Mentira fundacional: despidos masivos por el ‘plan b’

Los duelos de narrativas suelen estar plagados de engaño, exageraciones inducidas, medias verdades y medias mentiras de uno y otro bando en disputa por la percepción de los ajustes al marco legal en materia electoral, llamado “plan b”, es decir, el paquete de cambios a seis leyes secundarias relacionadas con la organización de elecciones y su modelo de competencia en México. 

Hay mucho que criticar del famoso “plan b”, pero tal y como escribimos aquí desde el 3 de febrero, no es ni un apocalipsis ni un paraíso, aunque hay alrededor afirmaciones catastrofistas que se discuten en la arena pública a partir de una mentira fundacional en este debate, y es que sí prevalecen las nuevas reglas habrá despidos masivos de “84.6%” del servicio profesional del INE. Eso es falso, no está escrito en las leyes vigentes que con su entrada en vigor deba despedirse a sus otrora vocales locales o distritales, tampoco se plantea una “desaparición del INE” y menos una obligatoria “mutilación con despidos masivos” de su estructura, al menos no por obligación de ley. La decisión la tomaría el propio INE después de un análisis de su plantilla que prevén los artículos transitorios.

Las nuevas reglas son efectivamente, en varios aspectos (no en ese) una reforma decepcionante y hasta regresiva (paridad en abonos, acciones afirmativas que suben rango de ley pero bajan de 50 a 25 espacios como piso, protección a la compra de entrevistas o publicidad política fraudulenta, remanentes para guardadito de financiamiento a partidos, reportes de fiscalización flexibles en plazo para presentarse y ya no con la velocidad actual, entre otros aspectos). En otra cara de la moneda, el “plan b” sí incluye aspectos positivos (reconocer voto de personas en prisión preventiva, austeridad como principio transversal, el reconocimiento de “jóvenes” para acción afirmativa que antes no había en ley, adelantar los cómputos distritales sin eliminar PREP o conteos rápidos, entre otros).

Dedicaremos algunas entregas a exponer ángulos críticos de esos y otros temas polémicos, independientemente de lo que diga la Corte, que tendrá la última palabra de qué se mantiene y qué no.

Por lo pronto, es importante discutir esa narrativa de catástrofe para el personal. Basta leer el “plan b” para concluir que es falso que implique despidos masivos en automático o que “desaparece” al Instituto Nacional Electoral. Sus contenidos están vigentes desde el 3 de marzo y ningún vocal en distritos o entidades ha sido despedido. Hay, eso es cierto, un periodo de análisis transitorio para compactar áreas y evitar duplicidad de funciones, para determinar si en verdad se puede cumplir con las atribuciones del instituto teniendo oficinas “temporales” o si se requieren oficinas territoriales “permanentes”.

Ese proceso lo hará el INE, no el gobierno, así se desprende del “plan b”. El INE puede decidir no despedir a nadie en distritos, no convertir en temporal ninguna de las oficinas locales o distritales (que hoy la ley llama “auxiliares”), y no importa si la Corte deja o no vivo el “plan b”, en ninguna parte se ordena el despido de casi el 85% del personal profesionalizado, es una mentira que de prevalecer implica esos despidos masivos para casi la totalidad del personal que integra el servicio profesional nacional del INE.

Las direcciones ejecutivas o unidades de más alto rango son todavía 16. El “plan b” sí pide fusionarlas para que sean solo 7, pero eso implica que ya no tendrá su empleo actual la mitad de los más altos cargos (9 personas de 17 mil que laboran en INE).

En el caso del personal que trabaja en esas áreas hoy separadas, pero que van a fusionar a su dirección ejecutiva en un cargo, quizá ya no tendrán el equivalente a un “director general” para coordinar capacitación y otro para organización (porque ambas áreas se fusionan con el ‘plan b’), pero perfectamente el propio INE puede crear direcciones de área abajo del director ejecutivo o una figura simular para coordinar al mismo equipo que hoy trabaja, aunque la cabeza sea un solo director ejecutivo y no dos como hasta ahora.

Es falso el número de despidos que han presentado como inminentes tanto el INE como el propio cálculo del secretario de gobernación, quien aseguró en la conferencia mañanera que de los 17 mil trabajadores del INE dejarían sus funciones los tres vocales de cada ofician distrital que ya no los contempla la ley, pero que ese potencial despido solo sería para vocales que no están en el servicio profesional porque al resto la propia ley permite reasignarles funciones ya con el rediseño.

Pues tiene razón en la segunda parte, pero no en la primera, porque en general todas las vocalías del instituto las ocupa personal del servicio profesional, entonces o se quedan en las mimas actividades que tienen ahora (acorde a lo que dijo, pero también a la ley), si el INE resuelve con autonomía que deben mantenerse, aunque les dé otro nombre a su cargo.

Entonces en lugar de “vocal de organización” podría llamarse “auxiliar de organización”, por ejemplo. Si el INE (no el gobierno ni el “plan b”) determina que no hay ni duplicidad de funciones en su estructura o que no es posible volver “oficina temporal” por las atribuciones que debe desahogar, pues ninguna de sus actuales oficinas distritales (auxiliares) dejarán de existir, pues eso lo votan sus consejeras y consejeros a propuesta de una nueva comisión de administración que es también solo con voto de consejeras y consejeros.

Entonces decide el INE (y tiene ya mayoría del Consejo esa tendencia) si ninguna oficina local o distrital sería temporal y así, pues ni despidos masivos ni vocales se irían de la institución, solo habría reubicación de funciones o incluso las mismas con otro nombre y eventualmente (ni siquiera eso es obligatorio) con ajuste a tabulador.

El análisis que el INE dio a conocer sobre el “plan b” el 25 de enero afirma lo siguiente: “la reducción del personal del SPEN planteada equivale al 84.6%”. En contraste con esa afirmación temeraria, el artículo 62 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (“plan b”) establece que los nuevos órganos locales, que son los mismos que había con otro nombre con la ley previa, contarán “con personal para el desempeño de las tareas administrativas que les correspondan, mismas que se realizarán bajo los principios de austeridad y racionalidad, sin duplicidad de funciones”.

¿Quién determina si hay o no duplicidad de funciones o si las oficinas deben trabajar de manera permanente y no temporal? ¿Quién decide si se despide a uno o a ningún vocal, aunque se tenga que cambiar el nombre de su figura o reubicar en otra actividad o se quede en la misma que siempre ha hecho? Es el INE en cualquier caso, con voto de sus consejeras y consejeros, es el instituto autónomo quien decide todo eso según el propio “plan b”, y eso lo saben perfectamente en una esquina y en otra.

Una Comisión colegiada de cinco consejeras y consejeros, quienes a su vez nunca pueden ir por encima del Consejo General donde habrá, como ahora, once votos, es quien decidirá la estructura.

Ese mismo artículo de la nueva ley dice también que la Comisión de Administración del INE (con autonomía, no es ni la ley ni el gobierno quien define) establecerá las plantillas de personal tipo atendiendo al principio de austeridad en su integración y salarios. Lo anterior, previa opinión del órgano interno de control” (opinión no es voto).

¿Serán ahora temporales todas las oficinas distritales (auxiliares)? Eso es falso también. La ley sí permite compactar, pero eso ya también lo permitía la anterior donde existía la posibilidad de oficinas municipales de apoyo. Hoy existen municipios que tienen hasta cuatro oficinas distritales (Ecatepec, por ejemplo) y no se afectaría en nada dejar al mismo personal, pero eventualmente en un solo edificio que aminore rentas e incluso traslados a donde está dispersa mucha población fuera de las zonas más pobladas, pero territorialmente son distrito que se debe atender.

Hay muchos elementos para demostrar que se quede o se cancele el “plan b”, es mentira que implica despedir en automático a casi el “85%” del SPEN-INE o que se viene una crisis de paz “pública” (eso también se dijo). Sobre la posibilidad para convertir esas oficinas de distritos en “temporales” (solo en elecciones), pues el propio “plan b”, en su artículo 82, dice lo siguiente: “Las oficinas auxiliares llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a las y los ciudadanos residentes en sus distritos”.

Otra vez, no serán temporales las oficinas “auxiliares” (las de distritos) tampoco porque la propia ley dice que traen funciones “permanentes”. Entonces ni despidos masivos obligatorios ni funciones temporales en todas las oficinas locales y distritales. Claro, mienten también legisladores al decir que “no hacen nada” vocales distritales fuera de elecciones (trabajan más que muchas oficinas de consejeras y consejeros y sin duda, mucho más que muchos diputados).

El contenido del “plan b”, desde la narrativa que el propio INE difundió el 25 de enero también confunde, porque no se tiene que despedir esa cantidad y además, lo saben unos y otros, tiene el instituto disponible todo este año el presupuesto completo que solicitaron antes del “plan b” y un periodo para que se revisen y decidan ahí en el instituto, si se quedan todas y todos quienes trabajan en distritos o se reubica a algunas y algunos y se despide a algunas o algunos.

Si hubiera despidos masivos o marginales sería decisión del INE, autodestrucción con autonomía desprenderse de su estructura desconcentrada, pero no consecuencia o mandato del “plan b”.