaplicables los elementos que considere contrarios a la base constitucional.

Medidas administrativas para tener una organización de elecciones más austera pueden ser justas y razonables, pero eso no es un “plan b” que sustituya lo que se pidió en la iniciativa presidencial. Sería reforma administrativa, no electoral.