San Fernando: migrantes, desaparecidos y una influencer

San Fernando es un municipio del estado de Tamaulipas que, en agosto de 2010, se hizo visible en la geografía nacional e internacional porque ahí fueron asesinados 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres– procedentes de Centroamérica, Sudamérica, incluso de India. El crimen supuestamente fue cometido por el grupo criminal denominado Los Zetas, quienes secuestraron, amarraron y dispararon a los migrantes por la espalda. Este hecho fue conocido como la primera masacre de San Fernando. 

No obstante, el tema migratorio aún ronda en esta latitud. Aunque en 2011 el gobierno federal construyó en el acceso sur-norte del municipio una estación militar y migratoria que se usa como punto de revisión, por este lugar transitan innumerables personas extranjeras, como en septiembre de 2021, cuando pasó una caravana de más de 500 haitianos que se dirigían a Reynosa para de ahí cruzar a Estados Unidos. No obstante, con el caso reciente de migrantes que murieron en una estación migratoria provisional en Ciudad Juárez, algo pasó con la dinámica de revisión y “aseguramiento” de migrantes en San Fernando.

Lo sé porque el domingo pasado fui a la cabecera municipal. De norte a sur hay que pasar otro punto de revisión migratoria –y de la guardia estatal–, conocido como “la Y”. Había una camper y por la puerta se asomaron algunos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), pero nadie revisaba, ni de ida ni de retorno. Más adelante, en un restaurante a orilla de carretera donde me detuve, cuatro agentes llegaron a almorzar. Cuando se fueron, le pregunté a uno de los meseros si eran clientes frecuentes y me dijo que sí. Para sacar hebra le dije que, de seguro, ellos tenían mucha chamba porque esta carretera era cruce obligado para migrantes y nativos.

“Fíjese que ya no”, me respondió el mesero. “Porque como que han bajado la guardia, más con lo que pasó en Juárez”. ¿Y eso por qué?, le pregunté de nuevo. Enseguida me contó que un agente le platicó que, recientemente, habían recibido la orden, “de arriba”, de dejar pasar a los migrantes. “Es que algunos de sus compañeros fueron detenidos en Juárez y nadie quiere estar en problemas, luego viene Derechos Humanos y ellos salen perdiendo, ni siquiera los altos mandos”. Cuestioné al mesero qué pensaba de esa situación y me dijo: “Pues es culpa del presidente, que los deja pasar (a los migrantes) y que los gringos le digan qué hacer”. 

San Fernando también es el municipio donde, en abril de 2011, en fosas clandestinas fueron encontrados al menos 193 cuerpos. Nuevamente a Los Zetas se les adjudicó el asesinato masivo. Se afirmó que las víctimas fueron pasajeros de autobuses –y automovilistas– que también fueron secuestrados y asesinados. Este hecho fue conocido como la segunda masacre de San Fernando.

Después del hallazgo de las fosas clandestinas en 2011, otras personas también han desaparecido, ya sea en la carretera o alguna brecha de este municipio. Se trata de un tema sensible, muy peligroso, que no obstante, en su momento la activista Miriam Rodríguez asumió para buscar y enjuiciar a los culpables de la desaparición y asesinato de su hija, aunque eso le costó la vida en 2017. Un amigo del poblado cuestionaba la falta de voluntad del gobierno, ya no para prevenir las desapariciones, sino al menos para encontrar a las personas desaparecidas: “Si a muchos metros de profundo encuentran agua con tecnología, ¿por qué no encuentran a esas personas?”.

Luego compartió una anécdota: unas personas andaban de cacería, se percataron que venían los soldados. Escondieron las armas. Los soldados los abordaron y les preguntaron dónde estaban las armas. Ellos negaron que trajeran. Un soldado tomó una laptop y luego expresó: “Las tienen a tantos metros de aquí, están bajo unas láminas”. Para mi amigo, si los militares podían hacer eso, ¿por qué no apoyaban buscando a las personas enterradas? La pregunta no sólo hacía visible la existencia de tecnología para encontrar algo: también ponía en entredicho la voluntad institucional en temas sensibles.

Ha pasado más de una década de ambas masacres y en San Fernando se heredaron tres cosas: la mala fama, la violencia y el olvido institucional. Las dos primeras se sintetizan con la broma negra que algunos residentes usan al referirse a su terruño como “pueblo mágico”: porque aquí la gente desaparece como por arte de magia. Por supuesto, el ácido humor negro es un mecanismo de defensa de los residentes, como una risa nerviosa porque, al final, ellos siguen viviendo ahí a pesar de las masacres del pasado o de las adversidades del presente. “No hay de otra” es la expresión que mejor sintetiza lo que hace años Susana Rotker llamó “ciudadanías del miedo”, un sentimiento de indefensión generalizado y la búsqueda de mecanismos que logren controlar el desorden.

La tercera herencia –el olvido institucional– se ha logrado bastante bien. Quizás por eso las autoridades municipales aplican el viejo adagio de “al pueblo pan y circo”. No en balde, en esta Semana Santa, en lugar de rememorarse los 12 años de la segunda masacre en San Fernando, el ayuntamiento contrató los servicios de la influencer Karely Ruiz para dar un show en la Playa la Carbonera. Por supuesto, cobró alrededor de medio millón de pesos y fue custodiada por agentes de la Guardia Estatal. 

La presencia de la influencer en San Fernando generó al menos tres debates. El primero forjado por internautas, quienes criticaron el despilfarro de dinero para contratar un show erótico en lugar de arreglarse la infraestructura de Playa la Carbonera. El segundo postulado por algunos ciudadanos de la cabecera municipal, quienes cuestionaron el uso de la Guardia Estatal para dar seguridad una persona que no es de ahí, mientras los residentes viven la inseguridad. Y el tercero planteado por mi tía Eréndira, quien se preguntaba qué le veían “a esa vieja toda operada”. El uso de recursos públicos, la seguridad y la sexualidad se pusieron a debate en un territorio donde la violencia aún campea y el tema de los migrantes y los desaparecidos son una herida que todavía duele.