Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación
Perístasis

Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. X: @antoniozeind

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación
Simpatizantes de Morena instalaron un plantón en la SCJN para exigir la remoción de Norma Piña. Foto: Cuartoscuro

 Una de las consecuencias más perjudiciales e indeseables que ha traído la polarización política actual ha sido la carencia de discusión en torno a las grandes decisiones que afectan de alguna manera a las mexicanas y a los mexicanos.

La lógica seguida por quienes están de acuerdo con el proyecto emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por aquellas personas que están en contra de este ha generado que amplios sectores de ambos lados mantengan una disputa que se ha reducido a eso, estar a favor o en contra sin la intención de sostener la deliberación democrática mínima indispensable respecto de cualquier tema, ya sea relativamente menor o ya sea alguno de mayor envergadura.

Lo anterior ha traído como consecuencia que, en diversos momentos durante la presente administración, en ambas cámaras del Congreso de la Unión se hayan estado procesando y en muchos casos aprobando propuestas realizadas por el titular del Poder Ejecutivo sin llevar a cabo ningún tipo de debate y dejando prácticamente intocadas las iniciativas de este último.

Esto en principio rompe con la naturaleza de cualquier asamblea, en la que precisamente se requiere de amplias discusiones para tomar las mejores decisiones no solo a criterio de la mayoría ahí representada, sino también incluyendo las inquietudes de las minorías pues, en democracia, quien gana la mayoría representa a todas y a todos, no solamente a quienes respalden sus posiciones.

Es de esta manera en que llegamos a una disputa interna tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado que ha derivado en la inconformidad de legisladoras y legisladores de grupos parlamentarios minoritarios con la forma en que ahí se están haciendo las cosas, pues la mayoría integrada por el partido en el gobierno y por sus partidos aliados no solamente ha dejado de observar que las reformas ahí aprobadas cumplan con el requisito mínimo de ser coincidentes con lo que señala la Constitución, sino que además ha decidido de manera consciente y voluntaria olvidarse del cumplimiento debido del proceso a seguir para que, una vez agotadas sus etapas, se pueda concluir con la que es su labor sustantiva.

Desde luego, para resolver la inconformidad señalada, esos grupos parlamentarios minoritarios cuentan con mecanismos constitucionales para expresarla y buscar que se declare que las reformas a esas leyes no fueron debidamente discutidas, es decir, no se cumplió con la necesaria deliberación democrática. Realizar ese estudio es precisamente una de las importantes labores que desempeña nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte).

Es sorprendente que, antes y después de llevar a cabo estos análisis, nuestro más Alto Tribunal padezca un asedio, que va desde manifestaciones en los alrededores de su principal recinto hasta la descalificación por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por ejemplo, el hecho de que en un inédito activismo sea la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (una dependencia del Poder Ejecutivo) la que lejos de realizar correctamente su labor, que la misma señala que consiste en “revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el Titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que estos, en su contenido y forma, están apegados a la Constitución y las Leyes que de ella emanen”, pueda, entre otras cosas, alejarse de ese quehacer y afirmar (en una discusión por demás superada) que el Poder Judicial de la Federación (no la Corte) es “un poder derivado, sin legitimación popular”. O también el hecho de que haya un legislador que considere prudente recordar en un momento en el que se cuestiona el trabajo de la Corte que el Congreso puede ejercer facultades de control como puede ser llevar a juicio político a sus ministras y a sus ministros.

Hoy la Corte debe saber que, si bien puede estar viviendo tiempos difíciles, cuenta con el apoyo de buena parte de las mexicanas y de los mexicanos que creemos en la importancia de su trabajo y en la necesidad de que lo hagan bien. 

Por nuestra Corte, por nuestra democracia, por nuestro país.

 

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