Obesidad, urgen más que buenas intenciones

México llegó otra vez al Día Mundial de la Obesidad, que se conmemoró el 4 de marzo, con un panorama desastroso. 

Cincuenta millones de mexicanos padecen sobrepeso y obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021. Y de acuerdo con la organización World Obesity, este padecimiento afectará a 47% de la población de nuestro país para el año 2035. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, ambas íntimamente ligadas a la obesidad, fueron la causa número uno y dos de muerte en México en el periodo enero-junio del año pasado.

Es urgente afrontar la crisis y hay que reconocer que México no lo está haciendo bien. El problema no es nuevo, tiene ya décadas en aumento y ha sido un tema de preocupación de las últimas tres administraciones donde ha habido de todo: desde buenas intenciones, intentos cosméticos, medidas marginales, ambiciosos planes y falsas promesas, hasta medidas draconianas, políticas alimentarias, duras reglamentaciones e impuestos, acompañados de una gran cantidad de señalamientos y búsqueda de culpables. Sin embargo, la problemática continúa.

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, por lo que debe ser abordada desde varios flancos. Sin embargo, desde hace 12 años que analizo y escribo de este tema, la constante por parte de los gobiernos y autoridades de salud ha sido únicamente el buscar incidir sobre las causas del problema y no sobre sus consecuencias. En los pasados 10 años, además, ha ido creciendo una tendencia a buscar y señalar responsables, sobre todo entre la industria alimentaria extranjera.

Debo dejar claro un punto: no soy un opositor a los Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los productos de alto contenido calórico o en las bebidas azucaradas. Honestamente, me dan igual. Tampoco me opongo a ninguna norma de etiquetado o señalización en los envases, por llamativa o exótica que sea. Aunque estas medidas pueden ser controversiales, sobre todo para la industria de alimentos y bebidas (quienes pueden defenderse solas), a este punto ya son política y –según la Secretaría de Salud– el impacto sobre el consumo y la intensión de compra es visible.

No dejaré de señalar, sin embargo, que ni un solo centavo de los IEPS está destinado a la salud y que ese dinero que se usa para gasto corriente podría más que duplicar el presupuesto actual destinado a ese rubro. En la administración pasada se prometió usar los recursos provenientes del impuesto al refresco para dotar de fuentes de agua purificada a las escuelas, eso fue simplemente una mentira. Durante esta administración, por cierto, tampoco se han instalado bebederos.

Aunque de acuerdo con expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, las últimas encuestas “muestran una desaceleración en el aumento e incluso una leve reducción de la prevalencia de la obesidad”, tras una década de impuestos a las bebidas azucaradas en el mundo, aún no existe un estudio que muestre una clara reducción de peso de la población relacionada con este impuesto. 

Objetivamente, en términos de economía de la salud, pareciera que tiene sentido el incidir en política alimentaria, educación, normatividad en publicidad e impuestos especiales. El problema es que, hoy por hoy, no es suficiente. En este momento,mla gente está muriendo de infartos, enfermedad cerebrovascular y complicaciones de diabetes tipo 2. Es urgente hacer más, mucho más.

Prevenir está bien y debe de ser siempre el primer paso, pero es el momento de comenzar a tratar. Si esperamos a que las medidas generales de salud pública bajen de peso a la población o a cambiar las determinantes sociales, como pobreza y educación, para que la gente se alimente mejor, tardaremos mucho y las muertes se seguirán acumulando.

Los pacientes con obesidad requieren tratamiento. Lamentablemente hay que reconocer que la inmensa mayoría son simplemente ignorados por el sistema de salud. Es vergonzoso que el antiguo estigma de que los pacientes con obesidad son culpables de “estar gordos” haya prevalecido en la práctica médica y en los sistemas de salud, donde se les responsabiliza de bajar de peso a través de una colección de consejos alimenticios vagos, recomendaciones de cambios de estilo de vida inalcanzables y una gran dosis de discriminación y regaños, sobre todo en la medicina institucional donde es común que un paciente sea diferido de una cirugía programada y se le pida que “regrese cuando baje de peso”. 

Para los pacientes con obesidad extrema, hoy existen tratamientos que van desde modernos medicamentos inyectados o inserciones de balones inflables en el estómago hasta cirugía que modifica la arquitectura del tracto digestivo. Estos tratamientos no solo han logrado disminuir radicalmente el peso de los pacientes, sino que, en muchos casos, han revertido completamente la diabetes tipo 2.

El pasado mes de enero, la Academia Americana de Pediatría realizó una radical actualización a sus guías y recomendaciones para el cuidado de niños y adolescentes con obesidad, siendo terriblemente clara en algo: los menores deben de ser tratados de forma agresiva e intensiva. El observarlos y esperar cambios solamente con recomendaciones y ajustes a su estilo de vida no está funcionando. Si un niño con sobrepeso u obesidad no es tratado, su esperanza de vida se reduce drásticamente.

Los tratamientos médicos y quirúrgicos para la obesidad están salvando vidas. Sin embargo, el sistema de salud no está adoptándolos al ritmo que se debiera. El paradigma de solamente cambiar la alimentación y el estilo de vida de los pacientes se ha convertido en la base de un argumento para no invertir en otro tipo de terapia. Al final, el solo observar, pesar y regañar a los pacientes les resulta más barato.

Peor aún, la mera sugerencia de intervenir más allá de la medicina preventiva o la lenta y tediosa modificación de las determinantes sociales es tabú. Por un lado, la medicina en México es históricamente conservadora y tiende a reservar los avances en diagnóstico y tratamiento hasta varios años después de que han sido adoptados en otros países. Por otro, la medicina institucional funciona normalmente con restricciones presupuestales, además de un tradicional rechazo a las intervenciones, procedimientos y tratamientos que se sientan contrarios a las políticas de salud promovidas por el gobierno.

Una vez más, no se trata de eliminar la medicina preventiva ni pasar por alto las acciones actuales en pro de un estilo de vida y alimentación más saludables, simplemente debe reconocerse que en este momento existen millones de adultos y niños con sobrepeso y obesidad que requieren ser tratados lo antes posible.

La obesidad y sus complicaciones son ya los principales asesinos de mexicanos. Es momento de ampliar la visión y el alcance de la salud pública para, en algunos años, lograr detener esta masacre. Se requiere de una mente abierta y de un verdadero trabajo en equipo.