Una respuesta clara y simple

Señalar a la seguridad energética como una prioridad de la política pública es tan cierto como inútil. Está claro que todos queremos encender un foco u operar una máquina cada vez que se nos ofrezca, y que queremos pagar lo menos posible por ejercer ese privilegio. Es menos evidente cómo conseguirlo. ¿Quién debe brindar los servicios energéticos? ¿A qué precio? ¿Con cuáles tecnologías y mezcla de fuentes energéticas? 

Salvo por un puñado de años de la década pasada, desde 1938 la respuesta mexicana a estas preguntas ha descansado en tres principios: control estatal, precios administrados, preferencia por los hidrocarburos. Los dos primeros, de orden político, constituyen una suerte de paradoja: el estado mexicano ha sido lo suficientemente fuerte para tomar el control de las industrias petrolera y eléctrica, pero al mismo tiempo ha sido tan débil que no ha podido recuperar el costo de producir combustibles y generar electricidad.

El miedo a la rebelión de las masas -y al parecer, de las élites empresariales y sindicales-, sumado a la doble dificultad de cobrar impuestos y redistribuirlos con eficiencia, ha condenado a las empresas energéticas del estado a perder dinero. Los controles de precios, las transferencias excesivas para la hacienda pública, la imposición de mandatos múltiples y contradictorios, entre otros factores, han contribuido a ese desenlace.

El tercer principio deriva de la lotería geológica que dotó a México de abundantes reservas de petróleo y gas. El país los ha usado más que el agua para generar electricidad, simplemente porque le sobran dentro del territorio o gracias a la vecindad con Texas. De igual forma, Brasil, Noruega y Canadá usan más agua que México para generar electricidad simplemente porque les sobra.

La tecnología ha reforzado este enfoque. Aunque sigue avanzando la marcha hacia los autos eléctricos, hasta ahora el transporte terrestre, marítimo y aéreo a menor costo y mayor velocidad ha requerido de derivados del petróleo.

Hay excepciones de uso militar como los portaviones y submarinos, pero en general las tecnologías disponibles no han logrado brindar la misma capacidad de desplazamiento a un costo menor que el de la gasolina, el diésel, la turbosina o el gas natural comprimido.

Estas realidades políticas, geológicas y tecnológicas dictan cómo se promoverá la seguridad energética en cualquier país. Los detalles, que sí cuentan, comúnmente invocan al diablo. Y en México, el diablo sigue suelto.

Es casi seguro que en las campañas políticas que se avecinan escucharemos de nuevo enunciados sobre el sector energético cargados de masiosare.

También que estaremos bombardeados por eslóganes de campaña y videos de TikTok que pretenderán convertir las tareas sumamente complejas del sector energético en una ocasión más de entretenimiento. Videoclips de 30 segundos para convencernos con risas o con asombro que la fórmula indicada para resolver rápidamente los dilemas de esa industria -en la que convergen un sinfín de disciplinas, intereses, modelos de negocio, técnicas, nacionalidades, esperanzas y desalientos- consiste en propuestas simplonas: “más estado”, “más mercado”, “no habrá gasolinazos”, “más renovables”, “lealtad antes que capacidad”, “tan simple como perforar un pozo” y similares. 

Aunque no podremos taparnos los oídos como Ulises ordenó a los tripulantes de su nave, habrá que recordar la máxima de H. L. Mencken: “Para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y equivocada”.